Y si bien hay quienes insisten en que esta movida se dio como parte de un compromiso que existía con aquellos que ayudaron a consolidar la victoria de Duque en esta región de frontera, otros aseguran que la salida del presidente de la junta obedeció única y exclusivamente a una decisión política promovida por la senadora Milla Romero.
Al ser consultado sobre la inesperada decisión del Gobierno, Quintero, quien también hace parte de la junta directiva, no ocultó su malestar, toda vez que consideró que esta es una forma de demostrar que se prefirió a la clase política que a la empresarial, y en ese sentido dijo sentirse burlado.
“No estoy molesto por quién llegó, pues es una persona muy buena, muy conocida, muy capaz y profesional, cumple con todos los estándares para ocupar el cargo, me molesta es la forma tan baja como se hacen las cosas”, sostuvo el empresario.
Quintero dijo no entender por qué a pesar de ser del mismo grupo empresarial que trabajó para sellar el triunfo del jefe de Estado en Norte de Santander, no le informaron nada de la decisión que se iba a tomar. “Fue una bajeza”, aseguró.
Insistió en que no tiene presentación la forma como se produjo la salida de Mario Latiff, pues en la historia de la Cámara nunca le habían cortado de manera abrupta su periodo a un presidente. “Por qué no esperaron al próximo año, él iba a renunciar a la junta el 31 de diciembre. Los egos políticos son muy grandes”, reiteró.
Aunque Rocío Romero, del sector inmobiliario, ya asumió la presidencia de la junta, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar ese cargo, por ahora no se pronunciará sobre su designación.
Mario Alberto Latiff fue recientemente uno de los protagonistas de la controversia que desencadenó la salida de Sergio Andrés Entrena de la Presidencia Ejecutiva de la Cámara y la llegada de Armando Peña.
Uno de los hechos que más llamó la atención fue que en menos de una semana, el ahora exdirectivo le remitió dos oficios al entonces representante legal suplente de la entidad, Mario Alberto González Avendaño, pidiéndole proceder de manera inmediata con la vinculación laboral de Peña Castro, pese a que el contrato que impedía su posesión seguía vigente.
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