La Gobernación del Norte de Santander adelanta las diligencias para definir la suerte de más de 100.000 campesinos que se encuentran en el limbo jurídico a raíz de una decisión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con el traspaso de cartas catastrales hacia el departamento del Cesar.
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La profesional universitaria de la Jefatura de Planeación departamental, Nancy Omaira Buitrago Bohórquez, recopiló la información de la tradición catastral para demostrar que esos predios pertenecen al municipio de Ocaña.
La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de la gobernación de Norte de Santander dio a conocer que desde la creación del departamento con la Ley 25 de 1910, no se estableció una descripción de sus límites y que, con la elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial, se identificaron conflictos geográficos, en este caso, con el departamento del Cesar.
Debido a esto, se llevó a cabo un Consejo de Gobierno para desarrollar el proceso de recolección de pruebas de las intervenciones que Norte de Santander ha realizado en estos límites y así definir un deslinde.
El primer mandatario de los ocañeros, Samir Fernando Casadiego Sanjuán, afirmó que desde cada una de las secretarías aportará el material que evidencie las acciones que se han ejecutado en favor de las familias que se sienten ocañeras y han recibido beneficios de la ciudad y el departamento.
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Después de realizar el debido proceso y presentar las evidencias, el Congreso de la República se encargará de radicar las propuestas y pronunciar el resultado.
Los litigios fronterizos
Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del año 2002, con relación a los conflictos territoriales con otros municipios, define que se presentan áreas en reclamación con el municipio de Ábrego (Norte de Santander) y a nivel departamental con el Cesar (Río de Oro, González y San Martín).
El punto de partida del conflicto limítrofe con Ábrego se generó cuando el IGAC realizó el deslinde Departamental, caso que aún reposa en Bogotá.
El área abarca 59.29 km2 (5.929 hectáreas) e incluye las veredas de los Curos, Cerro Negro, Sinuga, San Francisco, La Pacha, Miraflores, Filo el Cordón, Santa Clara, El Pino y Mariquita pertenecientes al corregimiento de Mariquita.
Las veredas afectadas por el conflicto territorial con el departamento del Cesar dependen económica y funcionalmente del municipio de Ocaña, incluyendo la prestación de servicios de asistencia técnica agropecuaria y el servicio educativo por la alcaldía municipal. La extensión del conflicto territorial con el departamento del Cesar es de 104.31 Km2 (10.431 hectáreas). Asumiendo esta diferencia de área, el Municipio de Ocaña presentaría aproximadamente 464.12 km2 (46.412 hectáreas).
Según el Ministerio de Agricultura, el área del municipio de Ocaña es de 52.160 hectáreas. Pero del Plan Básico de Ordenamiento Territorial el área es de 62. 772 hectáreas. Entonces, 10.612 hectáreas es la diferencia que enmarca el diferendo limítrofe del Municipio de Ocaña.
Municipio de Río de Oro - veredas afectadas: San Pedro, Los Curos, Nuevo Amanecer, El Poleo, El Cauca, Palmarito, Hierbabuena, Los Curitos, La Ceiba, San Antonio y Carrizal. Área total en conflicto 91.89 km2 (9. 189 hectáreas).
Municipio de González - veredas afectadas: Cotorreras y Cristo Rey con área total en conflicto 4.9 km2 (490 hectáreas).
Municipio de San Martín, veredas afectadas: Fundación y Miraflores, área total en conflicto 13.16 km2 (1316 hectáreas).
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Aún está en el sentir de los pobladores la necesidad urgente de definir los límites de Ocaña con los municipios de Teorama referente a las veredas del corregimiento Cerro de Las Flores, lo correspondiente a la vereda Piedras Blancas del corregimiento El Puente.
Campesinos, en el limbo
Después de varias audiencias públicas para analizar el deslinde, abogados y expertos en planeación buscan mecanismos tendientes a restablecer los derechos violados por la nulidad de las cartas catastrales de algunos predios de la zona rural del municipio de Ocaña para anexarlas al departamento del Cesar lo que genera un conflicto socioeconómico.
El deslinde de la totalidad de la línea limítrofe con el vecino municipio de Río de Oro se ve reflejado en la cartografía trazada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el cual tiene grandes implicaciones ya que los agricultores aparecen en la configuración del último Censo Nacional poblacional efectuado en el año 2018 como ciudadanos del otro ente territorial.
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El profesional del derecho, Diego Andrés Jácome Vergel, ganó el proceso del propietario de la estación de combustibles Caracolí, Jorge Eliécer Manosalva Durán, pero la medida de la restitución de los derechos no cobija al resto de los labriegos de la zona.
El problema limítrofe
Ese litigio surgió en el año 2006 y un lustro después el Instituto Geográfico Agustín Codazzi trasladó de manera inconsulta las cartas catastrales y la única demanda salió favorable en el 2018 cuando el Tribunal Administrativo del Norte de Santander determina la nulidad por algunas inconsistencias.
Mientras se actualizan los datos por ahora reciben los servicios de educación y salud en Ocaña, pero los impuestos deben pagarlos en Río de Oro Cesar. “Hemos hablado con todos los alcaldes, dirigentes políticos e incluso con la Procuraduría para que intercedan porque estamos a la deriva, del timbo al tambo y nadie escucha nuestras peticiones”, manifiesta el líder comunal del corregimiento de Pueblo Nuevo Luis Eduardo Díaz.
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Censuran la manera como se hacen esos cambios arbitrarios que impacta desde el punto de vista económico y social a la región. “Es triste, ya que nos acostamos como ciudadanos nortesantandereanos y al otro día amanecimos como habitantes del Cesar”, indica el vocero comunal quien emprendió la lucha por reivindicar los derechos.
Una pronta solución
El director de la oficina de Desarrollo rural, zootecnista José Luis Amaya Pérez, señala que el proceso es bastante complejo y afecta ostensiblemente a los cultivadores de la región.
“El 15 de diciembre de 2020, mediante resolución 1049, el IGAC reabrió el proceso para buscar una salida concertada entre las alcaldías, gobernaciones, jefes de planeación y asesores jurídicos de ambos departamentos. Se han realizado varias sesiones, ahora parece que los avances son significativos”, recalcó.
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Los resultados de todo ese proceso deben ir al Congreso de la República para que se convalide la concertación respaldada con documentos histórico, sociales, políticos, administrativos, económicos y culturales.
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