Por la presunta responsabilidad de la pérdida de $70.000 millones que se giraron a la Unión Temporal Centros Poblados para que llevará puntos de conexión a internet en las escuelas más pobres del país, se está promoviendo en la Cámara de Representantes el trámite de una moción de censura contra la ministra de las TIC, Karen Abudinen.
La propuesta es liderada por el representante a la Cámara por el Partido de la U, Jhon Jairo Hoyos, quien sostiene que a Abudinen “le advirtieron lo que pasaría y aún así siguió adelante. Debe responderle al país. Como así que aquí no pasa nada?”.
Hoyos, quien pese a que hace parte de un partido de la coalición de gobierno está en la oposición, está buscando el trámite de la sanción política con los representantes María José Pizarro (petrista), León Fredy Muñoz (Alianza Verde), Germán Navas Talero (Polo Democrático) e Inti Asprilla (Alianza Verde), entre otros.
El también opositor, representante a la Cámara por la Alianza Verde, León Fredy Muñoz, le pidió la renuncia a la ministra, porque en su concepto ella tuvo una clara omisión y permitió que se diera un escándalo bochornoso de contratación que afectó directamente los derechos de los menores de edad.
Otro pronunciamiento en contra de la ministra lo dio Coalición de la Esperanza (la alianza de los dirigentes Juan Manuel Galán, Jorge Robledo, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle), que considera que la ministra Abudinen “tiene una responsabilidad política innegable frente a la pérdida de $70.000 millones que se dieron como anticipo para lograr la conectividad digital de las escuelas más vulnerables del país y que nunca llegó. Por tal razón, exigimos a la ministra que se aparte del cargo”.
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Incluso formularon algunas preguntas sobre lo que hay detrás de ese contrato, “¿quién está detrás de la millonaria adjudicación, quiénes son los contratistas y quién los recomendó? ¿Cómo se le escapó a la ministra la verificación de las garantías aportadas por la Unión Temporal Centros Poblados, supuestamente falsas, a nombre el Banco Itaú? ¿Por qué se continuó con la adjudicación, aún conociendo la falta de idoneidad de la Unión Temporal Centros Poblados?”, señala el comunicado.
Aunque se espera un pronto pronunciamiento de la ministra de las TIC, ella señaló el julio pasado que “a lo largo de toda mi vida política he obrado con la mayor seriedad, transparencia y determinación en la protección del dinero público, el dinero de los colombianos. Esta no será la excepción”.
El dinero (los $70.000 millones) fueron desembolsados por el MinTIC a Centros Poblados a través de una fiduciaria fuera de Colombia, pero por una presunta irregularidad, ocasionó que se invalidara.
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