El 6 de septiembre de 2008 toda Colombia pudo certificar que eran ciertas las denuncias que en ese entonces venían haciendo varias personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas algunas madres de Soacha (Cundinamarca), sobre el hecho de que sus hijos, esposos y hermanos habían sido engañados con falsas promesas de trabajo en el Catatumbo, para llevarlos a Ocaña y que el Ejército los asesinara, para luego hacerlos pasar como guerrilleros.

Si quieres tener acceso ilimitado a toda la información de La Opinión, apóyanos haciendo clic aquí: http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

El 5 de diciembre de 2007, la Defensoría del Pueblo fue la encargada de dar la primera alerta sobre la posibilidad de que civiles inocentes estuvieran siendo asesinados y presentados como ‘positivos’ operacionales, en una audiencia pública en el teatro Leonela, de Ocaña, que se dio con organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos y organizaciones campesinas de la zona. 

Por esas denuncias, el Ejército decidió cambiar de estrategia y fue ahí cuando se contactaron con varios civiles para que fueran ellos los que reclutaran jóvenes de otros municipios del país para llevarlos al Catatumbo y así los militares los asesinaran y siguieran engrosando las estadísticas del éxito militar en la guerra.

Hoy, después de casi 14 años de esa oscura época (2007-2008), siguen abiertas las heridas en los corazones de los familiares de las víctimas de esa macabra práctica que aplicaron durante más de un año varios integrantes de la Brigada Móvil 15, del Batallón Francisco de Paula Santander, en Ocaña, para aumentar las estadísticas de presuntos guerrilleros muertos en combates, como se los exigían los altos mandos militares regionales y nacionales.
 

Así quedó demostrado el pasado martes y miércoles, durante la audiencia de reconocimiento de responsabilidad que organizó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Ocaña, mismo municipio en el que se encontraron varias de esas víctimas inocentes sepultadas en el cementerio Las Liscas. En el evento estuvieron, una vez más, frente a frente los familiares de los asesinados y autores directos e indirectos de estos hechos.

Lea también: Quiso conocer a su papá y cayó en las ‘garras’ del Eln

Historias llenas de dolor y muerte

Flor Hilda Hernández es una de esas madres que día tras día recuerda lo que pasó con su hijo Elkin Gustavo Verano Hernández, quien fue asesinado y presentado como guerrillero dado de ‘baja en un combate’. Ella asegura que es muy difícil olvidar todo y hacer como si nada hubiese pasado, pues su alma esta resquebrajada y su corazón quedó herido desde que se enteró de la trágica muerte del ‘amor de su vida’. 

_{A la izquierda, fotografía tomada por Edgar Cusgüen cuando fueron hallados los restos de su hijo. A la derecha fotografía de Jorge Gutiérrez en la audiencia de la JEP en Ocaña.}

Con la voz entrecortada y haciendo pausas muy cortas para evitar que las lágrimas recorrieran una vez más sus mejillas, Flor Hilda contó que la noche del sábado 12 de enero de 2008, su hijo la llamó y me dijo que al otro día le iba a llevar plata. “Pero solo eran 10 mil pesos, porque el patrón no le había pagado, yo le dije que no importaba. Entonces me dijo: ‘cuchita, madrecita linda, mañana me tiene mi plato preferido’. El plato preferido de él eran los espaguetis con hartas sardinas”.

Pero el domingo 13 de enero, Elkin Gustavo no llegó a la cita con su mamá, quien lo esperaba con su comida preferida como él se lo pidió. Aunque a ella le pareció raro, pensó que de pronto le había tocado ir a trabajar y no sé preocupó. Pero la realidad era otra, a él se lo habían llevado en un viaje sin retorno.

“El trágico desenlace se vino el lunes, cuando mi hijo ya no me llamó y yo le marqué, pero se demoraba mucho para irse al sistema del correo de voz. Yo me fui para mi trabajo y en la noche me llamó el patrón de él y me dijo: ‘Flor que pasó con el gringo’. Cuando le pregunté a qué se refería, me dijo que Elkin no había ido a trabajar a la bodega y era el que tenía las llaves. Entonces le dije: es que Elkin quedó de venir el domingo y no vino”, sostuvo la angustiada madre.

Le puede interesar: Cayó ‘Mono Gringo’, presunto asesino de policías en Tibú

A partir de ahí, la vida le cambió totalmente a Flor Hilda. Con la angustia de no saber nada de su hijo, la mujer todos los días le marcaba a su celular, pero siempre estaba apagado. A las 72 horas de su desaparición, ella acudió ante la Policía, Fiscalía y Medicina Legal para ver si en esas entidades había algo de él, pero nada. 

Ocho meses después de esa intensa búsqueda, Flor Hilda recibió una llamada de una funcionaria de Medicina Legal indicándole que su hijo estaba muerto en Ocaña. Ante eso, ella viajó el 24 de septiembre de 2008 y al llegar se encontró con la cruda realidad de que a Elkin Gustavo lo habían matado en medio de un supuesto combate y que lo señalaban de guerrillero.

Al leer ese informe, ella entró en una crisis emocional y sabiendo que nada de eso era cierto, inició una lucha, junto con otras mamás también de Soacha, para demostrar que todo era un montaje y nada de lo que decía el Ejército era cierto. Y hasta hoy lo ha logrado hacer. 
 

La imagen de esta mujer de 58 años, llorando y totalmente destrozada ese día que desenterraron a su hijo de una fosa común en el cementerio Las Liscas, en Ocaña, captada por un fotógrafo de La Opinión, le dio la vuelta al mundo. 

Hoy, volvemos a ver a Flor Hilda con el mismo sentimiento de tristeza, pero llena de fuerzas para exigirles a esas personas que fueron retiradas del Ejército por esos atroces crímenes, que digan toda la verdad y que den los nombres de quienes ordenaron cometer esas ejecuciones extrajudiciales, pues está convencida de que a esa trágica historia aún le falta un pedazo.

Lea también: Un canal de terror y muerte en Cúcuta

Otra triste historia es la del cucuteño Álvaro Marulanda, que también se vio afectado por esos crímenes sistemáticos, pues su hermano Martín Marulanda fue asesinado y presentado como una ‘baja en combate’.

“Martín era un paciente psiquiátrico. El 30 de diciembre de 2007, él fue raptado por unos desconocidos cuando caminaba por la autopista de la ciudadela Juan Atalaya, cerca del colegio Departamental, y al día siguiente estaba en Bucarasica y antes de mediodía ya era víctima, con un tiro de fusil en la cabeza y cinco tiros de pistola en el abdomen, como reza el informe de balística”, manifestó Marulanda.
 

Este abogado, es contundente al asegurar que el montaje de la muerte de su hermano, quien fue señalado de ser un guerrillero, no estuvo solo en manos del Ejército, sino que también participó la Fiscalía y la justicia penal militar, al ocultarle información sobre lo ocurrido, pues solo hasta después de ocho años fue que conoció sobre este dramático episodio.

“Pasados ocho años fue que descubrimos que mi hermano era parte de las personas que habían matado con esos muchachos de Soacha y comenzamos la recolección del registro civil de defunción, el cual duramos dos años para obtenerlo”, explicó Álvaro Marulanda.

Lea también: Un canal de terror y muerte en Cúcuta

Los asesinos de su hermano, según Álvaro Marulanda, son: el teniente Daniel Fernando Estepa Becerra; los soldados profesionales Luis Rodríguez Noriega, Alfonso Cubides, Héctor Uribe Rodríguez, Arnulfo Cristancho Acosta, y los cabos terceros Hugo Ordoñez González y Wilson Matoma Madrigal.

Pero lo más lamentable para Álvaro es que aún, después de 14 años y de comprobar que a su hermano lo mataron y lo hicieron ver como un guerrillero, no ha podido recuperar sus restos, pues cuando llegó a Ocaña a buscarlos ya no estaban y la única respuesta que le dan, es que algún otro familiar de las víctimas de los falsos positivos se los llevó.

Así como este hombre, hay dos jóvenes hermanas, también de Cúcuta, que luchan por limpiar el nombre de su papá, Joselyn Darío Jaimes González, y que se haga justicia, porque él también fue asesinado y señalado de ser guerrillero.

Maira Alejandra Jaimes Díaz señaló que a su papá lo mataron el 5 de abril de 2008. “A él se lo llevaron de Cúcuta hasta la vereda Los Naranjales, de Sardinata, lo vistieron con un camuflado militar, le pusieron una escopeta y una granada, y dijeron que aterrorizaba la zona de Los Naranjales”.

Pero la realidad fue que a Joselyn Jaimes González, quien laboraba como reciclador cerca del batallón en Cúcuta, se lo llevaron con engaños de que iba a trabajar en una finca y que le iban a pagar muy bien.

“Lo que ahora exigimos es justicia porque llevamos 14 años esperando esto, que (los exmilitares) aceptaran esto, porque en la justicia ordinaria no lo iban a hacer nunca, porque íbamos a la Fiscalía y simplemente nos prestaban atención por el momento y luego era un archivo más, como hay miles de estos casos”, aseguró Maira Alejandra.

Le puede interesar: Cúcuta, tres años seguidos entre las ciudades más violentas

Y lo peor para estas mujeres es que cada vez que indagan más sobre el asesinato de Joselyn Darío se enteran de cómo se dio el montaje para que fuera asesinado y presentado como una baja en combate. “Lo que hemos sabido es que las prendas de vestir que llevaba puestas, cuando lo encontraron, no tenía ni un solo orificio de bala, lo que indica que a él primero lo mataron y luego lo vistieron”, indicó Maira Alejandra Jaimes. 
 

A Joselyn Jaimes se lo llevaron varios hombres cuando estaba en una tienda del barrio Alfonso López, porque para ese entonces él y su familia vivía en la parte alta de ese humilde sector de Cúcuta.

Pero muchas de estas familias siguen sin entender porque algunos de ellos fueron torturados. “A mi esposo le dieron una muerte muy criminal, a él lo torturaron, lo ahorcaron y después lo mataron. Le dieron plomo en las piernas para hacer ver que él iba corriendo. Eso sucedió el 6 de octubre de 2007”, aseguró Eduvina Becerra, esposa de José Eliécer Ortega Bonet.

En Norte de Santander hay 120 casos así como estos que se referencian en este reportaje (ver más en video en www.laopinion.com.co). Todos ellos están en las manos de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que desde 2018 comenzó a recopilar información de cómo se dieron y quiénes son los responsables de estos crímenes, considerados de guerra y de lesa humanidad, para poder juzgar y castigar a quienes participaron de ellos, con penas restaurativas como lo contempla el marco de la JEP. 

Lea también: El Epl y sus ‘agonizantes’ intentos de tomarse a Cúcuta

De héroes a villanos

Y precisamente, en ese proceso especial de justicia, la JEP ha logrado que 10 militares, entre los que se encuentran un general, cuatro coroneles, un mayor, un teniente y tres suboficiales, hoy retirados, pero que pertenecieron a la Brigada Móvil 15, y un civil, se acogieran y contaran toda la verdad sobre esas ejecuciones extrajudiciales que cometieron entre 2007 y 2008 en Norte de Santander.
 

Este dramático episodio en la historia sangrienta del Catatumbo tuvo dos etapas, una fue cuando esos exmilitares escogieron sus víctimas al azar en varias poblaciones de Norte de Santander con apoyo de inteligencia y la otra fase se dio cuando buscaron civiles para reclutar a jóvenes en Soacha, Bogotá, Aguachica, Gamarra y Bucaramanga y por cada persona que les entregaban para ser asesinada pagaban hasta un millón de pesos de recompensa. 

Una ‘máquina de muerte’

Por eso, cada vez que narran cómo planearon y ejecutaron los asesinatos de esas humildes e inocentes personas, quienes los escuchan sienten escalofrío y rabia, pues no pueden creer que se hayan valido de su posición en el Ejército para convertirse en unas ‘máquinas de muerte’, solo porque necesitaban mantener unas estadísticas nacionalmente y no llegar a ser catalogados como un fracaso en las acciones militares.

La Opinión reproduce hoy varios testimonios escalofriantes de los exmilitares que en la audiencia de esta semana, confesaron cómo planearon y ejecutaron las muertes de inocentes. 

Cabo primero (r) Néstor Gutiérrez Salazar

Para la época de los falsos positivos era cabo primero y comandante de escuadra. Él recordó cómo fue que ejecutó las órdenes que le dieron para elevar las cifras de bajas en combates de miembros de grupos armados ilegales.

“Asesinamos personas inocentes, campesinos… Se llevó un fenómeno criminal para 2007 y 2008. En mi vida de soldado a suboficial sucedieron muchas cosas, no solo fueron estos casos, esto ya era una ‘política’ que se llevaba dentro de las filas, no todos los militares y no toda la institución, porque había gente buena también… Cuando yo me presentó en la Brigada Móvil 15, se hablaba del Catatumbo y había una presión de los altos mandos, nos exigían dar resultados”, manifestó el exmilitar.

Añadió: “cuando entro a una unidad que llamaban ‘Esparta’ y me mandan a El Carmen y como para esos días habían cometido un secuestro, me envían a mí para hacer inteligencia dentro del municipio, me dirijo a un burdel, que por información me dicen que es de una persona que consume y vende droga, entonces la empiezo a presionar. Elaboró una lista con nombres que esta persona me da, de supuestos colaboradores (de la guerrilla), pero ellos no eran colaboradores”.

Le puede interesar: 'Ernesto', de líder social en Cúcuta a jefe político de la disidencia

Y como el jefe de operaciones de la Brigada Móvil 15 le había dicho que debían buscar resultados como fuera, al exsuboficial se le hizo fácil entrar en contacto con los paramilitares de la región, especialmente de Aguachica para conseguir esas armas que les pusieron a muchas víctimas para hacer creer que efectivamente ellas las habían disparado contra los militares y por eso se dio un combate y murió a raíz de eso.

“Pero los grupos de guerrilla no los encontrábamos y había que dar resultados. Por eso, la lista que elaboré en El Carmen, fue una lista de 14 o 15 personas, con María Eugenia Ballena Mejía… A ella le pagaban por cada persona que entregaba. Ella de una u otra forma conocía mucha gente porque era la que administraba el bar. Y empezamos a ejecutar a los campesinos de la región”, narró el excabo primero.

Una de sus víctimas fue Javier Peñuela, quien el 30 de junio de 2007 salió de su casa hacia el casco urbano de El Carmen, en busca de un odontólogo para que le quitara un dolor de muela. Según el exmilitar Gutiérrez, el homicidio de este campesino ya lo tenían programado desde días atrás.
 

“María Eugenia Ballena nos llamó ese día a decirnos que él había bajado al pueblo, entonces hago la coordinación por teléfono con otra unidad para que se lo llevaran. Ya teníamos un fusil para ponérselo después de muerto, porque para cada caso hubo una planeación y como ya lo dije los paramilitares nos daban las armas”, manifestó el exsuboficial.

La madrugada de ese 30 de junio, en la vereda Tierra Azul, de El Carmen, soldados del Batallón Contraguerrilla Nº 98, de la Brigada Móvil 15, de Ocaña, asesinaron a Javier Peñuela, todo fue arreglado para que pareciera un combate contra subversivos del Eln, aunque él estaba vestido de civil, le hallaron un fusil AK-47 con dos proveedores, cada uno de ellos tenía 23 cartuchos y en su bolsillo izquierdo del pantalón metieron una granada de fragmentación. 

Años más tarde, Gutiérrez, arrepentido, se acercó a la Fiscalía de Derechos Humanos, en Cúcuta, y contó el maquiavélico plan que habían implementado en la Brigada Móvil 15, del Batallón Francisco de Paula Santander, en Ocaña, para mostrar resultados. A partir de ahí fueron cayendo presos varios de los militares implicados en estos hechos, pero los avances en las investigaciones en la justicia ordinaria eran cada vez más lentos, por eso en 2018 cuando la JEP aceptó este proceso, la cruda realidad de los falsos positivos se hizo más visible y hoy, 11 de los confesos responsables esperan la condena restaurativa.

Por el caso de Javier Peñuela también fue condenado a 26 años de prisión el soldado Adolfo Ropero Rangel, pues la Corte Suprema de Justicia validó la sentencia del Tribunal Superior de Cúcuta, que aseguraba que Peñuela no pertenecía al Eln y que era un humilde campesino en El Carmen. Y muy posiblemente el militar estaría esperando que también sea aceptado por la JEP.

María Eugenia Ballena Mejía, quien fue señalada por Gutiérrez como una colaboradora para los falsos positivos, estuvo un tiempo en la Penitenciaría de Cúcuta, por homicidio agravado, homicidio agravado, fraude procesal y concierto para delinquir, por hechos ocurridos entre 2007 y 2009, pero al someterse a la JEP obtuvo la libertad condicional, pues ella estaría aportando su testimonio para esclarecer lo que sucedió en esa parte del Catatumbo.

Capitán (r) Daladier Rivera Jácome 

Es uno de los oficiales que también orquestó todo ese macabro plan para asesinar personas inocentes. Según él, en el segundo semestre de 2006 encontró una caleta llena de armas, que jamás reportaron y precisamente muchas de esas armas largas y cortas fueron las que les pusieron a algunas de las víctimas de los falsos positivos.
 

Sargento segundo (r) Rafael Urbano Muñoz

Él ha manifestado que participó en varios crímenes, como el de Luis Sánchez Guerrero, que habría sido entregado por el cabo Carlos Eduardo Mora para que fuera asesinado y presentado como presunto paramilitar, porque supuestamente le molestaba a su esposa.

“El cabo Eduardo Mora siempre estuvo presente en todo esto y es el que menos nos está dando la cara en los procesos… nunca ha dicho la verdad. El joven Luis Sánchez lo sacamos con engaños porque era un mototaxista en Ocaña, para entregárselo a mi mayor (Daladier) Riviera para que procediera con el asesinato”, contó Urbano Muñoz.

El exmilitar también vinculó a un oficial, el cual identificó como el mayor Velandia, que habría participado en los falsos positivos, pero hoy está activo en el Ejército y tiene el grado de general de la República.

Además, sostuvo que por muchas de las víctimas cobraron recompensas y para evitar que fueron descubiertos, presentaban cédulas falsas o que eran robadas en las calles. “Esos pagos se hacían fácil porque solo se mostraba una mano por medio de una ventanilla, no había que dar la cara”.

Mayor Juan Carlos Chaparro 

Otro exoficial que confesó su participación en esa época sangrienta fue el mayor (r) Juan Carlos Chaparro Chaparro, quien para el 2008, luego de que estalló ‘la bomba’ de las ejecuciones extrajudiciales, fue nombrado como comandante encargado del Batallón Francisco de Paula Santander, de Ocaña, y que a pesar de que ya se conocía la ‘máquina de muerte’ que tenían, siempre les negó todo a los familiares de las víctimas.

“Cuando yo recibo como comandante (e) del batallón a mí me llegan muchas víctimas (familiares) y mancillé el nombre de ellas, inclusive con voz fuerte les decía que los familiares de ellos estaban en alguna estructura, siendo esto falso. Siempre acompañando a lo que los subalternos hicieron y dándoles fe a ellos de lo que estaban haciendo estaba bien”, afirmó Chaparro Chaparro.

Agregó: “durante mucho tiempo seguí en la misma tónica, aportando documentos, porque me llegaron todas las revistas (inspecciones) al batallón y lo primero que hice fue mirar cómo estaba la documentación que había para que todas las ejecuciones extrajudiciales que se habían hecho parecieran que fueran una realidad, trasnochamos haciendo, cambiando y hasta borrando documentación”.

Coronel (r) Rubén Castro Gómez

Reconoció que dentro de la Brigada Móvil 15, unidad que él comandó, hubo una “banda criminal”, de la cual tuvo conocimiento y no denunció ni investigó, “que fue creada con el fin de incrementar los resultados operacionales, con una exigencia que no era sino la de bajas en combates a como diera lugar, eso de acuerdo a las políticas del comandante del Ejército (general Mario Montoya Uribe). 

Porque de esa forma éramos calificados por el comando de la Segunda División y el comando general del Ejército”.

El exmilitar también reconoció que por esas acciones felicitó, otorgó permisos y hasta condecoró a sus hombres.

Coronel (r) Santiago Herrera Fajardo

Por ser comandante de la Brigada Móvil 15, durante 2006 y 2007, afirmó que dentro de su unidad operó una estructura criminal de facto. 

“Este pacto criminal fue configurándose por algunos de los miembros de la unidad bajo mi mando a partir del comienzo del año 2007, a medida de que yo iba presionando a mis subalternos en términos de bajas en combates a como diera lugar, en respuesta a la dinámica de guerra que estaba establecida por el comando del Ejército en esa época general Mario Montoya Uribe y de la Segunda División, general Carlos Ovidio Saavedra Sáenz… constituyendo así una política macrocriminal dentro de la Brigada Móvil 15”.

Herrera Fajardo reveló los nombres de algunos comandantes, para esa fecha, de varias unidades militares que se vieron inmersas en esas prácticas terroríficas, “en el Batallón Contraguerrilla N°95 se encontraba el mayor José Reinel Herrán Villalba, quien tuvo conocimiento de lo ocurrido; en el Batallón Contraguerrilla N°96 estuvo el mayor José Simón Vaquero; el Batallón Contraguerrilla N°98 fue comandado por el mayor Alfonso Teherán Rolón”.

Sargento segundo (r) Sandro Pérez Contreras

Ante lo sucedido por esos asesinatos sistemáticos, Sandro Pérez Contreras, quien hizo parte de la inteligencia militar, también manifestó que él se convirtió en una ‘máquina de muerte’, porque usó el uniforme y el grado que tuvo en el Ejército para cometer esos hechos.

Para cumplir con esas exigencias que le hacían, buscó a unos civiles que vivían en Bogotá para que reclutaran jóvenes en Soacha (Cundinamarca) y bajo falsas promesas de trabajo en el Catatumbo, los llevaran a Ocaña para matarlos y hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. 

“Yo planeé cómo se debían entregar (jóvenes) a los militares que iban a accionar sus armas. Planeé cómo debían comprar los pasajes para que ellos llegaran acá (Ocaña). Planeé cómo entregar las armas. Planeé cómo hacer para que esos jóvenes quedarán como muertos en combate… En ese planeamiento hice documentación falsa para darle credibilidad a cada hecho. Les robé la identidad a sus seres queridos, que mediante engaños y propuestas falsas pensaron que iban a mejorar su vida. Les quité los documentos para que los reportaran en el momento como personas N.N. (sin ningún nombre), esto hacía que la identificación fuera más difícil y no pudieran encontrar a sus seres queridos”, explicó Sandro Pérez. 

Alexander Carretero Díaz (civil)

Uno de esos civiles con el que el sargento segundo (r) Sandro Pérez tomó contacto para buscar jóvenes en Soacha y poderlos matar sin ningún problema en Ocaña, fue Alexander Carretero Díaz, quien vivía en esa población de Cundinamarca.

Confesó que el reclutamiento de jóvenes para ser asesinados en aparentes combates con miembros de grupos ilegales se lo enseñaron Pedro Antonio Gamez y Dairo Palomino, quienes ya venían delinquiendo con varios militares y ganando recompensas de hasta un millón de pesos por persona entregada al Ejército.

El testimonio de Carretero Díaz también ha sido escalofriante y se convirtió en uno de las más importantes para que la JEP entendiera como era que funcionada esa ‘estructura criminal’, que mandó a traer personas de Bucaramanga, Gamarra, Aguachica, Soacha y Bogotá, porque ya no podían seguir reclutando campesinos del Catatumbo ni personas de bajos recursos de Cúcuta.

Fueron muchos los jóvenes que Alexander Carretero logró engañar y trasladar a Ocaña, y luego de más de 16 horas de viajes, eran llevados a unas casas o al mismo batallón para que descansaran y así los militares lograran organizar todo para matarlo y hacer el montaje con uniforme, armas y granada para que todo pasara como bajas en combates.

Coronel (r) Gabriel Rincón Amado

Como jefe de operaciones de la Brigada Móvil 15, en ese entonces, también es consciente de que bajo su mando se cometieron muchas de las atrocidades que presentaron como bajas en combate.

“Acepto mi responsabilidad frente a la empresa criminal que se creó, desarrolló y organizó al interior de la extinta Brigada Móvil 15, del Ejército, todo con el fin de presentar falsas muertes en combates y así posicionarse frente a las presiones de los comandantes”, comentó el exoficial del Ejército, durante la audiencia que llevó a cabo la JEP.

Rincón Amado tiene claro que encubrió a muchos oficiales y suboficiales en los asesinatos, pues en la “empresa criminal” se dividieron funciones y su rol era plasmar en unos documentos que sirvieran de legalidad a esas falsas operaciones y que en la Fiscalía quedará que había sido algo real. 

Coronel (r) Álvaro Tamayo Hoyos

En esa época fue comandante del Batallón Santander, en Ocaña, también manifestó que en estos hechos solo están siendo investigados unos cuantos y no todos, por eso reveló varios nombres de los que estarían implicados en esos falsos positivos.

General (r) Paulino Coronado

La JEP y los familiares de las víctimas también han escuchado la versión del general (r) Paulino Coronado Gámez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como comandante de la Brigada 30, y es el militar de más alto rango en acudir a la justicia especial a contar su versión sobre los falsos positivos.
 
Este oficial retirado del Ejército dejó en claro que esos asesinatos fueron cometidos a espalda suya y que solo se vino a enterar el 6 de septiembre de 2008, cuando estalló el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, sin embargo, varios familiares de las víctimas sostuvieron que a él le informaron en diciembre de 2007 lo que venía ocurriendo y no tomó las medidas necesarias para frenar estas prácticas.

Luego de esos dos días de audiencia de reconocimiento que se dieron en Ocaña y pese a admitir su responsabilidad en los falsos positivos, el mayor (r) Juan Carlos Chaparro, los coroneles (r) Rubén Castro y Santiago Herrera y el general (r) Paulino Coronado solo aceptaron ser coautores de los hechos, por el cargo que ostentaban y por creer ciegamente en sus hombres, cuando lo que se estaba dando eran unos asesinatos sistemáticos en busca de ascensos, premios y condecoraciones.

Su versión no ha sido muy bien recibida por las familias de las víctimas, pues muchas de ellas creen que no han querido decir toda la verdad, pues aún tienen muchas inquietudes que nos les han resuelto y una de ellas es ¿quién ordenó la matanza de gente inocente? “porque detrás de ellos hay más, la cúpula militar, el ministro y el presidente de la República de esa época, nadie los quiere vincular”, sostuvieron varias personas afectadas por esos hechos.

Ahora, resta esperar 15 días para que los abogados de las víctimas pidan mayor claridad en lo dicho por los 10 exmilitares y el civil o demuestren que la colaboración que están dando no es la que esperaban, para que la JEP tome una decisión y aplique lo dicho en los estatutos legales, pues de comprobar que no se ha contado toda la verdad, los hoy procesados podrían ser expulsados de la jurisdicción especial y sería la justicia ordinaria la que aplique sus sanciones.