¿Existe una campaña de desinformación y desprestigio contra la primera dama, Verónica Alcocer, orquestada desde dentro del Gobierno?
Esa es la pregunta que busca contestar la Procuraduría General de la Nación con la apertura de una indagación preliminar a funcionarios (por determinar) del Ejecutivo.
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Según informó el ente de control, esta indagación se dio a raíz de la queja registrada en distintos medios de comunicación en la que Alcocer señaló que hay una campaña en su contra que tiene el objetivo de involucrarla con los altos funcionarios del Gobierno que están enredados en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Así mismo, indicó Alcocer que esas acciones estarían siendo impulsadas por personas que pertenecerían al Gobierno y que, al parecer, se han encargado de que esa información llegue centros de información.
En ese sentido, el Ministerio Público espera poder determinar la posible participación de servidores públicos en estos hechos y determinar si incurrieron en faltas disciplinarias por las que puedan responder.
El de la UNGRD es el mayor escándalo de corrupción que se ha destapado en el Gobierno del presidente Gustavo Petro y tiene a su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a su ex alta consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, entre otros, dando explicaciones a la Justicia.
De acuerdo con las revelaciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y su ex subdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, esa entidad se habría usado para entregar y direccionar millonarios contratos para cuadrar apoyos en el Congreso a los proyectos importantes del Gobierno.
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Los dos exfuncionarios fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación el jueves pasado por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación de recursos públicos, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documentos públicos y privados.
Por otro lado, también salieron salpicados en el escándalo el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, quien fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE): cargo desde el que habría ordenado darle contratos al expresidente del Senado, Iván Name, por $60.000 millones y al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, por $10.000 millones.
En el mismo entramado también figura el jefe del Departamento de la Función Pública, César Augusto Manrique, señalado de haber puesto como una de sus cuotas en la UNGRD a Luis Carlos Barreto Gaviria, entonces subdirector de Conocimiento y quien “era el encargado de manejar todos los temas científicos”.
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