El pasado 14 de mayo hubo cambio de mando en la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, DNSCI. Gloria Miranda asumió como nueva directora, en sustitución de Felipe Tascón, y frente a este relevo hay expectativa en las comunidades cocaleras de El Catatumbo por el futuro que puedan tener las acciones que se venían adelantando en pro de las familias afectadas por la crisis de la coca, y que hacen parte del acuerdo firmado en el mes de marzo con el Gobierno nacional.
En su última visita a Norte de Santander, Tascón señaló que se había logrado el empadronamiento de más de 18.000 familias de los 12 municipios de la región de El Catatumbo, más zonas rurales de Cúcuta y El Zulia, de las que serían escogidas las 5.000 con mayores necesidades, para recibir una ayuda alimentaria. De igual modo, se definió un cronograma de reuniones en los territorios, para definir el modelo que regiría en la sustitución de cultivos, de acuerdo a condiciones específicas.
La Opinión conversó con un líder cocalero del municipio de Hacarí, quien manifestó que existe una incertidumbre generalizada, por cuanto había una agenda de trabajo prevista que podría paralizarse por un tiempo indefinido, mientras se cumple el proceso de empalme.
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“A finales de mayo –es decir, para la próxima semana– está pautada una sesión, la tercera dentro del acuerdo de negociación con el Gobierno nacional, ya sea en Ocaña o Bogotá, pero hasta el momento todavía no se ha concretado nada, estamos a la espera de los primeros avances”, dijo el líder campesino.
Respecto a la entrega de mercados, señaló que se había definido que la primera entrega se haría a principios de junio, pero “no vemos movimiento por ningún lado”. En cuanto a la reunión para concertar cómo y cuándo serían las asambleas comunitarias para acordar el método de sustitución de economías ilegales, programada para el 16 de mayo, también fue cancelada por el cambio de director. Se espera por una nueva fecha.
¿En qué se ha avanzado?
De los acuerdos establecidos, el líder cocalero destacó avances en el cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, a través del cual han empezado a hacerse los primeros desembolsos a las familias incluidas –cerca de 2.000 de Tibú y Sardinata– para la ejecución de sus proyectos.
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Sobre la implementación del programa Jóvenes en Paz, se pactó la inclusión de un total de 2.000 muchachos, de los cuales 600 cupos los escogen las organizaciones cocaleras de El Catatumbo y 1.400 los asigna el mismo Gobierno a través del Ministerio de la Igualdad y Equidad. “Todas esa información ya está lista, al menos la que nos corresponde a nosotros, y la radicaríamos la primera semana de junio”, dijo el líder comunitario.
Estancada aplicación de la reforma agraria
Lo que tiene que ver con la aplicación de la reforma agraria y la zona de reserva campesina, “desafortunadamente no se ha podido avanzar en los acuerdos”, explicó el productor.
“Vemos con preocupación ese estancamiento, porque una de las regiones donde los campesinos tenemos tierras insuficientes o no tenemos es la región de El Catatumbo y Norte de Santander, y no fue priorizado para la compra de tierras”, expresó y señaló que ni siquiera los comités de impulso han sido conformados.
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No obstante, resaltó la consolidación como zona de reserva campesina de los municipios de Ábrego, La Playa, Bucarasica y Hacarí, cuya resolución fue expedida el 12 de enero de este año. “Ahora vendrá una reunión, los días 29 y 30 de mayo en Ocaña, entre los productores y funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras para elaborar el cronograma y desarrollar el plan específico para ese territorio.
La salida de Tascón
Felipe Tascón se desempeñaba como director del PNIS desde diciembre de 2022, y terminó removido del cargo tras ser sometido a debate de control político en el Congreso de la República por la baja ejecución del programa en 2023, apenas 5,8 por ciento, pese a contar con un presupuesto de un billón de pesos, según la representante Catherine Juvinao, 70 por ciento menos de lo que hizo el gobierno de Iván Duque, con un presupuesto tres veces inferior.
Como nueva directora asumió Gloria Miranda, cuyo reto es culminar la implementación del programa, el cuarto punto del Acuerdo de Paz con las extintas Farc.
*Se omite el nombre del vocero de los
campesinos por petición de la fuente.
