En manos de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación quedó un paquete de denuncias instaurado contra el exdirector de Indenorte en la pasada administración departamental, Diego Armando González Toloza, así como el director de Corponor hasta 2023, Gregorio Angarita Lamk, por presuntas irregularidades en la contratación.

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El traslado fue hecho por el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga Franco, quien manifestó que las quejas fueron radicadas en su despacho la semana anterior y que por tratarse de conductas presuntamente constitutivas de hechos de corrupción, que podrían tener incidencia penal, fiscal y disciplinaria, es necesario que el ente investigador las asuma.

“Este despacho ha analizado información de carácter público concluyendo que, en efecto, podrían llegar a configurarse conductas constitutivas de hechos de corrupción en torno a ocho contratos del Instituto de Deportes de Norte de Santander (Indenorte) y 60 contratos de Corponor”, expresó el secretario en un oficio dirigido a Martha Alejandra Parra Chavarro, directora especializada contra la corrupción, de la Fiscalía.

De acuerdo con la información que hizo pública Andrés Idárraga, los contratos que comprometen al exdirector de Indenorte, Diego González, y por los cuales pide ser investigado, suman $205’393.560, mientras que los suscritos por Angarita, en Corponor, llegan a $16.502’279.305, entre las vigencias 2016-2023.

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“He puesto en consideración del ente investigador que estas conductas pudieron dar lugar a sobrecostos que afectaron el patrimonio público y de ser así, (pido) investigar si dichos recursos pudieron destinarse a finalidades de carácter ilícito, dando lugar a un presunto prevaricato por aplicación oficial diferente”, señaló el funcionario que solicita las investigaciones.

Lo que dice el denunciante

Las denuncias instauradas ante la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República fueron elevadas por el abogado José Gregorio Botello, en calidad de “veedor ciudadano”, según consta en los documentos presentados a dicha entidad.

De acuerdo con el denunciante, los casos que pide investigar Transparencia son tan solo algunos de los procesos de contratación que se han revisado y en los que dice haber detectado presuntas inconsistencias que podrían dar lugar a la configuración de delitos como: interés indebido en la celebración de contratos, celebrar contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y hasta concierto para delinquir.

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“Se hizo un estudio exhaustivo a los contratos que están publicados en el Secop y allí se detectaron todas las falencias. En todos los casos encontramos que se incurrían en los mismos delitos. En el caso de Diego González, en su mayoría las inconsistencias se centran en la celebración indebida de contratos, por no cumplir los requisitos legales”, dijo Botello.

El abogado señaló que el director de Indenorte entre 2020 y septiembre de 2022, cuando renunció para aspirar a las elecciones de 2023, como ordenador del gasto realizó una gestión fiscal “antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna en términos generales”, pues no aplicó las normas como debía ser.

Dijo que, por ejemplo, en un contrato para la adquisición de implementos deportivos para el fortalecimiento de las ligas y programas que desarrolla el Instituto, adelantó un proceso de contratación sin el lleno de los requisitos exigidos para su validez “con directa violación de los principios de planeación, transparencia, igualdad y selección objetiva”, toda vez que la factura presentada por el oferente es menor al valor ofertado, “reflejándose en que se abstuvieron de entregar 19 elementos establecidos en el contrato de compraventa suscrito”, sin que se encontrara una justificación para ello.

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Entre tanto, en el caso del exdirector de Corponor, Botello asegura que se encontraron varios casos en los que el proponente no cumplía con la experiencia acreditada, además de que la entidad hacía la ponderación de valores “erróneos, ilegales y contradictorios” o, presuntamente, se vulneró el principio de economía y de planeación, al no realizar un estudio de mercado real para verificar los precios unitarios en el mercado de los bienes o servicios contratados.

El abogado José Gregorio Botello dijo que estas denuncias son apenas algunas de las que se están radicando ante los diferentes entes de control.

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