La semana pasada, con la sanción de la Ley 2086 por parte del presidente Iván Duque, se autorizó el pago de honorarios a los miembros de las Juntas Administradoras Locales (JAL), un anuncio que fue aplaudido por los ediles del país, pero que en Cúcuta requiere de una serie de requisitos para que sea aplicado.
Según lo aprobado, los ediles tendrán derecho al pago de hasta dos Unidades de Valor Tributario (UVT), es decir $72.616, por la asistencia a las sesiones plenarias y a las comisiones. La norma establece que máximo se podrán efectuar 80 sesiones ordinarias y 20 extraordinarias al año, por lo que cada edil podrá devengar máximo $7’261.600 anuales.
Si bien en la ley se establece que los recursos para estos pagos saldrán de los ingresos corrientes de libre destinación que el municipio tenga establecidos en su presupuesto, para darle vía libre a esa posibilidad en Cúcuta, antes es necesario modificar el Acuerdo 061 de 1994, mediante el cual se crearon las Juntas Administradoras Locales.
“En Cúcuta tenemos un problema que desde el año pasado venimos tratando de solucionar con la administración municipal. Para que eso sea realidad necesitamos que haya voluntad política del señor alcalde (Jairo Yáñez), para hacer las reformas del acuerdo”, le dijo a La Opinión Álvaro William Lizcano, edil de la Comuna 6 y presidente de la Asociación de Ediles de Cúcuta (Asoedilcut).
Según el comunal, el acuerdo vigente desde hace 27 años está “obsoleto, porque no están bien definidas las funciones de los ediles, ni los compromisos para el fortalecimiento institucional de las Juntas”.
“Hay que darles participación en las diferentes actividades y estamentos donde deben estar presentes los representantes de los ediles, como los Consejos de Gobierno Municipales, Consejos de Planeación y Consejos de Participación Ciudadana”, sostuvo.
El líder comunal consideró que la ciudad no puede seguir dándose el lujo de tener “ediles de estómago”, pues cree que este sector debe estar lleno de “personas preparadas, porque son la fuerza viva de la planificación del desarrollo del municipio”.
Desde el periodo del alcalde Donamaris Ramírez (2012-2015), los ediles reciben el pago de la seguridad social por parte del municipio, una obligación que se ha cumplido a cabalidad, según Lizcano.
Mesas de trabajo
Precisamente ayer se desarrolló una reunión entre los presidentes de las 16 JAL con representantes de la Alcaldía, como el secretario de Desarrollo Social, Sergio Maldonado.
“Comenzamos unas mesas de trabajo en virtud de la nueva ley, pero, además, sabiendo las necesidades que tienen estas corporaciones para normalizar y mejorar su relacionamiento con la institucionalidad. En ese sentido, antes de implementar la ley se deben tomar medidas para mejorar y ajustar las normas de cada Junta Administradora Local, como son los estatutos”, dijo Maldonado.
El secretario coincide en que es necesario modificar del Acuerdo 061 de 1994 y les expresó a los ediles la voluntad de parte de la administración para cumplir con ese trámite.
“La Secretaría de Desarrollo Social, dentro de su Plan de Acción de 2021, tiene como eje fundamental el fortalecimiento a la participación, y uno de esos escenarios son las Juntas Administradoras Locales. En ese sentido, hemos dispuesto la voluntad que tiene el señor alcalde de acompañar este proceso”, aseguró.
Según lo acordado, las JAL tendrán hasta el próximo 10 de abril para ajustar los estatutos y así avanzar al siguiente punto que es la modificación del Acuerdo 061 de 1994.
“En 2020 se hicieron siete modificaciones de estatutos de las JAL, esperamos terminar este mes para empezar la mesa técnica de donde saldrá el proyecto de acuerdo que será presentado al Concejo”, dijo el funcionario.
