Luego de pedir el retiro de la reforma tributaria, los manifestantes y las organizaciones sociales del país pusieron sus ojos en la reforma a la salud, texto del que también se pide ahora su retiro.

Y es que el proyecto no ha estado exento de las críticas y las discusiones. De hecho, el texto comenzó su discusión en el semestre pasado, pero no avanzó y tuvo que ser radicado nuevamente en consenso con los partidos en marzo.

El texto que había sido radicado en 2020 tuvo importantes inconformidades. Por ejemplo, uno de los puntos más criticados fue que la versión inicial del proyecto de ley 010 proponía el cambio de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), a una denominación legal de Aseguradoras en Salud (AS).

También se proponían normas de depuración de las EPS o cobros a las personas por el incumplimiento de citas, por la falta de adherencia a tratamientos o por el incumplimiento de las rutas de promoción y prevención en salud.

En ese momento, agremiaciones y grupos médicos como la Asociación Colombiana de Salud Pública aseguraron que el proyecto solo afianzaba un modelo de salud mercantilista y privatizado. Las críticas afirmaban que la reforma haría solo un cambio cosmético al nombre de las EPS y no un cambio de fondo y que estarían ayudando a conformar un oligopolio.

Hoy, varios aspectos de ese texto original han cambiado, pero sigue estando en el centro del debate. ¿Qué dice el texto de reforma a la salud que se debate en el Congreso y del que se pide su retiro?

El texto, que se divide en 10 capítulos, propone la creación por parte del Ministerio de Salud de una política pública de salud “que incluya, un modelo de atención, un esquema de operación del aseguramiento, así como la prestación de servicios y tecnologías que requiera la población”. Esta política debe estar enfocada en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la exigencias de estándares de calidad a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios.

Se propone la regionalización del sistema de salud, es decir, organizar el sistema de salud por regiones, teniendo en cuenta las comunidades, sus espacios geográficos y sus determinantes sociales.

Además, se habla de la gestión integral del riesgo en salud, que habla de las responsabilidades individuales y colectivas “para mitigar, contener y atender los riesgos en salud”. Este punto ha sido centro de polémica, pues se ha llegado a afirmar en redes que se responsabilizará y se cobrará a las personas por “no cuidarse”.

Sin embargo, esto no es verdad. En la línea de la gestión integral del riesgo, el proyecto menciona que “las personas y comunidades, en sus entornos, tienen el deber de auto cuidarse realizando las acciones de promoción y mantenimiento de la salud y prevención de la enfermedad, al igual que seguir las recomendaciones dadas por el personal de salud, la adherencia al tratamiento, el cumplimiento de citas y otras atenciones que inciden en su condición de salud”. Pero no se habla de un costo por incumplir el autocuidado o de una culpabilidad del paciente al momento de ser atendido.

El texto también propone el modelo de la atención primaria en salud con un enfoque de salud familiar y comunitaria. Se habla también de un modelo de atención diferencial que se ajuste a las características territoriales y poblacionales en el país.

Este nuevo proyecto incluye un capítulo sobre la emergencia sanitaria en relación con la pandemia del Covid-19, un tema que, a pesar de la situación, no había sido incluido en el primer texto. En este capítulo se habla de temas como la construcción de una política pública de seguridad sanitaria.

Se propone el fortalecimiento de las capacidades humanas, científicas, de infraestructura, financieras y económicas, “necesarias para la producción de principios activos, tanto de síntesis química como biológicos, vacunas, medicamentos y otras tecnologías en salud”.

En el marco del capítulo de emergencia sanitaria se plantean también las facultades del Ministerio de Salud para declarar dicha emergencia y las medidas sanitarias que debe adoptar en ese sentido.

En otros temas, el texto incluye la unificación del Plan de Beneficios de Salud, garantizando que los regímenes contributivo y subsidiado cubrirán los mismos servicios y tecnologías en salud. También se habla de un plan de depuración de las EPS y de un modelo especial de aseguramiento para los pacientes con enfermedades huérfanas.

Pero el texto también trata temas de formación del talento humano en salud y crea por ejemplo el programa nacional para el ingreso a especialidades clínicas, quirúrgicas y diagnósticas en medicina, con el que se definirían los mecanismos para la selección de aspirantes a especialidades médicas. También se habla de una formación continua a los médicos generales para cumplir con el enfoque familiar y comunitario.

Y se habla además de la prohibición de la tercerización laboral: “El personal requerido en toda institución o empresa pública o privada que preste servicios de salud no podrá estar vinculado a través de figuras que hagan intermediación laboral o tercerización o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecten sus derechos laborales y constitucionales”.

Se incluye la necesidad de un pago justo y oportuno al talento humano en salud y la necesidad de crear una Estrategia Nacional contra la Violencia al talento humano del sistema de Salud.

Pero, ¿por qué el texto tiene tanto rechazo en el sector salud? En una carta enviada al Congreso de la República por la Federación Médica Colombiana, Fedesalud, la Asociación Nacional de Internos y Residentes, Asmedas Nacional, entre otras asociaciones, además de señalar su desacuerdo con el proyecto y pedir su archivo, señalan que el proyecto no constituye una reforma estructural al sistema de salud.

En la carta, también indican que el proyecto no resuelve los problemas develados por la pandemia del Covid-19 ni tampoco el problema de fondo de la tercerización laboral del sector salud, al permitir todavía la contratación por prestación de servicios.

“El proyecto de ley 010 no desarrolla la ley estatutaria, por el contrario, la contraviene, con lo que se pone en riesgo principios fundamentales como la destinación específica de los recursos de la salud que son públicos, la autonomía universitaria, profesional, y es regresiva respecto a los logros de seguridad en Colombia”, indica la misiva.

En un conversatorio organizado por ANIR, para hablar sobre el proyecto de reforma a la salud, otros profesionales de la salud criticaron además que orientar el sistema de salud a la medicina familiar y a la atención primaria en salud es una medida que no funcionará con el sistema de aseguramiento actual que tiene el país.

Pero algunas de las principales críticas se centran en los artículos que se refieren a la educación de los profesionales de la salud. Por ejemplo, mencionan que los puntos críticos de educación del proyecto deben pasar por reglamentaciones adicionales e indican que se requiere una discusión sobre mecanismos de ingreso más equitativos a las especializaciones médicas y no los que propone el proyecto.

Incluso, indican que los médicos familiares en los que pretende basarse la reforma van a ser capacitados de forma exprés, poniendo en duda la calidad y la celeridad con la que se desea formar estos especialistas.

Por último, según las asociaciones en salud, la última versión de la reforma “no tiene ningún parecido con el proyecto de ley presentado por el gobierno el año anterior y, por tanto, debe ser objeto de una nueva discusión pública”. Además, señalan que la solicitud de darle trámite urgente a “un tema que afecta tan gravemente a los ciudadanos, devela un interés afanoso y errático”.