Hace dos años, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) por medio de la expedición de la Directiva No. 01 del 4 de marzo de 2022 emitió las orientaciones que deberían tener en cuenta las administraciones departamentales y municipales, así como los establecimientos educativos de carácter oficial y privado de todo el país, para fortalecer las acciones pedagógicas para la prevención y atención a casos de violencia sexual en contra de los niños, niñas y jóvenes en el entorno estudiantil, todo ello en el marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar.

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El MEN hizo un llamado para que, en todas las regiones se activara una Ruta de Atención Integral ante la sospecha, denuncia o evidencia de situaciones de riesgo y afectación de los derechos sexuales y reproductivos de los menores de edad, las cuales, tendrían que ser implementadas por las secretarías de Educación quienes a su vez, debían asumir la responsabilidad de organizar un comité interno que esté integrado por las dependencias que desarrollan las funciones de Inspección y Vigilancia, Administración de Talento Humano, Control Interno Disciplinario y el área de Calidad Educativa. 

Esto con el fin de que, de manera periódica y constante realicen seguimiento a los casos de reportes de violencia sexual contra los menores que se encuentran en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, así como dinamizar la implementación de las actividades de prevención y las actuaciones administrativas y disciplinarias que deban adelantarse. 

En este sentido, el pasado miércoles, la Gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Educación hizo la presentación oficial de la Ruta de Atención Integral que se debe aplicar en las instituciones educativas de la región para atender los casos de violencia sexual en los entornos escolares. 

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Bajo el lema “¡Con los niños no!”, Laura Cáceres, secretaria de Educación de Norte de Santander, señaló que el objetivo de la Ruta de Atención Integral no solo es orientar a los docentes y directivos, sino también a los estudiantes y padres de familia con respecto a las implicaciones legales de incurrir en cualquier tipo de violencia sexual contra un menor de edad, así como empoderar a los funcionarios de cada institución para atender cualquier situación adversa. 

La funcionaria aseguró que la contundencia de las medidas frente a estas situaciones será total, en el marco de las competencias que tiene como entidad rectora del sistema educativo, pero también respondiendo con la altura que se requiere a la responsabilidad con los estudiantes, quienes son la razón de ser del sistema educativo.

Cáceres envió un mensaje a los niños, niñas y jóvenes para que aprendan a no normalizar ningún tipo de violencia hacia ellos y a no guardar silencio, sino que denuncien, ya sea a sus compañeros, docentes, familiares o cualquier otra persona que esté atentando contra su integridad. 

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“Estamos trabajando fuertemente con los rectores y la comunidad para que hagan sus denuncias, esta es una Ruta importante que deben conocer nuestros niños para que también denuncien, porque ellos son la prioridad de nuestra sociedad”, dijo Cáceres. 

De acuerdo con el despacho de Educación de Norte de Santander, en la vigencia 2022 se recibieron 51 denuncias, de las cuales 18 correspondieron a presuntas situaciones de violencia sexuales entre funcionarios adscritos a la planta de personal de esta secretaría, con estudiantes matriculados en las instituciones educativas de la región. 

Mientras que el año pasado recibieron 36 denuncias por delitos de orden sexual contra los estudiantes, de los cuales 8 fueron vinculados con funcionarios de las instituciones educativas.

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Procesos de investigación 

Desde el área de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación de Norte de Santander explicaron que, para efectos pedagógicos, todas las situaciones de presunta agresión sexual se clasifican en tres grupos: acoso, actos sexuales y acceso carnal. 

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Indicaron que, una vez reciben la denuncia, inmediatamente se activa la ruta con la Fiscalía y las autoridades disciplinarias, en este caso, la Procuraduría Regional y el área de Control Interno Disciplinario (exceptuando a los municipios de Cáchira y La Esperanza quienes deben radicar los casos con la Procuraduría Regional de Bucaramanga), para luego empezar a monitorear cómo avanza el proceso penal. 

Asimismo, en medio del proceso, empiezan a verificar si la denuncia es contra una persona cercana al núcleo familiar de los menores, o si la agresión proviene de otro estudiante o de algún funcionario adscrito al plantel educativo, así como también, verificar la edad de las víctimas, pues dependiendo de la situación tendría que intervenir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

“El año pasado se capturaron a cuatro docentes que estaban involucrados en casos de acceso carnal y actos sexuales abusivos, sin embargo, cuando el acusado es un funcionario público, en un primer momento se le indica a los directivos del plantel que bajo ninguna circunstancia, la víctima puede estar cerca del presunto agresor”, precisaron desde el área de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación. 

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No obstante, detallan que cuando ya se emite una sentencia o una medida cautelar como ir a prisión, automáticamente se aparta al presunto agresor de su cargo, pues la autoridad judicial determina que esta persona representa un peligro para los menores. 

“Todos los delitos tienen que corroborarse, por lo que se tienen que adelantar a través de varias instancias procesales hasta agotar la parte probatoria, porque hay una carga procesal muy dura, para que ellos (presuntos agresores) puedan demostrar su inocencia, pero siempre trabajamos en favor de los niños, entonces si hay denuncias por presunto acoso sexual, se tienen que apartar por ejemplo de jornada o de sede para que no tenga más contacto con el niño o niña agredido”, agregaron. 

Precisaron que desde que se dio a conocer la directiva ministerial, todas las instituciones educativas han activado los protocolos establecidos por el MEN, precisando que el 95% de las denuncias provienen de los directivos de los colegios. 

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La Ruta de Atención Integral se implementará en las 216 instituciones educativas del departamento. 

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