Ambiciosa. Esa es la palabra con la cual toca referirse a las intenciones que desde ya tiene el Gobierno Nacional para lograr que le haga el Congreso de la República desde el próximo 20 de julio cuando arranca el tercer periodo de sesiones, el cual por tradición es un año en el que ningún gobierno hace apuestas legislativas grandes.

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Y es ambicioso porque en el mismo, el deseo del presidente de la República es que le aprueben reformas constitucionales, terminar el trámite de una gran reforma social, la presentación de otras reformas y al menos una decena de proyectos más que se incluirán en las tareas en las que desde ya ha empezado a trabajar el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Y aunque Cristo ya habló de lleno sobre cuál es el norte de esa agenda legislativa del ejecutivo, fue el propio presidente de la República, Gustavo Petro, quien agitó mucho más el ambiente político en el Congreso con el anuncio que se tramitará una Asamblea Nacional Constituyente.

Precisamente, desde Nueva York, en el seno de la ONU, Petro habló de la necesidad que el Congreso colombiano le habilite el llamado fast track legislativo, similar a como pasó entre 2015 y 2016 cuando por esa vía el Senado y la Cámara la aprobaron al entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, las reformas constitucionales que le dieron vía libre a los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc, comenzando por su desmovilización y el perdón de sus delitos, incluyendo los de narcotráfico.

Ante el consejo de seguridad de la ONU, el mandatario señaló: “voy a proponerle al Congreso de Colombia, y a las cortes, y a la sociedad, indudablemente, repetir un fast track. Le llamaron así, en inglés, en Colombia, a un método más rápido para aprobar leyes en el Congreso de la República. Ya se hizo, pero los proyectos de aquella época, Gobierno Santos, tuvieron que ver con las fases iniciales del acuerdo de paz con la Farc. Y ahora tenemos que presentar, son los cambios de normas que permitan los productos del acuerdo de paz”.

Y si bien no precisó cuándo presentará la propuesta, legislativamente deberá hacerlo lo más rápido posible porque ese mecanismo del fast track obliga a que el mismo se tramite primero como una reforma temporal a la constitución y luego sí tramitar más reformas, que, como ya lo señaló Petro, pretenden tratar temas de inclusión territorial, sistema general de participaciones, excarcelar a campesinos productores de hoja de coca, inversiones para sustituir economías ilícitas, reforma agraria y preservación de la selva amazónica.

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El sorpresivo anuncio del mandatario llevó a que su antecesor, Iván Duque, reaccionara preguntándose cuál es el verdadero interés de Petro con ese trámite legislativo rápido. “Las llamadas 'reformas del cambio' intentarán presentarlas como mecanismos vinculados al proceso con las FARC para decir que son parte de la implementación. Como el tiempo del gobierno se agota, intentarán justificar un 'fast track' para aprobar esas tales  “reformas del cambio”. Buscan que, bajo el 'fast track', se reduzcan los tiempos en la agenda legislativa y puedan imponer la agenda del gobierno”.

Sin embargo el expresidente Duque le recordó a su sucesor que su idea, por más que la haya planteado ante la ONU, no se podrá hacer. “Olvidan que gracias a la demanda que ganamos en 2017 ante la Corte Constitucional, ya no hay “fast track”  vigente. Así que deberán avanzar con un acto legislativo (8 debates) para reformar la Constitución. Buscan un mecanismo espurio para debilitar el trámite legislativo, y así, debilitar al Congreso en una sustitución de la Constitución. Ya hemos derrotado estos abusos una vez y lo haremos cuantas veces sea necesario”.

Otra voz de oposición le salió a la idea del jefe del Estado, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quien sostuvo que “el incumplimiento a los acuerdos a se debe a la incapacidad técnica y humana de la falta de compromiso del gobierno Petro. Esto no se soluciona con más reformas constitucionales, muchos menos disminuyendo la cantidad y la intensidad de los debates en el Congreso de la República”.

Según Motoa, “es necesario que el presidente se comprometa con rigor a no improvisar más y asuma la responsabilidad en la implementación del acuerdo de paz y suspenda los ceses al fuego con organizaciones de guerrillas que vienen asesinando a los excombatientes de las Farc”.

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La tarea de Cristo

El entrante ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, llegó con una responsabilidad muy grande, similar a como cuando ocupó el mismo cargo cuando fue ministro del presidente Juan Manuel Santos, momento en que precisamente se estaba tramitando el fast track, pero con unos escenarios muy distintos. En el 2016 el mandatario de la época tenía unas mayorías muy grandes, las cuales superaban más del 70% en ambas corporaciones y se tramitaba un tema que despertaba mucha esperanza en el país, la paz.

Hoy las cosas son muy distintas, el presidente Petro no tiene esas amplias mayorías de Santos y si bien le llegan en la Cámara a un 65%, en el Senado los votos para conseguir las aprobaciones, como por ejemplo la reforma pensional, fueron muy justos, apenas pasando los 50 senadores. Con esos números y en un tema tan complicado como es el fast track, el mismo no le sería aprobado a Petro para lograr al menos unas tres reformas constitucionales en las que recoja todos los propósitos del mandatario.

Cristo, al pronunciarse sobre lo dicho por su jefe ante la ONU, sostuvo a los medios que "el cumplimiento del acuerdo se ha venido presentando lentamente y hay una frustración del presidente de la República con ese avance lento de la implementación normativa". Incluso sostiene que esto por el momento es un borrador o mejor una idea que maneja el mandatario.

En sus otras responsabilidades el ministro ya empezó su agenda. Por un lado se echó ya al hombro el esquivo acuerdo nacional que no pudo domar su antecesor Luis Fernando Velasco, quien no encontró entendimiento en la propuesta sino con la izquierda. En una de sus primeras salidas ya sentó con los gobernadores, quienes son fundamentales para los intereses del gobierno, en particular si se concreta la asamblea constituyente.

"Empezamos hoy la construcción de un Acuerdo Nacional, que tiene que ser con quienes han recibido el voto popular. Son fundamentales para el Gobierno Nacional los voceros de los 32 departamentos de Colombia y de los 1.103 municipios del país, por eso estamos aquí", manifestó el ministro al cierre de su primer encuentro formal con los mandatarios regionales.

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Y de inmediato Cristo recibió un gran aliado quien hasta hace dos años era uno de los grandes contradictores del presidente Santos, el gobernador de Boyacá, quien es el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Amaya. "Decimos sí a la construcción de un Acuerdo Nacional sobre la base de reconocer las diferencias desde nuestros territorios y que tendrá un énfasis en el fortalecimiento de la autonomía territorial", señaló Amaya, en una posición que es más personal que institucional, esto porque hay varios gobernadores que son contrarios al gobierno Petro.

Sobre la agenda legislativa, el asunto que tendrá de lleno en el Congreso a Cristo, el mismo ya comenzó sus reuniones con los partidos. El miércoles, ya en ejercicio de sus funciones y en el encuentro que tuvo en la Casa de Nariño con el presidente Petro, le señaló a la bancada de la Alianza Verde, o mejor al sector de los verdes que acompañan al gobierno, los propósitos de la agenda legislativa. “Vamos a ir discutiendo con las bancadas las reformas y, a medida que avancemos en acuerdos, se irán presentando al Congreso de la República. Será una agenda legislativa muy sólida y ambiciosa", señaló.

En los proyectos están las reformas a servicios públicos, el plan de reactivación económica, la reforma laboral, la presentación nuevamente de la reforma a la salud y el tema del código de minas, “va a haber una agenda muy ambiciosa, pero no vamos a presentar todo el 20 de julio. Vamos a ir conversando con todas las bancadas para explorar consensos".

“Más allá de lo que se ha discutido, hablamos de reformas institucionales. En la medida en que avancemos en un Acuerdo Nacional, después definiremos si la manera de aprobarlas es por la vía del Congreso, un referendo o una constituyente", declaró el ministro.

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Los proyectos

En el corto plazo el gobierno debe llegar desde el 20 de julio a buscar los acuerdos para que se termine el trámite de la reforma laboral, la cual está a mitad de camino y le falta su paso por el Senado de la República. También sigue en discusión la ley que busca implementar la jurisdicción agraria, que es fundamental para el gobierno con la reforma agraria y otro es el que crea a Ecominerales, una entidad clave para el sector de minas.

La asamblea constituyente, la cual, si bien ya se anunció de manera formal por Petro y Cristo, no es claro en qué momento la llevarán para que cumpla el primero de sus pasos fundamentales que debe tener, una ley convocatoria de la misma la cual se discute en el Congreso de la República.

Entre lo que llegará el gobierno espera presentar de nuevo dos reformas que se hundieron en la legislatura pasada, la de salud y la de educación, esta última además tiene un proyecto más que es la ley ordinaria de la reforma a la educación. Una reforma más que está en capilla y muy anunciada es la de justicia, la cual es la prueba de fuego para la ministra Angela María Buitrago.

Como lo dice el propio ministro Cristo, se trata de una agenda muy ambiciosa. En unos meses se sabrá si de verdad se tradujo en reformas concretas o se quedó en "mucho tilín tilín y nada de paletas".

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