La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), junto a otras organizaciones, presentaron una acción de tutela, ayer, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contra el presidente de la República, Iván Duque, entre otros funcionarios, por la vulneración de varios derechos, a través de las acciones del orden central en la subregión nortesantandereana.
Además de Ascamcat, la acción fue acompañada por organizaciones indígenas, afrodescendientes del pacífico nariñense como la Redhpaa, líderes y lideresas campesinas de los municipios de Tibú, Teorama y Convención, senadores como lván Cepeda Castro y Gustavo Bolívar, y colectivos de abogados.
Según Ascamcat, la tutela se interpuso “reiterando nuestro compromiso con las comunidades campesinas, en ejercicio de nuestra labor en la defensa de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y en la búsqueda incesante de la construcción de la paz territorial en nuestro Catatumbo como parte de la implementación del acuerdo de paz”.
Además de estar dirigida hacia el presidente Iván Duque, la medida fue interpuesta contra el ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo; los generales de la República que comandan las Fuerzas Militares; la Fuerza de Tarea Vulcano, que opera en el Catatumbo; Fuerza de Tarea Hércules, que opera en el pacífico Nariñense, el Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilo Archila; y la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.
La Asociación enfatiza que las acciones militares y logísticas de parte de esas entidades de Gobierno Nacional “han generado la vulneración de nuestros derechos fundamentales”.
Aquellos derechos a los que se hace mención Ascamcat son, por ejemplo, el de la participación en los diferentes escenarios en los cuales se debe contar con las opiniones y propuestas del campesinado, como es el caso de “la construcción de la hoja de ruta de los PDET”.
“En su texto original (el de los PDET) se busca transformar y reparar a los territorios más afectados por la violencia y no buscar formas de seguir permitiendo la extracción de nuestros recursos naturales y desnaturalizar el acuerdo de paz, como fue advertido en la sentencia C - 040 de 2020”, afirma Ascamcat.
Otro de los derechos que los accionantes reclaman es el de la paz, “ya que mediante las acciones negativas por el cambio unilateral del Gobierno Nacional al texto original de lo establecido en el acuerdo de paz, se ha dado paso a la creación de la denominadas ‘Zonas Futuro’ con la ley 1941 de 2018”.
Además, Ascamcat asegura que la creación de las ‘Zonas Futuro’ en el Catatumbo y Nariño ha “materializado la militarización el territorio con la presencia de la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB) en el Catatumbo, se expone en un alto nivel la tranquilidad de las comunidades que exigimos la paz”.
Y, finalmente, el otro derecho que ven vulnerado es de la consulta previa de las comunidades indígenas del pacífico nariñense, “situación que claramente no es ajena a la nuestra”.
“Esperamos que los magistrados de la república generen una garantía de protección a nuestros derechos fundamentales mediante la apertura de espacios de participación comunitaria, de veeduría y seguimiento al desarrollo de los PDET y ordenando la abstención de las acciones militares que sean contrarias a la construcción de la paz territorial”, enfatiza el comunicado.
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