En julio próximo, Colombia celebrará los 30 años de vigencia de la Constitución Política, una de las más garantistas del continente, pues al incluir los mecanismos de participación popular, extendió los beneficios de la democracia a los ciudadanos más allá de las elecciones formales.

Gracias a la Carta Política de 1991, hoy en el país se puede hacer uso del referendo, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa popular y la revocatoria del mandato.

Y es precisamente esta última la que más se ha mencionado en el despunte de este 2021, el cual se preveía iba a ser un año netamente preelectoral, como antesala a las elecciones de Congreso y de presidente de la República que se celebrarán en el 2022.

Sin embargo, los intereses políticos y los enfrentamientos por el poder regional, tienen a la revocatoria del mandato como el tema de mayor interés en este momento, teniendo en cuenta que las solicitudes ya se pueden empezar a tramitar, pues los alcaldes y gobernadores elegidos en 2019 cumplieron un año en sus cargos.

La Constitución, como las demás normas vigentes que hacen referencia a este mecanismo de participación, señalan que las razones para activarlo son: cuando el mandatario haya incumplido el programa de gobierno con el cual fue elegido, o si existe un descontento generalizado entre la ciudadanía frente a la gestión del mandatario.

En Colombia, la revocatoria está vigente desde 1996 y desde entonces se han presentado más de 200 solicitudes, pero tan solo ha prosperado una. Lo fue en julio de 2018 cuando en el municipio de Tasco, Boyacá, la votación permitió darle fin al mandato de Nelson Javier García.

El exalcalde de Buga (Valle) y hoy senador, John Harold Suárez, es un defensor del mecanismo. “Como exalcalde y conocedor del proceso democrático a nivel regional estoy de acuerdo con la revocatoria de ciertos mandatarios que llegan al poder con una serie de artimañas, engañando al elector. Todo el que incumpla su promesa de campaña, y demás requisitos estipulados en la Ley 134 de 1994 deberá ser sometido a la voluntad ciudadana, y en las urnas definir su futuro”, opina.

Pero así como ve los aciertos de esta herramienta, Suárez sostiene que no deja de ser un arma de doble filo. “Quienes se encuentran en oposición política han usado esta figura para torpedear a quienes se encuentran haciendo un gran trabajo por sus territorios. Si bien la revocatoria del mandato es una buena herramienta constitucional y política que debe existir, también ha quedado como un canto a la bandera, siendo usada más como un caballo de batalla para ganar adeptos y atacar gobiernos locales”.

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, quien le ha hecho seguimiento a ese mecanismo de participación popular, señala que se ha vuelto común que los gobiernos municipales acudan a recursos judiciales como la tutela para evitar que la población llegue a manifestarse.

Barrios igualmente dice que estas revocatorias han fracasado porque hay una muy baja participación de los electores al momento en que tienen que salir a las urnas a decidir la suerte de la solicitud.

Considera, además, que la administración pública local busca mecanismos de presión, al aliarse con los contratistas para que no salgan a votar los ciudadanos.

Según un informe preliminar que entregaron la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, a la fecha se han inscrito los procesos de revocatorias de los alcaldes: Jairo Yáñez, Cúcuta, Norte de Santander; Claudia López, Bogotá; Daniel Quintero, Medellín; Andrés Felipe Martínez, Jamundí, Valle; Negut Antonio Eslait, Morales, Bolívar; Robinson Antonio Mansalva, Aguachica, Cesar; y Edilfredo Machado, Bojayá, Chocó.