Pertenecer a la población LGBTIQ+ sigue siendo un gran reto en el mundo, en este caso en Colombia y en Norte de Santander, ya que, aun en pleno siglo XXI, la discriminación y la homofobia continúan siendo protagonistas.
Aunque esta comunidad ha obtenido grandes logros, aún hay desafíos por superar y así lo han confirmado varios líderes LGBTI de la región.
Cristhian Morales, presidente del colectivo ‘Movimientos Visibles’ el cual nació este año, señaló que, su objetivo es “seguir reivindicando los derechos de la población LGBTIQ+, visibilizar las acciones positivas y mostrar un lado profesional y técnico, para que las personas que forman parte de Movimientos Visibles puedan crear proyectos para presentarlos a las instituciones públicas y se eleve a un nuevo nivel nuestra participación. Que las acciones no solo se queden en el asistencialismo, sino que seamos tenidos en cuenta y tengamos apoyo real y no solamente momentáneo por parte de los gobiernos”.
Morales resaltó que, un logro muy importante para la comunidad LGBTIQ+ en Cúcuta fue la creación de la Política Pública en el 2019, porque con los gobiernos departamentales y municipales han logrado la inclusión en diferentes escenarios y procesos para tener voz y voto.
Por lo que hoy es posible que participen en el Comité Departamental de Derechos Humanos, en la Mesa Departamental de Garantías, en la Mesa de Víctimas y “que seamos tenidos en cuenta en las distintas secretarías de Equidad de Género y en la Mesa Intersectorial de Personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversa”.
Sin embargo, reconoce que, aunque han obtenido apoyo, este no se ha dado como debería ser, puesto que, para la Política Pública que hay en la ciudad aún faltan muchos más recursos, las barreras culturales y de religión continúan existiendo, a veces los eventos solo se quedan en la conmemoración, pero “no se va más allá de la parte de inclusión en la educación o en la salud”.
Su lucha contra la Fuerza Pública
Si bien es cierto que la Fuerza Pública en Colombia tiene como obligación respetar y proteger los derechos de toda la población civil, sin distinguir de raza, género, clase social, religión, preferencia política, etc., la comunidad LGBTIQ+ continúa siendo víctima de atropellos por algunos funcionarios de este sector.
“Han salido muchos casos a la luz pública de cómo la policía y militares han atacado a miembros de la comunidad, solo por el hecho de ser. El sistema está fallando y por eso exigimos una reforma al sistema policial, porque no debería existir ningún tipo de discriminación ni de violencia contra nosotros y menos de funcionarios públicos”, agregó Morales.
El líder aseguró que, una de las mayores problemáticas con las autoridades se vive en el espacio público con las personas trans, teniendo en cuenta que muchas de ellas laboran en la prostitución y “sabemos que no hay garantías de seguridad y a diario hay denuncias sobre los ataques policiales que sufren”.
De acuerdo con la Red Regional de Información sobre Violencia LGBTI en América Latina y el Caribe, durante el 2014 y 2019, más de 1.300 miembros de esta comunidad fueron asesinados, resaltando que, Brasil y Honduras tenían la tasa más alta.
La organización Colombia Diversa dio a conocer a través de su informe ‘Así van las cosas: balance preliminar de la violencia contra personas LGBT en 2020’ que, entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2020, se registraron 75 homicidios y feminicidios de personas LGBT en el país: 27 mujeres trans, 12 mujeres lesbianas, 23 hombres gay, 1 hombre trans, 1 hombre bisexual y 11 personas más que fueron reportadas como LGBT.
20 de estos asesinatos habrían estado motivados por el prejuicio hacia la identidad de género u orientación sexual de las víctimas.
Mientras que 6 de las víctimas eran personas defensoras de derechos humanos: 2 mujeres trans, 2 hombres gay, 1 hombre gay y 1 mujer lesbiana.
El informe revela que, por lo menos dos de los casos registrados corresponden a ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes de la Policía o el Ejército Nacional, destacando además que, 35 de estas muertes ocurrieron durante del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional entre el 25 de marzo y el 31 de agosto con el fin de contener la pandemia de la COVID-19 en el país.
“Las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual están entre las principales víctimas de violencia policial. En muchos casos, los agentes de la Policía justifican estas agresiones diciendo que las mujeres trans cometieron hurtos o agredieron a otras personas. Sin embargo, estas acusaciones casi nunca se pueden comprobar. A esto se suma que muchas veces la violencia de la Policía es desproporcionada y se concentra en partes del cuerpo que son fundamentales para la expresión de género de la víctima, como el rostro, el cabello, los senos o los glúteos, lo que demuestra que las agresiones están motivadas por el prejuicio hacia la identidad de género de las víctimas. En el 2020 debido al contexto de restricciones que depositó en gran medida la necesidad de hacerlas cumplir en la Policía, esta institución utilizó esta excusa para cometer abusos contra la población civil”, detalló Colombia Diversa.
“Queremos decirle al mundo que la población LGBTIQ+ no quiere ser violentada, no quiere ser masacrada. Queremos decirles que somos libres y que al igual que otras personas tenemos derechos, familias y queremos garantizar paz y tranquilidad”, puntualizó Morales.
Mejores oportunidades de trabajo
Silvana Patiño, líder trans y empoderada de la comunidad LGBTI, es actualmente funcionaria pública de la Alcaldía de Villa del Rosario.
Aseguró que, aunque este es un gran logro y ya son visibles en diferentes aspectos, aún queda mucho por hacer.
“La Alcaldía de Villa del Rosario ha sido muy incluyente, han tenido en cuenta a la población LGBTI, porque en administraciones anteriores fue imposible. Soy la primera mujer trans que tiene el espacio de entrar a una alcaldía del municipio”, detalló Silvana.
Manifestó que, en Norte de Santander, los niveles de discriminación son demasiados altos, casi que en un 70%.
Señaló que, desde su cargo en la administración municipal ha tratado diferentes casos con la comunidad LGBTI, uno de ellos, el ocurrido hace varias semanas con un joven que fue víctima de la agresión verbal por parte de un uniformado, caso que aún está en investigación, pero que deja en evidencia que, no se sienten seguros con la Fuerza Pública, sino al contrario, amenazados.
“Debajo de estas pieles todos somos humanos y lo que buscamos siempre es que debemos respetar y ser respetados, porque ante todo la inclusión debe prevalecer”, agregó Silvana.
Detalló que, en Villa del Rosario hay más de 250 personas de la comunidad LGBTI, pero se está a la espera de hacer una nueva caracterización, porque con la llegada de migrantes venezolanos, se estima que sean muchos más.
Violeta Ferrer, asegura que, cuando se declaró hombre gay, no había dificultad para encontrar trabajo, mientras que, cuando hizo su proceso para convertirse en mujer trans, las oportunidades laborales se cerraron.
“Estamos luchando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos por una aceptación social en todos los diferentes entornos que nos rodean como personas. Antes con mi condición de hombre gay si pude ejercer mi carrera, pero ahora todas las puertas se cerraron. Tengo una buena hoja de vida, pero apenas ven que soy una mujer trans no me dan la oportunidad”, aseguró Ferrer.
Como parte de la comunidad LGBTI, envía un mensaje a la sociedad y a los gobiernos para que “nos abran un camino de experiencia y poder mostrar que si somos capaces. Que esos cinco años de universidad en donde trasnochamos y luchamos para pagar un semestre no se quede en un título. Que nos permitan mostrar nuestros talentos y demostrar nuestras capacidades, somos eficaces, eficientes y tenemos conocimientos para aportar a la sociedad”.