El contratista Emilio Tapia, quien está preso por el proceso penal que se derivó del contrato firmado entre el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados, está buscando un preacuerdo con la Fiscalía. De hecho, amenazó con revelar nombres de congresistas que habrían presionado a los funcionarios de esa cartera para que no adelantaran la caducidad del contrato.
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Aunque por lo pronto no se han revelado los nombres , el explosivo anuncio de Tapia, quien también había sido condenado en 2015 por el escándalo del Carrusel de la Contratación de Bogotá, sacudió el mundo político y generó reacciones inmediatas en la opinión pública. Incluso, el presidente Iván Duque se pronunció sobre el caso y pidió que no hubiera “contemplaciones” contra la corrupción.
“Emilio Tapia tiene que decir los nombres para que caigan los responsables. Lo más importante es que la justicia opere y que haya sanciones ejemplarizantes, que se conozca toda la verdad y que caigan todos los responsables”, dijo Duque.
Entretanto, Iván Cancino, el abogado del MinTic, que se declaró víctima en el proceso, advirtió que lo que esperan sus clientes es establecer adónde se fueron los $70.000 millones que fueron adelantados a Centros Poblados tras la firma del contrato.
“La propuesta de Emilio Tapia de denunciar a políticos es bienvenida, pero no creo que sea suficiente para liberarlo de toda la responsabilidad”, aseguró Cancino. “En nuestra calidad de víctimas lo que nos interesa es establecer a dónde se fueron los recursos y en qué se gastaron el dinero, para proceder con las medidas cautelares y recuperarlo”, concluyó el abogado.
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Este viernes a las 8 a.m. se reanudará la audiencia de imputación de cargos contra las únicas tres personas que han sido capturadas durante el proceso: Tapia, señalado de manejar tres empresas de Centros Poblados a través de terceros, Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados; y Juan José Laverde, quien era miembro de Rave Agencia de Seguros. En la primera parte de la audiencia los tres se declararon inocentes de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.
Durante la jornada de este viernes intervendrán los abogados de la defensa y de las víctimas y la Procuraduría. Se espera que el juez 53 de control de garantías de Bogotá decida si priva de su libertad a Tapia, Duque y Laverde.
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