El caso contra Santiago Uribe se jugó, en buena parte, en una pregunta incómoda: ¿se puede condenar a alguien con el testimonio de personas dañadas? Excolaboradores que buscaban rebajas, un asesino confeso y un hombre con un grave diagnóstico psiquiátrico.

La defensa apostó a que la respuesta fuera no. Su estrategia central no fue negar que existió el grupo paramilitar "Los Doce Apóstoles", sino demoler la credibilidad de quienes señalaron a Uribe como su jefe.

La Corte Suprema rechazó esa apuesta. En su fallo explicó por qué les creyó y por qué uno de los diagnósticos que la defensa usó en contra resultó ser, según Medicina Legal, la huella de una tortura.

El abogado Jaime Granados construyó la defensa sobre las grietas de cada testigo. Sostuvo que se contradecían, que buscaban beneficios carcelarios, que arrastraban rencores entre ellos o que padecían trastornos que afectaban su relato.

La táctica funcionó una vez. En 2024, el juez de primera instancia absolvió a Uribe, tras examinar a los testigos uno por uno y restarle valor a cada cual por separado.

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El giro: las pruebas no son islas

El Tribunal de Antioquia revocó esa lectura y la Corte la respaldó. El error del primer juez, concluyeron, fue analizar las pruebas como "islas independientes", magnificando contradicciones de detalle y perdiendo de vista el centro.

Y el centro era una coincidencia difícil de explicar. Cuatro testigos sin relación entre sí señalaron lo mismo: que Uribe lideraba el grupo.

Para los jueces, esa convergencia no era casual. "Un teniente de la policía comandante del distrito de Yarumal, un agente de esa misma estación y miembro de la organización criminal, un miembro del grupo ilegal coincidieron en varios aspectos sustanciales", resaltó el fallo, junto a un trabajador de una finca vecina a La Carolina.

Los testigos, uno por uno

El primero es Juan Carlos Meneses, el exoficial de Policía cuya declaración reabrió el caso en 2010. Es el único que vinculó a Uribe directamente con el homicidio que ancló la condena.

El segundo, Alexander Amaya, exagente de Policía y confesó su propia participación en el asesinato de Camilo Barrientos. Tenía, además, un reconocido "ánimo vindicativo" contra Meneses.

Y ahí está el punto que pesó. Para los jueces, que dos hombres enfrentados entre sí coincidieran en señalar al mismo jefe restaba fuerza a la idea de un montaje: no había un interés común que explicara una acusación falsa y coordinada.

El tercero era Olguan Agudelo Betancur, trabajador rural de la zona. Declaró haber visto a Uribe en una finca de la región y que alias "Piedrahita" le anticipó que iban a asesinar a los "urbanos".

A él, el juez de primera instancia le restó valor por una razón recurrente en este caso: buscaba beneficios carcelarios para sí mismo y protección para su familia. El Tribunal, en cambio, lo sumó al bloque de voces que ubicaban a Uribe al frente del grupo.

El testigo más difícil

El cuarto y más complejo de todos fue Eunicio Pineda Luján. Su historia clínica registraba esquizofrenia y episodios en los que, según esos registros, "escucha voces del diablo que le ordena matar a otras personas".

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La defensa se apoyó en ese diagnóstico para pedir que se descartara su testimonio. Pero Medicina Legal, tras evaluarlo con el Protocolo de Estambul —el estándar internacional para documentar tortura—, llegó a otra conclusión.

Para el Instituto, no se trataba de esquizofrenia, sino de un trastorno de estrés postraumático con síntomas psicóticos. Es decir, una "psicosis de origen traumático".

El origen de ese trauma, según el peritaje, fue un episodio brutal. Tras negarse a participar en actos violentos y huir de una finca vecina a la de Uribe, Pineda Luján fue interceptado por alias "Pelusa" y "Rodrigo", que lo bajaron de un bus.

Lo acusaron de "sapo", lo amenazaron de muerte y con ayuda de un alicate le sacaron cerca de seis dientes. Al anochecer lo soltaron y le ordenaron correr; mientras huía sintió una explosión y quedó herido en un brazo.

Sus médicos nunca supieron de esto y por eso no conectaron el trauma con sus síntomas. "Yo no le conté toda la historia a los psiquiatras porque uno no sabe a quién le está hablando", explicó él mismo a los peritos.

Con esa pieza, Medicina Legal reinterpretó el cuadro completo. Antes de la tortura, dice el dictamen, su personalidad estaba "dentro de los límites normales": era padre, esposo y trabajador.

La conclusión de los peritos fue tajante: "la realidad de un diagnóstico de esquizofrenia queda abiertamente desvirtuado". La defensa intentó entonces sugerir que Pineda Luján fingía —la "falsa alegación"—, pero la Corte también descartó esa hipótesis.

El fallo dejó, además, una precisión sobre los límites del peritaje. La tarea de los expertos es aportar conocimiento técnico, no decidir si un testigo dice la verdad.

Esa decisión, recordó la Sala, "le corresponde exclusivamente al funcionario judicial". Los peritos explicaron por qué Pineda Luján habla como habla; creerle o no fue una decisión de los jueces y la tomaron.

La Corte respondió que el daño no borraba la coincidencia. Y dejó una idea incómoda: que parte de ese daño, como los dientes que perdió Pineda Luján, fue obra del mismo grupo que los testigos señalaron.

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