El ministro de Justicia, Néstor Osuna, le salió al paso ayer a las críticas que desde hace algún tiempo viene haciendo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, contra el proyecto de ley que humaniza el sistema penitenciario y carcelario del país, el cual se tramita en el Congreso de la República.

Como esta norma incorpora un parágrafo en el que se establece un tratamiento penal alternativo para pequeños cultivadores de hoja de coca en situación de pobreza, el jefe del ente acusador insiste en que el gobierno del presidente Gustavo Petro pretende otorgar beneficios a narcotraficantes.

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“A través del Congreso de la República, el gobierno actual ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia”, manifestó recientemente el fiscal durante su participación en un seminario en República Dominicana.

Sin embargo, desde Cúcuta, en donde estuvo ayer presentando los alcances de la nueva reforma a la justicia, durante una audiencia pública de las Comisiones Primeras Conjuntas, el ministro aseguró que el proyecto de ley en realidad no busca ningún beneficio para los narcotraficantes.

Osuna insistió en que el Gobierno Nacional está comprometido en la lucha contra las drogas, pero que es necesario tener en cuenta que hay un eslabón débil que son los cultivadores, “a quienes responderles con el aparato penal del Estado no es una respuesta razonable ni justa”.

“Los argumentos que van y vienen siempre son bienvenidos, pero hay que dejar claro que no hay ningún favorecimiento a delincuentes en ninguno de los proyectos de ley que se han presentado”, agregó el ministro.

Y dejó claro que lo que proponen en esta iniciativa no es que cultivar la coca deje de ser un delito, sino que haya un tratamiento penal alternativo para esos cultivadores, siempre que estén en un marco como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y que sean campesinos pobres que dependen de estas actividades  ilegales.

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“El fiscal y otras personas han criticado, creo yo que con un exceso de ruido desproporcionado, las dimensiones del artículo que cobija a pequeños agricultores que deriven su sustento de cultivos ilícitos. La idea allí propuesta, la verdad, no es para narcotraficantes, jamás”, reiteró Néstor Osuna.

Según el proyecto que humaniza la política criminal y penitenciaria “para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional”, el artículo 63 del Código Penal, que hace referencia a la suspensión de la ejecución de la pena, incluirá el siguiente parágrafo:

“Con independencia de lo dispuesto en el numeral 1 del presente artículo, cuando se trate de los delitos de que tratan los artículos 375, 376, 377 y 382 del Código Penal, el juez podrá conceder este mecanismo, supeditándolo a la participación del condenado en el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) o a cualquier otro programa de tránsito a la legalidad o servicio de utilidad pública diseñado para dicho fin, siempre y cuando se trate de pequeños agricultores en situación de pobreza que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito”.

De manera paralela, el representante a la Cámara por la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero, abandera un proyecto en esa misma línea que busca, igualmente, establecer un tratamiento penal diferenciado, transitorio y condicionado para los cultivadores de plantaciones de uso ilícito.

Este consistirá en, “la renuncia, por parte de la autoridad competente, al ejercicio de la acción penal o su extinción, según sea el caso, así como la extinción de la pena o de la acción de extinción de dominio por la conductas tipificadas en el artículo 375 de la Ley 599 de 2000, por única vez, y con previa verificación del acogimiento a los Programas Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) o cualquier otro programada estatal destinado a la sustitución de cultivos de uso ilícito”.

La apuesta es la resocialización

De otra parte, durante la audiencia pública convocada por el Congreso de la República y que tuvo lugar en la Universidad Libre, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, defendió los alcances del proyecto que humaniza la política criminal y dijo que su principal objetivo es la resocialización.

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El titular de la cartera de justicia recordó que durante los últimos 20 años Colombia ha entrado en una espiral de “punitivismo”, con una tendencia a aumentar penas, disminuir beneficios para las personas condenadas, crear delitos nuevos y “pensar de modo errado”, que mediante el derecho penal se podría dar solución a múltiples problemas sociales.

“El factor criminógeno de la cárcel está en el orden del día y el sistema no sirve para reparar a las víctimas.  Hay una confianza excesiva en que la cárcel reduce los delitos, pero no permite la resocialización. Por eso decidimos que era conveniente hacer una reforma a ese estado de cosas con las que nos hemos encontrado”, señaló.

Aseguró que el proyecto que impulsa el Gobierno es moderado, no pretende una “gran revolución del derecho penal”, pero, sobre todo, fortalece los mecanismos que existen para que quien termine en la cárcel esté siempre estudiando, aprendiendo oficios y enfocado en una verdadera resocialización.

Osuna destacó que la idea del proyecto es apostarle también a la justicia restaurativa. “Es decir, a una forma de justicia que es muy conocida en los libros, que no la hemos inventado en Colombia, pero que la verdad ha sido un tanto ajena en la práctica, y es pensar que lo más justo cuando ha habido alguna afección a alguien, es reparar a esa persona y restaurar”.

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