Mientras que en el gobierno nacional y en los locales se sigue evaluando la posibilidad de imponer la presentación del carnet de vacunas contra la COVID-19 para poder ingresar a los edificios públicos y privados, en el Congreso de la República la decisión parece ya estar tomada.
La medida la adoptará el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, tras tener en cuenta que la mayoría de los senadores y representantes ya están vacunados, como también personal administrativo y de los equipos de trabajo de los congresistas, por lo que quiere cerrar el círculo de posibles contagios.
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Gómez precisó que “habrá una prohibición y es que no podrán ingresar al Capitolio, ni al edificio nuevo, aquellas personas que no estén vacunadas. Ya se encuentran priorizados todos los funcionarios, servidores, contratistas del Congreso, los senadores y representantes, el personal asistencial y el personal de seguridad, de tal suerte que esta es una decisión y estamos en el proceso de expedir las resoluciones correspondientes”.
Tanto el Senado como la Cámara de Representantes, dispuso desde el pasado 20 de julio que el trabajo legislativo se volvía a realizar de manera presencial, tanto para las plenarias como para las sesiones en las comisiones.
Esta medida de salubridad se le impondría, requerir que estén inoculados, a congresistas, funcionarios del Congreso, miembros de la Policía y misiones de seguridad, como también para los visitantes entre ellos los funcionarios públicos y hasta los medios de comunicación los cuales podrán volver al cubrimiento de la actividad legislativa pero con medidas de distanciamiento precisas.
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De acuerdo con el dignatario del Congreso, “hemos definido que las sesiones sean presenciales y se está estableciendo el protocolo para que el 50% de los senadores y los funcionarios participen una semana con alternancia, para que la siguiente semana sea el otro 50%, lo mismo sucederá con los periodistas a los que les vamos a permitir el ingreso al Capitolio Nacional, con todas las medidas de bioseguridad y los protocolos para proteger la vida de los funcionarios y las demás personas".
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