Teniendo en cuenta la trascendencia del caso, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, ordenó el traslado de la investigación disciplinaria que se adelanta contra el gerente del Hospital Universitario Erasmo Meoz, Juan Agustín Ramírez, a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, en Bogotá.

El proceso contra Ramírez se encontraba en la Procuraduría Regional, la cual buscaba determinar las presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, al contratar con un familiar. También, si existía una supuesta falta de experiencia de la empresa que contrató, a pesar de los 11 años que lleva contratando con el Huem.

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En vista de que alrededor de este caso se ha desatado una abierta polémica y graves señalamientos, el Ministerio Público resolvió que la investigación fuera asumida por una delegada especial.

“Que en este caso, advirtiéndose hechos de amenaza y retaliaciones en contra de quien pusiera en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación los hallazgos disciplinarios que dieron lugar a la investigación precitada y dada la importancia y trascendencia social de tales irregularidades, es procedente la designación de un funcionario especial que asuma el conocimiento de la actuación”, resolvió el procurador general.

La resolución establece, además, que será esta Procuraduría Delegada la encargada de proferir una decisión de fondo.

De la misma forma, le entrega facultades al titular de ese despacho para comisionar a funcionarios de esa misma dependencia, “para la práctica de las pruebas que se ordenen en el transcurso de la actuación disciplinaria, así como para solicitar la colaboración y apoyo técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, o de otros órganos del Estado”.

El gerente del hospital llegó al cargo en 2012 y desde entonces su gestión para mejorar las finanzas del principal centro médico del departamento ha sido reconocida por la Superintendencia y el Ministerio de Salud. 

Sobre la contratación con su familiar, se ha dicho que antes de proceder con la firma de los convenios, Ramírez pidió concepto jurídico a los abogados del hospital, quienes encontraron que no existía ninguna inhabilidad para hacerlo.