Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se encuentran desde la mañana de este viernes adelantando una inspección judicial en las dependencias de la Secretaría de Vías del departamento y la Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE) Faro del Catatumbo.
Los funcionarios judiciales recopilan documentos y toda la información relacionada con los contratos celebrados en los últimos años y que reposan en los archivos de la entidad.
El procedimiento también lo acompaña la Contraloría General de la República, organismo que adelanta averiguaciones sobre la contratación de la EICE.
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Esto, a raíz de las denuncias que se han conocido en los últimos días en algunos medios de comunicación nacionales y que también fueron documentadas por La Opinión, según las cuales, a través de convenios interadministrativos la Gobernación de Norte de Santander ha delegado en Faro del Catatumbo la puesta en marcha de decenas de proyectos, muchos de los cuales están consignados en el Plan Departamental de Desarrollo, sustituyendo así las labores propias de dependencias como la Secretaría de Infraestructura.
Uno de los datos que más llama la atención y que ha llevado a poner todos los reflectores sobre esta Empresa Industrial y Comercial del Estado, autorizada para promover, estructurar, desarrollar y gerenciar proyectos, es que en lo que va corrido de 2023, en pleno año electoral, Faro del Catatumbo ha adjudicado 39 contratos, que suman un valor de $300.000 millones.
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Las actuaciones de Faro son objeto de indagación ya por parte de la Procuraduría General de la Nación que analiza presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución oportuna de los recursos del Sistema General de Regalías.
De la misma forma, investigan si hay inconsistencias derivadas de la naturaleza jurídica del Faro del Catatumbo, presuntas falencias en el régimen jurídico aplicable en materia contractual y la no aplicación de los documentos tipo.
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