Norte de Santander es el cuarto departamento de Colombia con más municipios en riesgo extremo y el décimo con más zonas en riesgo alto para las elecciones presidenciales que se desarrollarán el próximo domingo 29 de mayo.
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Así lo advierte el más reciente Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana 004-2022 de la Defensoría del Pueblo conocido al finalizar la semana anterior.
En el documento se reveló que los ocho municipios del departamento que están en riesgo extremo son: El Tarra, San Calixto, Hacarí, El Carmen, Convención, Teorama y Tibú, en el Catatumbo, además de Cúcuta.
De acuerdo con la Defensoría, son cuatro los factores de amenaza que podrían afectar el normal desarrollo de los comicios:
-El primero de ellos está relacionado con el control social y territorial de los grupos armados, principalmente en torno a las economías ilegales.
-Un segundo factor tiene que ver con la guerra entre las diversas organizaciones armadas ilegales por el control territorial y de los corredores estratégicos de movilidad.
-El tercero está directamente ligado a las amenazas contra líderes sociales o candidatos cuyas propuestas políticas van en contravía de los poderes locales hegemónicos y sus intereses.
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-El cuarto y último elemento perturbador encontrado por la Defensoría es la continuidad del conflicto armado interno, con una fuerte influencia del narcotráfico.
En la alerta emitida de cara a la contienda del próximo fin de semana, Norte de Santander escolta a Cauca (16 municipios), Nariño (14) y Chocó (9), como las zonas más afectadas en el país y con riesgo extremo para la jornada democrática.
Entre tanto, estos otros 10 municipios nortesantandereanos se encuentran en riesgo alto para las elecciones, según la información que publicó la Defensoría del Pueblo: La Playa de Belén, Ábrego, Ocaña, Villa del Rosario, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, Sardinata, Bucarasica y Toledo.
Con relación a las zonas del país en las que existe riesgo alto, Norte de Santander se ubica en la décima casilla, detrás de Antioquia (30 municipios), Sucre (16), Valle del Cauca (12), Magdalena (12), Bolívar, Boyacá, Nariño y Meta (11 cada uno) y Chocó (10 municipios).
En contraste con el informe emitido en febrero, en el departamento no ha variado el nivel de riesgo y tanto los ocho municipios en riesgo extremo, como los 10 en riesgo algo se mantienen.
El panorama nacional
En el informe de la Defensoría del Pueblo se detalla que gran parte del incremento de los casos de amenaza a nivel nacional se debe al aumento de las acciones perpetradas por el Eln y las AGC-Clan del Golfo en las últimas semanas. Esto ha hecho que 16 municipios más que hace unos meses se encuentren en riesgo extremo y alto.
La advertencia fue hecha desde Quibdó (Chocó) por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien presentó el informe de seguimiento en el cual se destaca que, de los 521 municipios a los que se les viene haciendo monitoreo permanente, 290 presentan riesgo extremo y alto de vulneración a los derechos de la población, 16 más que los registrados en el informe de febrero de este año.
Además de recomendar nuevas acciones a las autoridades gubernamentales frente al proceso electoral, el Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana 004 constató que entre febrero y mayo se pasó de 79 a 84 municipios en riesgo extremo y de 195 a 206 municipios con riesgo alto de vulneraciones a los derechos de los ciudadanos.
“A pesar de los esfuerzos por parte de la institucionalidad del Estado para atender las recomendaciones hechas en febrero y su articulación en el marco de la Ciprat, las acciones violentas del Eln y las AGC-Clan del Golfo, particularmente en los departamentos de Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Chocó y Antioquia, ocasionaron que desde nuestro Sistema de Alertas Tempranas se aumentara el número de municipios con riesgo extremo y alto”, aseguró el defensor del Pueblo.
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Ahora bien, el informe de seguimiento reconoce la influencia en los territorios de varios grupos armados ilegales y sus disputas por las actividades criminales del narcotráfico, la minería ilegal, microtráfico, ‘gota a gota’, extorsiones, entre otras.
Frente al incremento del riesgo, la Defensoría recomendó la implementación de acciones extraordinarias para la protección de las comunidades por parte de las instituciones del orden municipal, departamental y nacional.
También solicita que se adopten estrategias contundentes de inteligencia que permitan garantizar las condiciones de seguridad para la participación en las elecciones.
En el informe, que fue construido por cerca de 60 funcionarios de le Defensoría, se detalla que 178 municipios del país se encuentran en riesgo medio y otros 53 en riesgo bajo.
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