Las advertencias que ha hecho el propio presidente Gustavo Petro sobre la lentitud con la que avanza la implementación del Acuerdo de Paz suscrito con la desaparecida guerrilla de las Farc y que lo llevaron a pedir ante la ONU una ampliación por siete años más, fueron ratificadas por la Defensoría del Pueblo.
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En el VI informe de seguimiento a lo que se pactó en La Habana en 2016, la entidad confirma que es muy poco lo que se ha progresado en los territorios con relación a los diferentes puntos acordados y mucho lo que se requiere todavía en materia de fortalecimiento institucional.
Uno de los ejemplos más dicientes que trae el documento elaborado por la Defensoría tiene que ver con la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que se priorizaron en las zonas más golpeadas por el conflicto, como el Catatumbo, pero que a la fecha siguen a medias.
Dice la entidad adscrita al Ministerio Público que con corte al 31 de abril del 2024 el avance con relación al informe anterior apenas fue del 1%. En ese balance, el porcentaje general de progreso de la implementación era del 44%, es decir, 15.545 iniciativas de las 33.007 pactadas en los patrones establecidos.
Las cifras en materia de catastro multipropósito, que era otra de las principales apuestas, también presentan un rezago considerable, puesto que hasta el primero de enero de este año el reporte del área geográfica del país con información actualizada llegaba tan solo al 12,40%.
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“En términos reales, el avance durante la vigencia 2022-2024 es de tan solo el 3%. En lo que refiere al Plan de Zonificación, presenta un avance del 6,35%, siendo el más bajo en comparación con los otros 15 planes”, dice la Defensoría.
Un panorama similar ocurre con la ruta étnica en materia de restitución de tierras. En el nuevo informe de seguimiento quedó consignado que en lo que respecta a la ruta individual, 2.730 solicitudes inscritas en diferentes vigencias aún no cuentan con demanda, y hay 16.995 solicitudes pendientes de microfocalización, en las que el 80% corresponde a adultos mayores, “quienes esperan la aplicación del Decreto 1623 de 2023, el cual facilita la continuidad del trámite”.
“En lo que tiene que ver con tierras, subsiste la falta de claridad en las cifras, pues hay una enorme disparidad en la información que se entrega sobre un mismo punto y no se avanza en la caracterización de los predios para facilitar su adjudicación. De 21.132 predios ingresados, solamente el 37,84% ha sido adjudicado. De más de 1.500 predios ofertados por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), tan solo han sido adquiridos 26”, concluye el VI informe.
Preocupa la violencia
Para la Defensoría del Pueblo, uno de los factores que más preocupa en medio del proceso de implementación es la persistencia de la violencia y especialmente en contra de aquellos liderazgos que buscan darle un impulso al Acuerdo de Paz. Entre enero y abril de 2024, según las cifras que maneja esta misma entidad, hay un registro de 57 casos de homicidio.
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El defensor del Pueblo, Julio Balanta Mina, considera que si no hay seguridad en las zonas rurales del país, no puede haber reforma agraria, tampoco sustitución de cultivos ilícitos, restitución de tierras, ni retorno de la población desplazada.
“La seguridad territorial es un tema en el que la Defensoría del Pueblo ha insistido y seguirá insistiendo. Con las Alertas Tempranas emitidas ha advertido de qué manera los grupos armados no estatales están copando zonas rurales y ejerciendo el control en los territorios”, dijo Balanta.
A comienzos de este año, la Defensoría advirtió sobre el aumento de los municipios con influencia de actores armados ilegales y su creciente presencia en el territorio. Las disidencias, por ejemplo, pasaron de estar en 230 poblaciones a 299 y el Eln de 189 a 231. Entre tanto, el llamado Clan del Golfo tenía presencia en 253 municipios y ahora está en 392.
Lo que sugiere la Defensoría
Ante el preocupante panorama que presenta la implementación, por los pocos avances conseguidos en los últimos años, la Defensoría considera que es necesario el robustecimiento de la arquitectura institucional, “con una cabeza autónoma que lidere y emita directrices y líneas de política pública”.
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“Así mismo, es necesario actualizar y mantener actualizado el estado del avance de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI). Igualmente, registrar periódicamente la información presupuestal mediante el trazador previsto en el Plan Nacional de Desarrollo”, consideró el titular de la entidad.
Balanta dice que, la reforma agraria, en particular, debe vincular a todos los actores, porque no se trata solamente de entregar tierras a quien no la posee, sino que este es un proceso que implica el ordenamiento social de la propiedad, la formalización, la decisión de procesos administrativos represados y la aplicación de la Sentencia SU-288 para la recuperación de baldíos, además del respeto de derechos adquiridos de buena fe.
Pero insistió en que para que todo esto sea posible, se necesita trabajar en conjunto.
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