Líderes campesinos, representantes de asociaciones campesinas, personeros y congresistas calificaron como “lamentable”, “catastrófico”, “errado” y “poco esperanzador” que la iniciativa que buscaba prohibir el uso del glifosato y sus derivados en la implementación de la Política Nacional de Drogas, en Colombia, se haya hundido en la Comisión Quinta del Senado. 

El Proyecto de Ley 120 de 2020, que fue presentado por 41 congresistas de varios partidos, tuvo su primer debate en dicha Comisión el pasado miércoles y durante esa misma sesión fue archivado, tras una discusión en la que se escucharon argumentos a favor y en contra de utilizar el herbicida para erradicar los cultivos ilícitos. La proposición de archivo recibió ocho votos a favor y cinco en contra. 

Pese a este duro revés, el congresista de origen nortesantandereano Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, anunció que los autores de la iniciativa seguirán insistiendo en que el país debe avanzar y reconocer finalmente que la aspersión con glifosato “es una política errada”. 

“Los congresistas autores de este proyecto volveremos a insistir y lo presentaremos nuevamente el 20 de julio ante el Congreso de la República. Colombia merece otro enfoque en su política de lucha contra las drogas y esta debe estar enfocada al cumplimiento al Acuerdo de Paz, a la recuperación de los territorios y ser ambientalmente responsable”, expuso el congresista. 

La discusión y posterior hundimiento de este proyecto en el Senado se da apenas una semana después de que el Gobierno Nacional expidiera el Decreto 380, que marca la hoja de ruta para retomar la aspersión aérea con glifosato, suspendida desde el 2015 por la Corte Constitucional. 

Las reacciones 

Ante la amenaza que representa para las comunidades campesinas el regreso de las fumigaciones aéreas, los habitantes del Catatumbo se mostraron preocupados por la falta de voluntad de los dirigentes para brindar oportunidades a la población, más allá de la erradicación. 

Uno de los líderes que lamentó el revés sufrido en la Comisión Quinta fue Olger Pérez Quintero, vocero político de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), quien se pregunta por qué se insiste en utilizar el glifosato y no en brindarles oportunidades a los campesinos. 

“Lo que pasó en la Comisión Quinta es algo grave, porque precisamente se debate la prohibición del glifosato en una comisión que debe velar por el medioambiente. Se sabe que es una amenaza que mundialmente se ha detectado y acá en Colombia se archiva un proyecto de ley que busca eliminarla; así es muy complicado”, sostuvo. 

Junior Maldonado, miembro de la comisión política de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), recordó la responsabilidad que tiene el Congreso con las comunidades indígenas y campesinas y mencionó los riesgos que puede traer el glifosato, según los diferentes estudios que se han hecho a nivel mundial. 

“No hay que olvidar los impactos que puede generar el glifosato como el cáncer, daño a la flora, fauna y al ambiente. Lamentablemente sucedió el hundimiento de esta iniciativa, pero la esperanza está puesta en los ajustes que hagan los congresistas para volverlo a presentar en la próxima legislatura”, señaló. 

Neiron Mejía, representante de la Asociación de Juntas de Mesitas y San Miguel (Asmesan), del municipio de Hacarí, lamentó también que la propuesta no siga su curso en el Congreso. 

“Ha sido un verdadero fracaso la política antidrogas llevada a cabo por los distintos gobiernos en nuestra Nación. Nos queda rezar y utilizar las acciones por vías de hecho, como protestar en los centros del poder de la capital. Este no es un problema solamente para los campesinos, pues afecta a todos los consumidores de alimentos”, le dijo a La Opinión. 

Por su parte, Robeiro Muñoz, personero de Hacarí, calificó como “catastrófico” que la posibilidad de volver a autorizar el uso del glifosato en el país esté latente, pues asegura que precisamente la Corte Constitucional lo prohibió debido a las diferentes afectaciones a las comunidades. 

“Pedimos que se hable de una sustitución, que se le brinden garantías al campesino para hacer la transición de lo ilegal a lo legal, pero el Gobierno habla de erradicación, de fumigación, no mide las afectaciones al medioambiente y no se estudian alternativas de subsistencia al campesino”, manifestó. 

Según la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), se necesitan 10,4 litros de glifosato para erradicar una hectárea cultivada con coca, y un galón de este químico oscila entre los 70.000 y 280.000 pesos, dependiendo la marca.  “Sin duda, son recursos que pueden usarse para promover la sustitución voluntaria de los cultivos”, aseguran.