Desde que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) anunció que en julio todos los docentes y estudiantes debían regresar a la presencialidad se ha generado un gran debate, pues el magisterio asegura que las instituciones educativas no están en condiciones para prestar un servicio bioseguro en medio del tercer pico de la pandemia por la COVID-19, añadiendo a esto que, muchos padres de familia también rechazan la decisión del MEN.

En el departamento, la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (Asinort) interpuso una acción de tutela que, según indicó su fiscal, Hugo Cárdenas, “nada tiene que ver contra el gobernador, ni contra el alcalde, ni contra la secretaria. Es en contra del acto administrativo donde se está haciendo la convocatoria para el regreso a la presencialidad. ¿Quién la produce? Pues la administración departamental”.

Cárdenas explicó que, lo que solicitan es que se tenga en cuenta el comportamiento de la pandemia en la región, ya que la ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos supera el 90%, y “en razón a eso, tenemos la justificación constitucional y legal por cuanto la Resolución 777 del Ministerio de Salud establece un límite del 85% para poder dar apertura a otras situaciones sociales y de la economía”.

Reunidos con la Gobernación

El miércoles, el gobernador, Silvano Serrano, en compañía de la Secretaría de Educación departamental y la mesa directiva de Asinort mantuvieron un encuentro para dialogar y presentar sus opiniones acerca del proceso de presencialidad en los colegios del departamento, señalando que los objetivos principales son garantizar el derecho a la educación y el retorno bioseguro de niños, jóvenes, docentes y personal administrativo.

El vocero de Asinort manifestó que el mandatario regional estuvo atento a las peticiones del sindicato, “desde el punto de vista de que él reconoce que efectivamente aquí hay una ocupación máxima de las UCI y pues vamos a hacer un estudio. Esta tarde (ayer) hay una reunión con un grupo de médicos de Imsalud, Asinort y las secretarías de Educación para determinar esos índices de la pandemia”.

En el magisterio han sido claros en afirmar que sus integrantes tienen toda la disposición de regresar a las aulas, pero solo lo harán en los lugares donde estén dadas las condiciones, y claro está, teniendo en cuenta la decisión que tomen los padres de familia, pues en caso de que se presente algún contagio entre los estudiantes, quienes debe asumir la responsabilidad son los acudientes.

Proceso de vacunación 

Una de las justificaciones que tiene el MEN para que los docentes regresen a la presencialidad es que el Plan de Vacunación contra la COVID-19 está garantizado en su totalidad para el sector educativo, según lo ha dado a conocer el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz.

Con respecto a este tema, el fiscal de Asinort detalló que, a corte del 07 de julio, aproximadamente el 54% de los maestros de la región ya están vacunados con las dos dosis, por lo que esperan que el proceso avance, para que todo el magisterio quede inmunizado.

El ministro de Salud explicó que, desde hace ocho semanas distribuyó en todo el territorio nacional el total de vacunas destinadas a la primera dosis de maestros, directivos y personal de apoyo.

"De este total hasta el momento se han registrado 348.643 mil personas como vacunadas con primeras dosis, quedando pendiente 63.943 maestros cuya vacuna está disponible en los centros de vacunación", dijo Ruiz.

Por su parte, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, destacó que actualmente el Plan de Vacunación del sector presenta un avance del 70%, pero hace un llamado a alcaldes y gobernadores para reforzar los mecanismos de divulgación.

La ministra destacó que sumado a los biológicos disponibles de primera y segunda dosis, el Gobierno Nacional ha dispuesto de vacunas monodosis de Janssen para zonas apartadas, con el fin de garantizar el avance del proceso de vacunación en dichas regiones.

Sin personal administrativo 

El pasado 6 de julio los docentes tenían el deber de regresar a las instituciones educativas, tal como lo estipuló la Secretaría de Educación departamental mediante la Circular N°20 del 25 de junio.

Sin embargo, al llegar a los colegios se encontraron con imágenes desagradables, pues los establecimientos educativos estaban sucios, con baterías sanitarias deterioradas y algunos sin servicio de agua porque esta solo llega una o dos veces a la semana, entre otras condiciones.

Otilia Cárdenas, presidenta del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Norte de Santander, denunció que, desafortunadamente, aún no hay contratación para su gremio. 

“El Gobierno Nacional pretende que se retorne a la presencialidad sin importarle la pandemia, ni la situación compleja por la que estamos atravesando con los altos contagios. Lo primero que se debe hacer es optimizar la infraestructura para poder contar con todos los protocolos de bioseguridad y, por otro lado, personal administrativo que no hay”, expresó Cárdenas. 

Explicó que se deben contratar más de 1.250 administrativos que cumplan con labores de vigilancia y servicios generales, entre otras funciones. “Por sede son necesarios 3 vigilantes, 2 personas que se encarguen de servicios generales y una secretaria, según el estudio técnico que hicimos nosotros. De igual forma para los colegios del área rural, porque, aunque allí el rector y los profesores cubren estas funciones, algunos si lo requieren”.

Por su parte, la Secretaría de Educación Departamental informó que el MEN hasta el año 2019 asignó recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), para contratar personal administrativo de vigilancia y aseo para los establecimientos educativos, mientras que en la vigencia 2020 en virtud de la declaración de la emergencia sanitaria por la COVID 19, estos dineros no fueron consignados.

 A partir del 12 de julio, un equipo de 260 personas será el encargado de garantizar una completa higiene en las aulas y espacios físicos de algunas instituciones educativas de la región.

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