La Procuraduría alertó que algunas acciones que se están haciendo desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tienen en riesgo a por lo menos 1,2 millones de menores en el territorio nacional, debido a las demoras en la contratación de los servicios del Programa de Primera Infancia.
Según el ente de control, se realizó un barrido por distintas zonas del país evidenciando graves problemas que enfrenta la entidad con los procesos de selección de operadores, suscripción de contratos y el inicio en la ejecución de los mismos, lo que ha generado graves inconvenientes a los derechos de los niños, niñas y madres gestantes.
Para el ente de control esto es una evidente falta de planeación y capacidad del ICBF para implementar el nuevo modelo para la contratación del servicio y los retos que este acarreaba, quedando corta ante la magnitud de la continuidad del Programa de Primera Infancia.
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“El ICBF, desde finales del 2023, debió tener un alto porcentaje de avance en los procesos de contratación, sin embargo, esto no sucedió y, por el contrario, agravó aún más la situación al no contar con un plan B que previera la prestación del servicio”, aseguraron.
Uno de los casos tiene que ver con lo que sucede en el departamento de La Guajira, en donde por lo menos 44 mil niños de la comunidad wayúu padecen la falta del Programa de Primera Infancia, el cual contempla educación inicial, alimentación nutritiva, acompañamiento a las familias, entornos protectores y espacios a los menores y madres gestantes.
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El Ministerio Público califica esta situación como una “incertidumbre que aumenta y genera gran preocupación” teniendo en cuenta que de 1.325 zonas ofertadas para que el ICBF presté sus servicios, a corte del 26 de febrero de 2024, se han declarado desiertas 240 zonas y de las restantes que resultaron elegidas ni siquiera se han suscrito los respectivos contratos ni se ha iniciado la ejecución de estos.
Ante el preocupante panorama, el ente de control instó nuevamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- a que agilice la contratación de los servicios en pro de la defensa los derechos de la población infantil.
“Es urgente poner en marcha el programa, esa ayuda alimentaria hace la diferencia entre vivir o lamentablemente morir”, añadió la Procuradora General Margarita Cabello.
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