De acuerdo a un informe publicado por la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, tribunales de más de 22 países han abierto 116 causas vinculadas con la corrupción venezolana que involucran más de 64.000 millones de dólares. 

Ese envilecimiento que se alimentaba de los ingresos del sector petrolero y del diferencial cambiario, cuando estos quedaron aplastados por la inminente asfixia que supuso el gasto público, encontró otras alternativas en las industrias ilegales como el contrabando de gasolina, el tráfico de drogas, los cobros ilegales en los puertos y el comercio ilícito del oro.

Esta información es parte de la investigación que hizo Transparencia Venezuela, una asociación civil sin fines de lucro, dedicada a promover procedimientos para prevenir y disminuir la corrupción. 

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La ONG es parte de esta red mundial de lucha anticorrupción y en su más reciente informe, publicado en el 2022,  aborda, describe y analiza el accionar de las mafias más poderosas que operan en Venezuela, y la manera como estas lograron expandirse a otros países como Colombia a través de mafias que delinquen en la frontera. 

Contrabando de combustible 

El análisis de Transparencia Venezuela sostiene que la estrategia del chavismo durante los primeros quince años de gobierno fue la nacionalización total de la industria de hidrocarburos, teniendo a la estatal petrolera Pdvsa  y los grupos de interés relacionados a ella como principales beneficiarios. 

Estiman que por la diferencia entre el precio de la gasolina venezolana y la de países vecinos, el contrabando de combustible por Brasil y Colombia para el año 2018 generaba rentas entre 1.860 millones y 2.800 millones de dólares (la fuga era de 80.000 barriles diarios, aunque se alcanzó un pico de 120.000).

“Esto implica que entre 2008 y 2018 actores corruptos recibieron de 21.000 millones a 31.000 millones de dólares por medio de la actividad ilegal”, dice la investigación citando como respaldo el resultado de las estadísticas de Ecoanalítica  (2018).

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Previo al colapso del tema del combustible que se inició en Venezuela en el 2019, a lo largo de la frontera colombiana en Táchira y Zulia (en donde existían al menos 192 trochas), militares venezolanos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (Eln) e, incluso, grupos criminales comunes, incursionaron en el negocio del contrabando de combustible que generaba al menos 3 millones de dólares diarios.

Una vez en Colombia, la gasolina venezolana podía aumentar su valor por 3.700 veces, representando para el momento un negocio que en muchas ocasiones era más lucrativo que el de la droga.

En la investigación de la ONG, se indica que la crisis por la escasez de gasolina que llevó a que los flujos de contrabando se revirtieran y en los estados fronterizos se comenzó a cubrir la demanda con combustible que entraba por contrabando desde Colombia. 

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Transparencia Venezuela estima que el desvío interno de gasolina se encuentra al menos entre 1.800 y 2.700 millones de dólares anuales para factores que controlan el comercio ilegal.

Narcotráfico

Citando como fuente al Observatorio de Delito Organizado (2018), la organización afirma que casi todas las drogas que se trafican en territorio venezolano provienen de Colombia, en particular de la frontera Andina. 

Indican en el estudio que tras la firma del acuerdo de paz entre estos grupos armados que opera en Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos (2016), se incrementó la presencia de estas organizaciones en territorio venezolano.

“Estos grupos transportan y almacenan grandes cantidades de cocaína en zonas rurales de Venezuela y utilizan el país como puntos de transbordo para envíos con destino a México, Centro América, África Occidental, Europa, y el Caribe, de acuerdo con reportes de la DEA”, dice el informe.

Control de los puertos

Los registros de Ecoanalítica, empresa de investigación dedicada a la recolección y análisis de datos, arrojan que Venezuela llegó a importar hasta 6 mil millones de dólares mensuales en bienes y servicios durante el periodo de 2013 y 2014. Esto despertó el interés de grupos de poder por controlar los puertos.

Sin embargo, la crisis económica que se agudizó en Venezuela con la destrucción de la industria petrolera y el desplome de los precios del petróleo, causó una reducción de los niveles de importación y exportación, lo que se tradujo en una caída de la actividad portuaria.

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Las nuevas barreras comerciales internacionales, la reducción de regulaciones comerciales nacionales y la aparición de figuras  denominadas “bodegones” (comercios que venden productos importados), transfirieron el negocio a los conocidos como “puerta a puerta” que abastecen en gran parte el inventario de esos establecimientos.

La naturaleza de estos servicios dificulta realizar el debido proceso de declaración de impuestos, porque la gran cantidad de productos que llegan en los containers y su diversidad vuelve el proceso más complejo, lo que lo hace perfecto para recaudar fondos de manera ilícita.

Extorsión en alcabalas venezolanas

A efectos del informe, la extorsión en las alcabalas también es considerada una economía ilegal. Los cobros ilegales en las alcabalas venezolanas se intensificaron a partir de la cuarentena decretada en medio de la pandemia de la Covid-19, afirma.

De acuerdo con un análisis realizado en conjunto por Transparencia Venezuela y Ecoanalítica que se desprendió de un estudio aplicado, se estima que si se transita por 100 puestos de seguridad en un momento determinado, en 25 de estos se presentará un acto extorsivo.

Las organizaciones aplicaron un estudio a 20 empresas relacionadas con los servicios de transporte y distribución del país en el primer trimestre del 2022 y levantó datos efectivos de 10 de esas compañías. En un promedio de las respuestas que obtuvieron, se precisó que la probabilidad de extorsión se ubica en 25%.

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