El nuevo periodo que arrancó hace apenas un mes ha resultado muy movido para los elegidos en los comicios locales y regionales del año pasado, y no solamente por los cambios de gobierno que se produjeron el primero de enero, ni las transiciones en la Asamblea y los concejos.

La lluvia de demandas que desde finales de 2019 arreció contra quienes lograron su victoria en las urnas el 27 de octubre tiene ya a nueve alcaldes de Norte de Santander, dos diputados y al menos tres concejales de Cúcuta, haciéndoles el quite a posibles nulidades electorales que los puedan sacar antes de tiempo del cargo.

A diferencia de otros años, los detractores de quienes resultaron elegidos se han estado moviendo con intensidad y por lo menos 23 demandas han sido admitidas ya en el Tribunal Administrativo del departamento para su estudio. Todas están orientadas a dejar sin piso la elección de los demandados, por diferentes circunstancias.

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A nivel de alcaldías, al que le ha tocado lidiar más duro hasta ahora con el fantasma de la ‘demanditis’, es al mandatario de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, quien enfrenta cinco procesos de nulidad electoral en su contra por distintos motivos.

Estos fueron admitidos en diciembre pasado, antes de la vacancia judicial, y aunque en ninguno de los casos los magistrados accedieron a la petición de los demandantes de suspender provisionalmente la elección de Yáñez, los procesos siguen andando.

En dos de las acciones se alega que el gobernante estaba inhabilitado para postularse a los pasados comicios, puesto que, al parecer, estaba incurso en doble militancia, en la medida que primero fue precandidato del Centro Democrático y posteriormente terminó avalado por el Partido Alianza Verde.

Otra de las demandas busca anular la elección del alcalde, puesto que, presuntamente, no podía llegar al cargo por cuanto celebró un convenio de cooperación con la Cámara de Comercio, dentro del año anterior a su elección.

En otro de los casos se asegura que Jairo Yáñez estaba inhabilitado para presentar su nombre en las elecciones, pues fue excluido de su profesión como comerciante, en razón a una sanción que le impuso la Superintendencia de Sociedades.

También le cuestionan el haber participado en las mesas de trabajo, revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio, como presidente de Induarcilla, “con interés económico propio de terceros”.

En el caso de Yáñez llama la atención que una de las demandantes, Allison Juliana Márquez Cataño, es la titular de cuatro de las cinco demandas instauradas hasta el momento en su contra. El otro accionante es el abogado Jaime Vásquez.

En septiembre de 2019, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había negado una solicitud de revocatoria de inscripción por doble militancia en contra del entonces candidato a la Alcaldía de Cúcuta, por no existir una prueba plena que demostrara la supuesta inhabilidad en que estaría incurso.

Los otros alcaldes

Otros alcaldes que no la están pasando nada bien por cuenta del fantasma de las demandas que los rondan desde el año pasado son: el de Villa del Rosario, Eugenio Rangel Manrique; Labateca, Wilden Fabián Capacho; Tibú, Corina Yezmín Durán; y San Cayetano, Antonio José Marín Cárdenas.

Estos mandatarios acumulan, cada uno, dos procesos de nulidad en su contra que ya fueron admitidos. Los demandantes persiguen el mismo fin y es dejar sin efecto la elección de los gobernantes, provocando así que sea necesario convocar nuevos comicios.

A uno de los que le madrugaron las demandas fue a Rangel, conocido popularmente como ‘Caballito’, a quien le achacan una presunta inhabilidad por cuanto su compañera sentimental, Martha Pinilla, con quien vive en unión libre, se desempeñó como comisaria de familia de Villa del Rosario, dentro del año anterior a la elección.

Entre los autores de las demandas con las que pretenden apartarlo del cargo está su otrora contendor de campaña, Carlos Julio Socha, quien no da el brazo a torcer en la puja que libró por el primer cargo del municipio metropolitano. Como se recuerda, la diferencia entre Rangel y Socha fue de apenas 70 votos. La otra demanda contra Rangel Manrique es de autoría de Edgar Mastrangelo Rojas Montaño.

En la lista de alcaldes demandados también figuran:

- Juan Carlos Pérez Parada, de Cucutilla. En el Tribunal Administrativo fue admitida una demanda en su contra porque, al parecer, las elecciones en las que resultó vencedor estaban viciadas, “porque durante el transcurso del proceso se presentaron varios actos contrarios a la voluntad del pueblo”.

-Hermides Moncada Osorio, de Sardinata. El dirigente sumaba dos demandas que ya habían sido admitidas, pero el 23 de enero retiraron una, a cargo de Jorge Andrés Ramírez Sanguino.

-José Luis Duarte Contreras, de Chinácota. El alcalde fue demandado por las presuntas irregularidades que se presentaron en el proceso de escrutinio, razón por la cual se está pidiendo la nulidad de algunas urnas.

-Javier Alexis Pabón Acevedo, de Cáchira. El demandante está pidiendo que se declare irregular la inscripción de un número importante de cédulas, por trashumancia, y en consecuencia se anule el acto de elección de Pabón.

Concejales y diputados

Pero los alcaldes no son los únicos que han tenido que sacarle un tiempo a la defensa de sus elecciones, cuando apenas está encendido motores el nuevo periodo.

A la fecha, dos diputados y tres concejales se encuentran en la misma situación de los gobernantes.

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En el caso de la Asamblea, Juan Carlos Bocanegra, del Partido de la U, suma ya dos demandas de nulidad electoral que fueron admitidas por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por presunta doble militancia.

Los demandantes aseguran que Bocanegra estaba inhabilitado para aspirar el 27 de octubre, pues primero hizo parte de la lista al Concejo por el partido Colombia Renaciente y en la semana de modificaciones dio el salto a la lista a la Asamblea del Partido de la U.

El otro demandado es el diputado del Centro Democrático, Luis Alberto Otero Landinez, de quien aseguran se encontraba inhabilitado, puesto que su hijo Carlos Alberto Otero Berbesí fue avalado e inscrito como candidato al Concejo de Bochalema, también por el uribismo.

Por los lados del Concejo, los demandados son:

- Juan Diego Ordóñez, del Partido Conservador.

- Luis Alejandro Castellanos, del Partido Liberal.

- Mario Vicente Figueroa Fernández, de Colombia Renaciente. La demanda contra este concejal es una de las que más desarrollos ha tenido, en la medida que es la única en la que los magistrados han admitido la medida cautelar solicitada, es decir, ordenaron la suspensión provisional de la elección del cabildante. No obstante, en vista de los recursos que la defensa de Figueroa interpuso, no se ha podido hacer efectiva la suspensión.