La Sala Única de Decisión del Tribunal Superior de Pamplona resolvió echar para atrás la condena que había sido proferida el año pasado contra la exgerente del Hospital San Juan de Dios, Maribel Trujillo Botello, por las presuntas irregularidades que rodearon un contrato por más de $447 millones.

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Los hechos se remontan al 2007, cuando la entonces titular del principal centro médico de Pamplona celebró el contrato No.144 con la Cooperativa Coopsanjosé, y cuyo objeto era la ejecución de procesos administrativos y asistenciales.

Tras un largo proceso que concluyó el año pasado, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pamplona resolvió condenar a la entonces funcionaria a 48 meses de prisión, más el pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes y la inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un espacio de 60 meses.

Dicha condena no tenía derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la sentencia, pero sí podía acceder a la prisión domiciliaria.

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Lo anterior, porque Trujillo había incurrido, al parecer, en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales”.

Como la decisión fue apelada por  la defensa de la exgerente, el caso pasó a manos del  Tribunal Superior de Pamplona que tras analizar el caso encontró una “deficiente” configuración del delito.

“Tenemos, entonces, que la procesada debe ser objeto de absolución en cuanto ni en las diferentes actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, ni en el fallo de condena por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, se explicitaron las normas que se informa fueron objeto de soslayo, y que se imponía por involucrarse un tipo penal en blanco”, se puede leer en el fallo que revoca la sentencia de primera instancia.

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Allí se agrega que no era una función asignada a la implicada, la elaboración de los estudios precontractuales “que se tildan de incompletos, sin que se ofreciera ninguna argumentación fáctica, jurídica y normativa que en este panorama la acusara con respeto de las garantías de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción”.

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