La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), le ordenó al gobierno del presidente Gustavo Petro hacer una declaración pública en la que se reconozca que todas aquellas personas menores de 18 años que fueron reclutadas o utilizadas en el conflicto armado por la desaparecida guerrilla de las Farc, tienen la condición de víctima.

Lea también: Hombre perdió su brazo en grave accidente de tránsito en Cúcuta

La decisión se produjo luego de una lucha que desde 2021 venían dando organizaciones como la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), Women’s Link Worldwide y la Fundación PAX Colombia, contra las declaraciones entregadas en ese mismo año por el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, en las que equiparaba a los menores muertos en combates con “combatientes, criminales y peligrosos” y con “máquinas de guerra”.

Sus afirmaciones se dieron después de un bombardeo del Ejército al campamento de Gentil Duarte, líder de las disidencias de las Farc, en el Guaviare, en el que murieron 12 niños, niñas y adolescentes.

En el fallo de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, los magistrados traen a colación algunos fragmentos de las declaraciones entregadas por Molano, en las que señaló que las víctimas de reclutamiento, “dejan de ser víctimas cuando cometen delitos. Desafortunadamente se convierten en criminales”.

Ante esto, Coalico, Women’s Link Worldwide y la Fundación PAX Colombia, en cabeza de las víctimas de hechos de reclutamiento representadas judicialmente por esas organizaciones en el Macrocaso 07 (reclutamiento de menores), resolvieron elevar ante la JEP una solicitud de medidas cautelares, con el propósito de proteger los derechos de estas personas a la verdad, la reparación y la no repetición.

Le puede interesar: ¿En Cúcuta responden por daños a vehículos en parqueaderos privados?

Aunque inicialmente su solicitud fue negada, las organizaciones presentaron un recurso de reposición y en subsidio de apelación que fue fallado recientemente a su favor, luego de reconocerse que en este caso “sí se cuenta con elementos suficientes que permiten concluir la existencia de una amenaza o riesgo de vulneración del derecho a la verdad, la justicia y principalmente la no repetición de las víctimas, así como de la situación de gravedad y urgencia”.

En su decisión, la Sección de Apelación determinó que referirse a los niños, niñas y adolescentes reclutados o utilizados en el marco del conflicto armado como “máquinas de guerra” negando su condición de víctimas para reducirlos a la expresión de “graves delincuentes”, constituye una clara omisión del Estado de cumplir con las obligaciones que le son impuestas por la Constitución Política.

“Se hace necesario recordar en este punto que la Ley 1448 de 2011 reconoce de manera explícita que todos los NNA reclutados ilícitamente por grupos armados organizados son víctimas del conflicto armado interno, y en ese sentido deben ser asegurados sus derechos y garantías, entre los que se cuenta la no repetición”, se puede leer en el fallo de segunda instancia.

En ese sentido, para los magistrados está totalmente claro que los menores vinculados al conflicto, bien sea en el pasado o ahora, “deben ser tratados principalmente como víctimas. Por ende, negarles dicha calidad implica el desconocimiento de los derechos que les han sido otorgados en tal condición”.

“Por tanto, realizar declaraciones que desconocen la condición de víctimas de quienes han sido reclutados y de esa manera obligados a abandonar su infancia para participar en los albures de la guerra, claramente revictimiza a quienes sufrieron este flagelo, neutraliza cualquier esfuerzo de reforma institucional que se haga para erradicar los factores de riesgo que pesan sobre este colectivo, mina la reconciliación de la sociedad colombiana y desconoce el papel activo que como miembros de la comunidad pueda tener ese colectivo de víctimas”, concluyó la JEP.

Lea además: Sueños Rotos: Los impactos del conflicto en la niñez

Al mismo tiempo, plantea que actitudes como la de Molano, lesionan la confianza de las víctimas y sus organizaciones en el proceso de justicia transicional.

“Cualquier acción u omisión que desincentive esa participación se erige en una conducta grave para el cumplimiento de los propósitos de esta Jurisdicción y requiere una intervención positiva”, dice el auto.

Y si bien desde un principio el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, dejó claro que en este Gobierno no se adelantarían operaciones militares donde se detectara la presencia de menores reclutados, para la Jurisdicción Especial “el riesgo no está superado,  pues se necesita una reivindicación específica dirigida a una población que es de competencia de la JEP”.

“Además, se requiere una política pública y una doctrina militar que reconozca en primer lugar que los NNA reclutados son ante todo, víctimas del conflicto armado, aunque pueden resultar afectados por ataques ejecutados bajo el respeto pleno de los principios de precaución, necesidad militar, humanidad y proporcionalidad”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion