Un contrato de prestación de servicios suscrito en 2016 para “apoyar” la gestión y “acompañar” al municipio en la implementación y la regularización de la contribución de plusvalía, tiene en aprietos a la exsecretaria general de la Alcaldía de Cúcuta durante la administración de César Rojas, Martha María Reyes, y al jefe de la Oficina Jurídica en ese mismo periodo, Emerson Meneses.

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La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cúcuta les formuló pliego de cargos a los dos exfuncionarios, por considerar que, al parecer, incurrieron en una falta disciplinaria, pues habrían desconocido la prohibición de entregar a terceros la administración de tributos.

Y es que según la queja que originó la investigación, Reyes cedió a un particular el ejercicio de facultades tributarias, pues una de las tareas del contratista era desarrollar acciones de fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones e imposición de sanciones, contrario a lo que dispone la ley.

Allí también se alertó que otras de las situaciones, aparentemente irregulares, que rodeaban el contrato, era, por un lado, la posibilidad que tenía esta persona de manejar información reservada y por otro, la forma de pago que se definió a su favor y la cual le otorgaba un porcentaje del recaudo logrado por concepto de plusvalía.

Tras evaluar las pruebas y los documentos aportados al proceso, el Ministerio Público resolvió endilgarle dos cargos a la exsecretaria general de la Alcaldía: el primero, por haber celebrado un contrato que no le estaba permitido a la administración municipal y el segundo, porque Martha María Reyes participó en la etapa precontractual del mismo y allí se habrían detectado serias irregularidades.

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Con relación al primer cargo, dice la Procuraduría que la exfuncionaria deberá entregar explicaciones, pues: “Revisados los informes, se desprende que las actividades efectuadas por el contratista no se trataron de simples tareas de apoyo a la gestión para asesorar y dar acompañamiento al municipio en la implementación y regularización de la contribución de Plusvalía como estaba descrito en el objeto del contrato, sino que, por el contrario, las acciones ejecutadas en forma independiente por el contratista podrían enmarcarse en la determinación, liquidación y discusión del tributo”.

En el pliego de cargos advierten también que se encuentra probado que el contratista presentó ante la Subsecretaría de Gestión de Rentas e Impuestos de la Alcaldía un total de 159 proyectos de resoluciones para el cobro de la contribución de plusvalía, sobre predios y contribuyentes debidamente identificados.

“Esto podría demostrar que la Alcaldía Municipal, a través de la Subsecretaría de Gestión de Rentas e Impuestos, se limitó simplemente a efectuar la firma de los proyectos presentados por el contratista, vaciándose en este particular la labor de determinación y liquidación del tributo”, señala un aparte del pliego.

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Así las cosas, la falta que se le achaca en este caso a la exsecretaria por parte de la Procuraduría es calificada como grave, a título de culpa gravísima.

El segundo cargo de Reyes

El otro reproche que le hace el ente de control a la exfuncionaria de la administración de César Rojas tiene que ver con su participación en el proceso que le dio vida al contrato en cuestión, pues en ese trámite se habrían desconocido principios como el de la economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal.

Lo anterior, por cuanto la Procuraduría evidenció posibles deficiencias en la estimación del valor del contrato, las necesidades del personal a contratar y su experiencia, entre otros aspectos.

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“El valor del contrato quedó definido en la cláusula tercera por $10 millones de pesos, como valor para efectos fiscales, más no determinado, ya que la forma de pago quedó sujeta a los resultados de las actuaciones realizadas por el contratista, a quien le sería cancelado el equivalente al 10% de los valores causados por concepto de contribución de plusvalía, IPC e intereses liquidados por el municipio, una vez se produjera la resolución de liquidación en firme y la inscripción de la acreencia”, dice el Ministerio Público.

En consecuencia, para el ente de control, la exsecretaria habría incurrido en una conducta presuntamente irregular calificada como gravísima, a título de culpa gravísima.

Hasta el momento, Reyes no ha aportado argumento de defensa alguno en el proceso que cursa en su contra.

Un cargo único contra Meneses

Al exjefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, Emerson Meneses, quien tenía a su cargo la supervisión del contrato de prestación de servicios, la Procuraduría le pide explicar por qué omitió el deber de informar a la secretaria General la presunta imposibilidad de adelantar “el objeto del referido contrato, en razón a la prohibición de entregar a terceros la administración de tributos”.

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“Con el anterior comportamiento, el señor Emerson Meneses González, en su condición de supervisor del contrato, posiblemente incurrió en la falta disciplinaria gravísima”, pues para la Procuraduría, el exfuncionario lo que debió fue salvaguardar los intereses de la entidad territorial.

En su defensa, Meneses presentó versión libre ante el ente de control y allí precisó que en su condición de supervisor del contrato, sí verificó las actividades y obligaciones que debía desarrollar el contratista y que bajo esos criterios validó su labor, “no encontrando anomalía alguna que lo llevara a presumir que el contrato se encontraba en contravención con la ley”.

Además, dijo que la forma de pago del mismo se fijó como “determinable más no determinado, en razón a la dificultad de establecer un valor exacto a pagar”.

Una vez notificada la decisión, el pliego de cargos pasa ahora a la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cúcuta, en donde continuará en curso la investigación.

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