Se cumplen tres años del fallo de la Corte Constitucional (Sentencia C-055 de 2022) que despenalizó el aborto en todos los casos hasta la semana 24, lo que las organizaciones promotoras de la libertad de decisión consideraron un avance en la defensa de los derechos reproductivos.
De acuerdo con cifras de la Fundación Oriéntame, organización integrante del movimiento Causa Justa, desde la despenalización del aborto en el 22 de febrero de 2022 hasta julio de 2024 se había atendido 26.016 procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
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Del total de casos atendidos solo el 0,5% fueron prestados después de la semana 22,6, es decir las mujeres involucradas no tuvieron que recurrir a una de las tres causales especiales previstas por la Corte (violación, grave malformación del feto y riesgo para la salud de la mujer), para solicitar el procedimiento.
Además, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización pionera del movimiento Causa Justa destacó que la implementación de la Sentencia ha permitido que más mujeres acudan a la búsqueda de servicios legales, seguros y oportunos, evitando así los procedimientos inseguros.
Entre 2020 y julio de 2024, la Mesa atendió 1.423 casos de mujeres que buscaron información o acompañamiento legal en la IVE, 118 casos en 2020 (8%), 231 casos en 2021 (16%), 256 casos en 2022 (18%), 378 casos en 2023 (26%) y 440 en 2024 (hasta julio) (31%). El 73% de los casos se registraron tras la sentencia.
“Las personas lograron acceder a un aborto solamente con la información que les brindamos en la atención en la mesa. Esto significa que cada vez más las mujeres no se tienen que desgastar estableciendo acciones judiciales, administrativas, como por ejemplo, una queja a la superintendencia de salud o una tutela para acceder a un servicio de aborto porque solo con la información están logrando eliminar las barreras que se presentan en el servicio”, manifestó Sara Méndez, asesora jurídica y de incidencia de la Mesa por la Vida y la Salud de Las Mujeres.
Así, tras la expedición de la sentencia, la mayoría de las mujeres atendidas (72%) lograron acceder al servicio solo con la información brindada por la organización, mientras que previo a la despenalización era necesario el acompañamiento legal para sortear las barreras de acceso en el 52% de los casos.
Además, la organización también reporta que tras la sentencia, en los casos acompañados, el acceso a la IVE a través de servicios brindados por EPS pasó del 8,4% antes de la despenalización al 23,6%, después de la despenalización.
La población colombiana ha cambiado su percepción
Desde la implementación de la Sentencia C-055 de 2022 la percepción de la ciudadanía ha cambiado de forma significativa. Según la última Encuesta Polimétrica de Cifras y Conceptos, el 48% de la población reconoce que la IVE es un derecho, lo que representa un aumento de 20 puntos porcentuales en comparación con 2017. Al mismo tiempo, el rechazo ha disminuido del 46% en 2021 al 33% en 2023.
Este cambio en la percepción colombiana se debe en gran parte, tanto por el esfuerzo de movimientos como Causa Justa, como a las decisiones de las autoridades que han ratificado en múltiples ocasiones la Sentencia C-055.
Dentro de las decisiones que han dejado en firma la despenalización del aborto como delito hasta la semana 24 se encuentra la Resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud que establece directrices para la prestación de los servicios de salud integrales para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), para garantizar que sea oportuna y segura.
También se encuentra la Directiva 009 de 2023 de la Fiscalía la cual indica que los abortos hasta la semana 24 no deben judicializarse y, después de ese tiempo, solo se revisan según las tres causales permitidas. Además, ordena cerrar casos abiertos y proteger la información, dejando claro que el aborto no debe ser criminalizado.
Pese a los avances, las barreras persisten.
Aunque estos tres años se han caracterizado por lograr grandes avances en materia de la implementación de la Sentencia, el movimiento Causa Justa alerta que hoy por hoy, las mujeres siguen enfrentando grandes barreras en el acceso a este derecho.
“Estas barreras son de diversas formas y se pueden manifestar, por ejemplo, mediante la negación del servicio en algunas instituciones de salud, la criminalización y la estigmatización a las mujeres que hacen ejercicio, su autonomía reproductiva, hechos de violencia obstétrica y discriminación durante la prestación del servicio por parte de los profesionales de la salud”, destacó Sara Méndez.
“Asimismo, la falta de formación del personal médico eh también puede generar una afectación en la prestación y la la accesibilidad del servicio y hay discursos que siguen generando desinformación y limitando el acceso e impidiendo que las mujeres y niñas tomen decisiones informadas sobre su autonomía reproductiva”, añadió Méndez.
Además, el movimiento asegura que las mujeres en muchos casos siguen siendo víctimas de criminalización, lo que se presenta como uno de los principales obstáculos para el goce de sus derechos. Solo en el 2023 se identificaron 110 casos asociados al delito de aborto consentido, una cifra que aumentó en un 13% para el 2024. La mayoría de procesos abiertos se encuentran en Bogotá y Valle del Cauca.
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