Las últimas revelaciones alrededor de las gestiones que se estaban realizando desde Presidencia y el Ministerio de Hacienda para que en diciembre se asignaran proyectos por 92.000 millones de pesos para tres municipios relacionados con congresistas, dejan dudas importantes que el ministro Bonilla todavía no ha logrado resolver.

Los proyectos por los que la asesora del ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, y el asesor de Presidencia, mano derecha de Laura Sarabia, Jaime Ramírez Cobo, le escribían con urgencia a Sneyder Pinilla, estaban localizados en Saravena, Arauca; Cotorra, Córdoba; y El Carmen, Bolívar.

De los tres, el más grande era el de Cotorra por un valor total de 50.000 millones de pesos. Se conocieron varias irregularidades sobre ese proyecto que se estructuró de afán en diciembre en la alcaldía conservadora del exalcalde Guillermo Llorente.

Eran mediados de diciembre cuando al celular del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, llegaron los primeros mensajes de Jaime Ramírez y luego de Benavides presentándose como asesores de Presidencia y Min Hacienda y luego preguntando insistentemente por los “proyectos viablizados” para los tres municipios.

Los dos relacionaron inmediatamente la necesidad de gestionar esos proyectos y girar los recursos para que en la comisión interparlamentaria se aprobaran unos cupos de crédito al país. “Es urgente. Se trata de los créditos de la nación”, dijo Ramírez a Pinilla.

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Según la declaración de este último a las autoridades, quien entregó la matriz de los tres contratos fue Ramírez, pero luego la asesora del ministro de Hacienda empezó a enviar los contactos de los puentes en los municipios que tenían el conocimiento sobre los proyectos. Benavides le pidió explícitamente a Pinilla que llamara a una persona de Cotorra para avisarle que todo estaba bien. Y estuvo varios días preguntando de nuevo cómo iba el desarrollo de esos contratos.

El número que le envió a su celular de quien estaba a cargo del contrato por 50.000 millones de pesos en Cotorra, fue el de Harry Bejarano, un ingeniero que trabajó con la Alcaldía anterior y que borró su cuenta de Instagram tan pronto su nombre fue mencionado públicamente en el escándalo.

Bejarano está casado con Vanessa Hodeg, quien es la actual secretaria general de gobernador del departamento, Erasmo Zuleta, y ha sido cercana tradicionalmente a la casa Besaile en esa región. Aquí las conexiones se hacen importantes.

Aunque Erasmo Zuleta fue elegido en octubre pasado por La U y otros movimientos políticos locales, uno de sus mayores líderes de apoyo en la campaña fue el representante Wadith Manzur, del Partido Conservador, quien hizo campaña de manera importante en el municipio de Cotorra.

En octubre las elecciones en Córdoba se debatieron especialmente entre La U, los liberales, y los conservadores. Andrés Calle, el expresidente de la Cámara mencionado en el escándalo, estaba haciendo campaña por su hermano Gabriel, quien corría por la Gobernación y perdió contra Zuleta.

El padre de ambos, Gabriel Calle Demoya, también era candidato a la alcaldía de Montelíbano y ganó con el apoyo de su hijo y del propio presidente Gustavo Petro, que quince días antes de las elecciones organizó un enorme evento en ese municipio junto a Andrés Calle y la exasesora para las regiones Sandra Ortiz. Los Calle perdieron la Gobernación contra Zuleta con el apoyo de Manzur.

Ortiz fue retirada del cargo por las delaciones de Olmedo López y Pinilla y una reunión que tuvo en el Hotel Tequendama, en la que supuestamente le habrían entregado 3.000 millones de pesos que tenían el destino del expresidente del Senado Iván Name.

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Luego de octubre, en diciembre, a pocos días del cambio de mandato local, fue que los altos asesores trataron de afanar a la administración de la UNGRD para girar los recursos, entre ellos a Cotorra.

Este diario le preguntó al gobernador Zuleta si sabía algo del contrato y de la relación de su secretaria con el intermediario Harry Bejarano. Contestó que en diciembre no había llegado a la Gobernación y que no sabía de la relación de su asesora con el mencionado.

Wadith Manzur, también cuestionado, contestó que sí conoce a Vanessa Hodeg pero negó alguna relación con el contrato para Cotorra.

Lo más grave es que el contrato de ese municipio, que tenía el objeto de la limpieza de un pequeño canal que desemboca en la Ciénaga Grande de Lorica, tenía un costo inicial de 25.000 millones, pero en diciembre, ante los mensajes de Benavides y Ramírez, la UNGRD decidió doblar su valor inicial a 50.000 millones sin explicación.

Pinilla le contestó a la asesora de Bonilla que los proyectos estaban llenos de falencias en la estructuración y habían tenido que arreglarlos para hacerlos viables.

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Esos recursos finalmente nunca se giraron porque el escándalo de los carrotanques estalló. Fuentes consultadas en Cotorra se extrañaron del valor del contrato. “Ese es un municipio de 15.000 habitantes y con esa plata se pudo haber hecho una limpieza de toda la ribera del Río Sinú. Es un valor absolutamente exagerado”, dijo una persona que conoce bien la zona y los proyectos ambientales.

Bejarano y Hodeg borraron sus cuentas de Instagram. El exalcalde conservador Llorente no ha contestado hasta ahora. Todavía no se conoce con detalle quién era el dueño de ese contrato, pero se espera que con la imputación de la Fiscalía se descubran nuevos detalles de la influencia de los congresistas y el papel de los asesores de Casa de Nariño y el Ministerio de Hacienda. El presidente ha defendido al ministro Bonilla y este dijo que no renunciaría.

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