Vuelve y juega. El proceso para elegir personero en Cúcuta se ha convertido en los últimos años en un verdadero enredo judicial con tintes de novela y este año no es la excepción.

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Dos semanas después de que la corporación municipal eligiera a Ludy Páez Ortega como la nueva titular de la Personería Municipal para el periodo 2024-2028, en reemplazo de Karol Yesid Blanco, y se dieran dos intentos fallidos de posesionarla, un juez de tutela finalmente dejó sin efecto esa votación y ordenó regresar el proceso hasta la etapa de la entrevista a los candidatos al cargo.

Según el togado, la Resolución 0306 del 29 de diciembre del 2023, mediante la cual el Concejo citó a entrevista a los tres aspirantes que continuaban en el concurso de méritos y estableció el procedimiento para su realización, es inconstitucional o inaplicable.

La razón es que se habría desconocido el debido proceso administrativo a la hora de definir las reglas de juego para la escogencia de los 10 concejales que estaban a cargo de hacer las preguntas a los candidatos Juan Carlos Prada, Lina María Villamizar y Ludy Páez.                 

Y es que como se recuerda, en la Resolución que dejó sin efecto el juez, la pasada mesa directiva estableció que la entrevista la harían los 10 primeros integrantes del cabildo elegidos para el periodo 2024-2027 que se postularan previamente.

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Esa selección, sin embargo, fue cuestionada por los concejales Leonardo Jácome y Oliverio Castellanos, quienes alegaron que no fueron tenidos en cuenta para hacer parte de dicho grupo y por esa razón decidieron interponer una acción de tutela, con el fin de reclamar que les respetaran los derechos a la igualdad y la participación política, así como el derecho fundamental de la oposición política.

Dicho recurso de amparo fue el que llevó a que el juez Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Cúcuta decidiera suspender la posesión de Ludy Páez y, posteriormente, dejar sin efecto su elección y todo lo actuado en el concurso de méritos, desde el pasado 29 de diciembre.

Lo que encontró el juez de tutela

Según se puede leer en el fallo de tutela, el juez concluyó que la mesa directiva incurrió en varios errores procesales en la definición del mecanismo para adelantar la entrevista, los cuales terminaron afectando derechos fundamentales.

El primero de ellos, es que no se cumplió un “protocolo respetuoso del factor de oportunidad”, toda vez que en la resolución no se fijó un plazo de tiempo claro, especificando día y hora, en el cual los concejales que tuviesen interés, pudieran postularse para participar en la elaboración de las 10 preguntas.

De igual forma, dice el juez que no hubo una verdadera publicidad de la Resolución 0306, pues tan solo 15 minutos antes de que terminara el día laboral, se publicó, “sin que se notificara a cada uno de los concejales electos a sus correos electrónicos, desconociendo que el 29 de diciembre de 2023 era un viernes, el último día laboral del año, lo cual materialmente impidió que la totalidad de los concejales se enterara de la decisión, desconociendo de forma sustancial los principios de publicidad y la transparencia de la actuación”.

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Al respecto, llamó la atención sobre un hecho que se presentó, y es que pasadas las 6:00 de la tarde de ese 29 de diciembre, los 10 concejales que finalmente hicieron las entrevistas radicaron sus postulaciones “habiendo transcurrido poco más de 15 minutos de la publicación de la resolución”.

“Este actuar genera muchas inquietudes de cara a la transparencia e imparcialidad en el proceso de postulación”, señaló el juez en su decisión.

Allí trae a colación otro dato y es que de los 12 concejales que eligieron a Edison Contreras como nuevo presidente de la corporación, 10 quedaron en el grupo de entrevistadores.

“Lo anterior torna gravosa la situación, porque se venían dando alertas por parte de la Procuraduría Regional sobre la forma de la publicidad y los problemas en la página web del Concejo, ya que las notificaciones se hacían sobre las horas de la tarde, sin que se precisara la hora, y con ello inevitablemente se siembra el manto de dudas en las actuaciones administrativas”, aseguró.

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También consideró que, con su proceder, el Concejo no fue preciso a la hora de garantizar a todos los partidos y movimientos políticos, su participación en la elaboración de las preguntas a los candidatos a la Personería.

“Aquí no se respetó en la reglamentación las minorías, ni a la oposición política, ni en la forma ni en el fondo, tampoco se les permitió a todos los concejales la participación, previa consenso, en la forma en que elaborarían las 10 preguntas”, dice la sentencia.

Lo que sigue

Al tutelar los derechos de los concejales Jácome y Castellanos, el juez Cuarto Penal Municipal con Función de Conocimiento, Víctor Hernando Castillo Omaña ordenó lo siguiente:

-Dejar sin efecto todas las actuaciones administrativas que se adelantaron después de expedida la Resolución 0306 del 29 de diciembre de 2023. Esto incluye: la entrevista que tuvo lugar el 3 de enero, la publicación de los resultados de la entrevista, la conformación de la lista de elegibles, la exclusión de Lina María Villamizar Garay del concurso y la elección de Ludy Páez como nueva personera.

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-La mesa directiva del Concejo tendrá que expedir una nueva reglamentación para la realización de la entrevista, en la que determine claramente el tiempo de inicio y terminación de las postulaciones de los concejales que quieran hacer las preguntas, para que todos los partidos y movimientos políticos, la oposición política y las minorías puedan inscribirse y definir los mecanismos para la elaboración del cuestionario.

-El proceso administrativo por parte del Concejo que se deberá surtir nuevamente tendrá que  finalizar, a más tardar, el 9 de febrero, “so pena de incurrir la mesa directiva en desacato judicial”.

-Exhortar a todos los concejales de Cúcuta, para que faciliten y busquen pautas de consenso en el término dado, y evitarle serios problemas a la ciudad, e incurrir en desacato.

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Aunque el fallo de tutela es de inmediato cumplimiento, contra el mismo proceden todavía recursos. En ese sentido, Ludy Páez Ortega, quien estaba a la espera de su posesión, anunció que impugnará la decisión, al considerar que existen diferencias con la posición asumida por el juez, en la defensa de los derechos fundamentales que se invocaron violados.

Desde la mesa directiva del Concejo, sin embargo, todavía no se conoce una posición sobre el fallo del juez de tutela, ni cuál será el procedimiento a seguir ante las órdenes impartidas.

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