Tal y como sucedió en las pasadas elecciones presidenciales, cuando cerca de 50 grupos significativos de ciudadanos se inscribieron ante la Registraduría para buscar firmas con el fin de meterse en la carrera por la Casa de Nariño, de manera independiente, aunque no todos llegaron al final, la contienda que se avecina muestra ya un escenario muy similar.

Hasta el momento, 24 comités ciudadanos y movimientos sociales se han registrado ante la organización electoral, con el fin de obtener el aval para  salir a las calles en busca de los apoyos necesarios para respaldar su participación en las elecciones de 2022. Solo un grupo desistió prontamente de su solicitud, el Movimiento Republicano Patriota.

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Los últimos en subirse al bus de las firmas fueron los precandidatos Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y muy cercano al Centro Democrático, quien decidió optar por esta vía con el respaldo del movimiento Creemos Colombia. Gutiérrez le apunta a recoger más de un millón de rúbricas. Ayer hizo lo propio el exrector de la Universidad de Los Andes, Alejandro Gaviria, respaldado por el grupo de ciudadanos Colombia tiene Futuro.

A pesar de que ambos aspirantes tienen lazos fuertes con partidos políticos, decidieron tomar este “atajo”, con el fin de empezar ya su recorrido por el país y no marcarse desde ahora con ninguna de las tendencias que tendrá juego en los comicios que se avecinan.

En el largo listado de inscritos aparecen, además, otros nombres de reconocidos dirigentes políticos y exfuncionarios que desde hace ya varias semanas emprendieron una tarea similar a la de Gutiérrez y Gaviria, como el senador Roy Barreras, el exalto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa; el exministro Juan Carlos Echeverry y el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.

En el reporte publicado por la Registraduría Nacional llama la atención los nombres de algunos comités promotores que se encuentran recogiendo apoyos, como ‘Eliminemos las ratas políticas marcando aquí’, ‘Por la purga’, ‘La i’, ‘Por una sola Colombia sin partidos políticos’, entre otros.

Hasta ahora, el voto en blanco no cuenta con ningún respaldo organizativo que lo impulse y solo un comité está buscando firmas para avalar la aspiración de una mujer, Clara Inés Posso Mayorga, de ‘Colombia libre’.

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De acuerdo con la reglamentación, cada grupo significativo de ciudadanos deberá recoger hasta el próximo 17 de diciembre, mínimo, 577.000 firmas válidas para continuar en el proceso. Esto es el equivalente al 3% del número total de votos válidos depositados en las pasadas elecciones presidenciales.

¿Por qué está tomando fuerza esta opción otra vez?

A pesar de que en 2018 fue duramente cuestionado el esquema de la recolección de firmas, por el alto número de aspirantes que tomó este camino, aprovechó para anticipar la campaña y al final terminó avalado por un partido, el escenario cuatro años después no ha cambiado.

Al respecto, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), explicó que este fenómeno se da, concretamente, por dos aspectos: primero, por una reacción frente a la falta de credibilidad de los partidos políticos y, dos, porque hay una cierta ventaja de hacer precampaña.

Con relación al primer aspecto, Barrios señaló que ante el desgaste que tienen los partidos políticos, “los candidatos prefieren no mostrar que pertenecen a unas organizaciones desprestigiadas y no tan simpatizantes”.

Dijo que quien decide recoger firmas tiene una ventaja y es que puede mostrar distancia de esos precandidatos con escándalos o hacerle el quite a la falta de representatividad de los partidos actuales en diversos sectores sociales. “Esta acción evita que se vean relacionados con casos de corrupción o situaciones reprochables que podrían empañarles la carrera a la Presidencia”, sostuvo.

Para la directora de la MOE, otro de los atractivos de las firmas es que mientras se hace el proceso de recolección de esos apoyos, los aspirantes se dan a conocer sin tener que cumplir con las reglas electorales de manera estricta. “Quienes sí deben cumplir con todos los parámetros son los candidatos de los partidos políticos, siendo claramente una gran desventaja”, señaló.

De acuerdo con el calendario electoral, solo hasta el 29 de enero de 2022 inicia formalmente la campaña presidencial. Sin embargo, la recolección de apoyos en las calles por parte de los precandidatos se viene dando desde mediados de junio.

“Tenemos una pésima reglamentación de los grupos significativos de ciudadanos. Les estamos exigiendo a los partidos políticos, cuando avalan a los candidatos, que tienen tres meses para hacer campaña electoral, presentar informes, montos, origen y destino de los recursos que están utilizando, cuánto se están gastando y en qué tipo de publicidad. En cambio, a los grupos significativos no se les señala ningún tipo de tope o reglas; además, no deben entregar información financiera sino hasta el final del proceso de recolección de firmas”, cuestionó Alejandra Barrios.

La MOE también mostró su preocupación porque además de la facilidad para hacer una precampaña recogiendo apoyos en las calles, quienes lo hacen finalmente no tienen la obligación de presentar las firmas e inscribirse y por eso es que muchos terminan avalados por una organización política o una coalición de partidos.

“Estos parámetros desiguales afectan la democracia electoral, pues estos espacios han sido tomados como escenarios previos para la negociación, todo sin ningún tipo de sanción en el Código Electoral”, cuestionó.

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