“Cuando logré agarrar señal en mi celular recibí una llamada de mi compañera. Ellos habían ido cuatro veces a buscarme a la finca. No iban a dejarme dulces o galletas, me iban a matar. Hay que decirle al mundo que no hubo enfrentamientos con nadie, el Eln fue casa a casa buscando a las personas para asesinarlas”.

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El testimonio es de José del Carmen Abril, uno de los 53.630 campesinos que han tenido que salir desplazados del Catatumbo por la guerra a sangre y fuego entre disidentes y el Eln por el control de esa región.

“Ellos me estaban buscando porque yo tengo un liderazgo desde muy joven, nosotros fuimos desplazados por los paramilitares el 9 de enero de 2002 y de ahí para acá me convertí en un líder que ha estado al lado de la gente”, añadió José del Carmen.

El hombre logró ser evacuado en un helicóptero de la Fuerza Pública y su retorno al territorio todavía es incierto.

Los ilegales aún tienen el control y han recurrido a distintas estrategias para quedarse con las parcelas abandonadas por los desplazados. La Procuraduría delegada para los Derechos Humanos advirtió que el Catatumbo se convirtió en una zona minada que ha impedido el retorno seguro de campesinos.

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Solo este 16 de febrero, después de un enfrentamiento entre el Ejército con las disidencias y el Eln, se incautaron 57 minas antipersonal que los ilegales pretendían dejar instaladas en zona rural de Tibú.

“Esta es una práctica creciente en zonas de disputas como el Catatumbo. Los grupos, para impedir el avance de otros armados, ponen estas minas y es algo que en efecto se ha venido registrando”, le explicó a El Colombiano la defensora del pueblo, Iris Marín.

La Defensoría del Pueblo y analistas del conflicto han advertido que la intención de los armados, con la guerra que desataron en esta subregión de Norte de Santander, es lograr una eventual reconfiguración del territorio y de su población.

Es que el Catatumbo resultó ser una zona clave para la cadena del narcotráfico. Solo en esa región, compuesta por 11 municipios, se concentraba, hasta el 2023, el 17% de las hectáreas de hoja de coca sembradas en el país.

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El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) indicó que en Colombia había 253.000 hectáreas sembradas con hoja de coca y que solo en Catatumbo estaban 43.866 de ellas.

Una eventual victoria bélica del Eln sobre los disidentes le aseguraría, además del control de los cultivos ilícitos, conexión con sus tropas del sur del Cesar, del Magdalena Medio y del sur de Bolívar. Los precios en el mercado ilegal de la cocaína, además, empezaron a recuperarse desde finales de 2024 y esa guerrilla sabe que tiene oportunidad de acaparar más ganancias.

El plan de los ilegales

“En el Catatumbo pareciera que lo que está en curso es una estrategia de repoblamiento regional, es decir, la magnitud del desplazamiento forzado que hemos visto, la manera en como fueron casa a casa buscando civiles, asesinando civiles, impidiendo que los cuerpos de las personas asesinadas fueran levantados, nos habla de una estrategia de expulsarlos del territorio por considerarlos que son afines a las disidencias de las Farc”, señaló Jorge Mantilla, consultor en temas de seguridad, crimen y conflicto en diálogo con esta redacción.

En medio de la conmoción interior en Catatumbo, el Gobierno emitió un paquete de medidas con las que pretende debilitar la cadena del narcotráfico que tienen los armados en esa región: pagar a los campesinos hasta un salario mínimo mensual para que sustituyan sus cultivos de hoja de coca.

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También prometió asistencia técnica para los nuevos cultivos. Pero la guerrilla viene imponiendo su ley para que los jornaleros se dediquen a cultivar los sembradíos que ellos impongan.

“Este desplazamiento masivo implicó el destierro de organizaciones completas que hoy no tienen posibilidades de regresar al territorio: son sectores sociales completos y otros, que no tenían un liderazgo tan visible, tienen que aceptar las normas sociales que impone el Eln para poder regresar. El movimiento social y organizativo del Catatumbo fue excluido y así permanecerá hasta que esta realidad no cambie”, dijo la defensora Marín.

“La reconfiguración territorial también tiene que ver con el control de procesos productivos que está ejerciendo el Eln sobre los predios que abandonaron las comunidades y la misma disidencia de las Farc”, añadió la jefe del Ministerio Público.

El plan del Eln, al parecer, es construir una base social y una composición poblacional que le sea más favorable a sus intereses. Esta estrategia bélica, advirtieron los expertos, puede ir más allá del mero control del territorio.

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Pueden estar también en búsqueda de acaparar las alcaldías locales del Catatumbo, que son una fuente importante de cargos, recursos y burocracias.

“También, por ejemplo, buscan la posibilidad de garantizar un control sobre los temas de extorsión que son tan importantes en la economía ilícita del Catatumbo”, añadió Mantilla.

En medio de las confrontaciones, el Eln también la emprendió contra los firmantes de paz que habitan en esa subregión. Los excombatientes, ahora civiles, son un tejido social que puede hacer oposición a las acciones de los hombres armados.

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“Una vez más, nos dirigimos a la opinión pública para alertar y denunciar la recepción de panfletos que amenazan a la población firmante de paz en el Catatumbo, y abogados del equipo de defensa de esta población que hacen presencia en la región”, señaló el equipo de defensa de los reincorporados en un comunicado de este domingo.

El Catatumbo es también el escenario ideal para que los actores armados construyeran su imperio en torno a las economías ilícitas. Su cercanía con los pasos fronterizos de Venezuela facilitan el tránsito de mercancías entre los dos países y les permite consolidar una ruta “segura” del mercado de la droga hacia mercados internacionales.

Por ahora, el Eln parece consolidar su poder territorial en el Catatumbo y en los otros 220 municipios donde hace presencia ese actor con sus cerca de 6.000 hombres armados.

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