La esperanza que tenían los Santanderes de salvar el proyecto 4G Bucaramanga-Pamplona parece haberse desvanecido, luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informara que se están adelantando los trámites para liquidar el contrato de la obra.
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Lyda Esquivel, vicepresidenta ejecutiva de la ANI, manifestó a La Opinión que a pesar de que estuvieron adelantando todas las gestiones por más de un año, para salvar el contrato o cederlo a otro contratista, esto no se logró.
Esquivel indicó que están trabajando con el concesionario Autovía-Bucaramanga-Pamplona, el cual está conformado por CSS Constructores S.A (Carlos Alberto Solarte Solarte Constructores S.A), para dejar en firme los borradores de las actas de liquidación y revisar los compromisos con los que se cerrará la licencia ambiental que había sido aprobada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y evaluar con cuáles responsabilidades queda el contratista y con cuáles, la ANI.
“Esto representa la liquidación del contrato, donde el concesionario en el acta de terminación se compromete a revisar unas actividades para hacer la reversión o la entrega de la vía al Instituto Nacional de Vías (Invías) y ellos quedarían entonces a cargo”, mencionó Esquivel.
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En este sentido, la funcionaria detalló que Invías será quien evalúe si la vía necesita una intervención o no, precisando que, el proyecto que diseñó la ANI no podrá retomarse, pues es exclusivo de la entidad y ya se liquidará.
Frente a los recursos asignados a la obra que ascienden a $1,4 billones, comentó que se tendrán que hacer los ajustes pertinentes para pagarle al contratista lo que alcanzó a ejecutar, mientras que “el resto de recursos como estaban incorporados en una vigencia futura regresan al Gobierno”.
Asimismo, la vicepresidenta ejecutiva de la ANI detalló que aunque la obra tenía previsto también instalar dos nuevos peajes, el Invías será quien determine si estas casetas de cobro son necesarias o no.
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¿Qué alcanzó a hacer el contratista?
Según los reportes de la ANI, el avance general de la obra fue solo del 11,2%, pero, de acuerdo con Esquivel, nunca se alcanzaron a ejecutar actividades oficiales de construcción sobre lo estipulado en el contrato, sino que solo se hicieron algunas rehabilitaciones viales.
Esto, debido a que, dentro de las obligaciones impuestas por la ANLA para el desarrollo del proyecto Bucaramanga – Pamplona, el concesionario debía obtener el consentimiento de la Alcaldía de Floridablanca para el uso de vías industriales con el fin de construir la conectante C1 y C2, pero dicho permiso nunca se dio.
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Y es que, para desviar el tráfico pesado que viene del interior de Colombia con destino a Norte de Santander, se pensó en una variante que evitara el ingreso de estos vehículos a Bucaramanga, en un desvío por Floridablanca, por lo que las conectantes iban a servir para descongestionar la autopista Floridablanca–Bucaramanga y mitigar la contaminación en el área metropolitana de la capital santandereana.
“A lo largo del tiempo y a pesar de todas las gestiones que hizo el contratista y también en compañía de la ANI, no logramos hacer ese acuerdo para obtener el permiso de la Alcaldía de Floridablanca”, precisó la funcionaria.
Ante esta situación, señaló que la concesión presentó una demanda arbitral donde se declaró que la no obtención del consentimiento fue un hecho ajeno a las partes del contrato, lo que afectó la construcción de las conectantes C1 y C2 y el financiamiento para ejecutar el mejoramiento, construcción y operación de la vía.
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Ante el interrogante de muchos, del por qué el contratista suspendió toda la obra, aun cuando se podían ejecutar las otras unidades funcionales, la vicepresidenta ejecutiva de la ANI precisó que las conectantes C1 y C2 eran las que mayor peso financiero tenían dentro del contrato, por lo que “al no poder ejecutarlas, pues todo el contrato ya no tenía mucho sentido”, destacó Esquivel.
Poca probable la cesión
Teniendo en cuenta que el viernes de la semana pasada, los gobernadores de Santander, general (r) Juvenal Díaz Mateus y de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, lideraron un encuentro con diferentes sectores, para evaluar las posibilidades de salvar el contrato y que el proyecto vial no se hundiera, desde la ANI señalaron que ya es poco lo que se puede hacer.
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“Nosotros en su momento estuvimos trabajando con el concesionario para ver si podíamos adelantar la sesión, fue más o menos un año de discusiones, para ver si había alguien interesado en retomar el proyecto, pero finalmente esa situación no se dio y vemos muy difícil que alguien en este momento quiera hacer parte de ese contrato en las condiciones que estamos”, agregó la funcionaria de la ANI.
Respecto a cuántos días podría durar el proceso para hacerse efectiva la liquidación del contrato, Esquivel señaló que no hay una fecha exacta, pero los trámites ya están bastante adelantados, pues el concesionario presentó el año pasado una segunda demanda arbitral, buscando la terminación anticipada del contrato “por causas no imputables a las partes, esto, por la materialización de un eximente de responsabilidad que superó los 90 días y la suspensión del plazo de contrato”.
Allí, el laudo arbitral ordenó entonces la liquidación del contrato y por eso se adelantan las actas para darlo por terminado.
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Tampoco funcionó el panel de Amigables Componedores
La ejecutiva de la ANI señaló que, aunque el concesionario activó también un panel de Amigables Componedores, (un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual las partes de un contrato delegan en un tercero –que no ejerce funciones jurisdiccionales– la facultad de decidir, de manera vinculante una controversia surgida de una relación contractual), el contratista también fue eximido del cumplimiento de las obligaciones de construcción de las conectantes C1 y C2, por lo que se suspendió el plazo contractual.
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“Esto ha sido una cadena de acciones en las que estuvimos trabajando para obtener la sesión del contrato y que otra empresa se hiciera cargo de él, pero lamentablemente esto es lo que ha ocurrido y por eso nos encontramos en liquidación”, puntualizó la funcionaria.
¿Qué pasó con las multas?
Frente a la multa que la ANI interpuso en el 2022 al concesionario, por más de seis mil millones de pesos, tras incumplir las obligaciones del contrato relacionadas con el Proyecto Bucaramanga – Pamplona, la entidad indicó que esta sanción no se hizo efectiva.
Esto, debido a que, cuando se dio el primer laudo arbitral, se ordenó suspender todas las sanciones, teniendo en cuenta que los problemas del contrato estaban relacionados con el no consentimiento para acceder a las vías industriales y construir las conectantes C1 y C2.
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