Luego de dos años sin relaciones diplomáticas  entre Venezuela y Colombia los que más sufren son los ciudadanos. El 23 de febrero de 2019 el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de los consulados como reacción al apoyo brindado desde el gobierno de Colombia al presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela,  dirigida por Juan Guaidó.

La elección de Guaidó como presidente de la AN llevó a que fuese nombrado como presidente interino de Venezuela. En esa época, y con los ojos puestos en la región cucuteña, Guaidó intentó ingresar a territorio venezolano cargamentos de ayuda humanitaria por el puente internacional Simón Bolívar, acción que fue impedida por efectivos del vecino país.

Esto no solo quebró la amistad en término diplomáticos, sino que obligó al cierre de las operaciones consulares en las 11 oficinas que operaban en Colombia, incluyendo la oficina de Cúcuta, una de las más activas del país, junto a la de Bogotá, que brindaba servicios de entrega de pasaportes y demás documentos de interés para la población venezolana en Norte de Santander, el paso fronterizo más concurrido con Venezuela.

Ante estos sucesos, los casi dos millones de venezolanos que se encuentran en suelo colombiano han quedado prácticamente desamparados sin que su Estado los represente.

Abordando ese tema, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, presentó el pasado martes el informe: ‘Desprotegidos, el impacto de la ausencia de servicios consulares en los derechos de la población venezolana en el exterior’, estudio desarrollado entre los meses de diciembre de 2020 y marzo de 2021.

El documento revela, a través de distintas entrevistas en varios países con alta presencia de venezolanos, la desatención total o las fallas que han tenido en el exterior los nacidos en la nación petrolera.

“Actualmente nos encontramos con una situación atípica, donde hay consulados en manos de representantes de Maduro, otros están en manos de representantes del gobierno de transición que ejercen algunas funciones consulares y en otros países con servicios consulares duales, es decir, conviven consulados con representación de Maduro y representantes del gobierno de transición, lo que incide negativamente en los derechos de los venezolanos en el exterior”, afirmó Ligia Bolívar, responsable de la investigación.

En el caso de Colombia, la embajada que representa al gobierno de transición en Venezuela, tiene su oficina en Bogotá, con el exdiputado Tomás Guanipa como embajador. Este despacho emite documentos como la fe de vida y carta de soltería, ambos con poca utilidad en suelo colombiano.

La emisión de pasaportes, uno de los documentos más procurados por los venezolanos fuera de sus límites territoriales, es únicamente responsabilidad del Saime, el ente encargado la de documentación e identificación en Venezuela, que es manejada por el gobierno de Maduro. Al estar cerradas todas las oficinas consulares, este servicio no se está ofreciendo a los venezolanos en el país, situación que les genera múltiples problemas que afectan directamente su regularidad en suelo colombiano. Por ejemplo, para registrar un visado, todo ciudadano debe poseer su pasaporte.

Uno de los aciertos del gobierno interino fue lograr el reconocimiento de las autoridades colombianas para la extensión de los pasaportes vencidos que se estableció en dos años luego de su fecha de caducidad. Esto ha sido un aliciente, sin embargo no soluciona muchos problemas.

Desamparados

En Colombia hay cerca de 450 mil niños venezolanos en edad escolar según datos de Migración Colombia, muchos de ellos menores de nueve años. La legislación venezolana establece que todo niño o niña debe sacar su cédula de identidad a partir de los nueve años, pero debido a los diversos problemas que ha presentado el vecino país para impartir el documento, muchos de ellos han viajado hasta Colombia sin cédula o pasaporte. Por supuesto, al estar los consulados clausurados estos infantes no tienen la posibilidad de acceder a la cédula. También por las limitaciones económicas, miles no pueden realizar el viaje hasta su país para cumplir el trámite. En repetidas ocasiones los ciudadanos recurren a gestores que entregan el documento bajo prácticas ilegales y con sobreprecio.

Un viaje por la prórroga  

Marycarmen Vivas es una venezolana que reside en Cali. Allí se estableció desde 2019 luego de arribar a Bogotá, en 2016. Marycarmen siempre ha procurado estar con sus documentos al día, por eso, en diciembre de 2018 decidió emitir la prórroga de su pasaporte y así poder retirarla en el consulado venezolano en Bogotá.

Ella esperaba que el documento estuviese listo en febrero, pero justo llegó el cierre consular y se quedó sin una respuesta clara sobre dónde y cuándo podría retirarlo.

“Todo ocurrió sin un comunicado o explicación oficial por parte del gobierno venezolano y había mucha incertidumbre sobre cómo y dónde retirar mi documento. Finalmente, tuve que hacer un gran gasto y esfuerzo para ir a buscar mi documento en Caracas”, señala Vivas. En esa oportunidad, Marycarmen debió viajar desde Cali hasta Caracas, un viaje entre avión y autobús que le tomó más de un día.

 Luego de dos años, Vivas tiene de nuevo el problema porque ya se venció el período de la prórroga que solicitó.  “Ahora, por segunda vez, necesito mi prórroga y debo de nuevo viajar a Venezuela sin saber cuándo abrirán de nuevo la frontera”, añadió.

Ella está convencida que se debe plantear una solución para no dejar desamparados a miles de venezolanos en el exterior.

“Sería bueno un acercamiento en ese sentido, este es el país con más migrantes y Venezuela es un país con una crisis cada vez más compleja. Es difícil para nosotros trasladarnos hasta allá, es súper costoso, y además si le sumamos el tema de la pandemia. Es complicado no tener una representación consular a la cual acudir para poder resolver cualquier tema, debería ser un derecho garantizado por encima de cualquier problema diplomático entre ambos países”, agregó.

Semanas atrás, el Saime anunció que los venezolanos podrán hacer la solicitud de su pasaporte o prórroga y que esta podría ser enviada a distintos países, incluyendo Colombia, cancelando 80 dólares extras al trámite el cual tiene un costo elevado de 200 dólares para el pasaporte ordinario y 100 en las prórrogas.

Entre las recomendaciones que brinda el informe de la UCAB se establece que los estados podrían mantener relaciones consulares sin necesidad de un acercamiento diplomático. “Restablecer servicios consulares con Venezuela, aun cuando se mantengan suspendidas las relaciones diplomáticas, a fin de asegurar que tanto los ciudadanos venezolanos como los de otros países que residen en Venezuela no se vean afectados en el disfrute de sus derechos a causa de diferencias políticas entre Estados”, solicitan en el informe.

Si estas palabras se cristalizan, se podrían ahorrar unos cuantos dolores de cabeza miles de venezolanos que requieren de la atención de su Estado fuera de las fronteras.

El consulado de Venezuela en Bogotá ha sido vandalizado./ Foto/AFP.