Denunciar actividades ilícitas en los territorios, tales como el microtráfico; apoyar los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito; defender los derechos humanos; manifestarse y reclamar por conflictos de tierras, y tener que convivir con grupos armados ilegales son las principales situaciones de riesgo a las que se enfrentan los líderes comunales en esta región del país.

Estos elementos también comunes en Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Antioquia y los llanos orientales, dejaron hasta Semana Santa un total de 21 comunales asesinados en lo corrido de 2018, pero en ningún sitio hay tanto temor como en Norte de Santander.

Según algunos líderes esta fue “una semana de duelo” que la organización no quiere repetir, pero las estadísticas y la realidad dejan evidencia de lo contrario.

El caso de Norte de Santander es el más alarmante para la Confederación Nacional de Acción Comunal, según expresa Walter Cardona, actual secretario general de esa organización e integrante de Fedecomunal Cúcuta. Los informes conocidos de parte de la Defensoría del Pueblo, la Mapp-OEA, y el Ministerio del Interior, señalan al departamento como el número uno en riesgo para comunales y líderes sociales.

“Tenemos una situación muy compleja, especialmente en el Catatumbo”, afirma Cardona. “Hay presidentes de junta que ya tienen esquema de seguridad, pero esto no satisface la preocupación y, en últimas, lo que verdaderamente queremos es que nos dejen desarrollar nuestra actividad como comunales, defensores, y gestores de nuestras comunidades ante los diferentes entes territoriales”.

^{La unidad de los líderes es su único mecanismo de protección, mientras esperan que el Estado actúe con más eficacia.}

En Catatumbo, por ejemplo, apoyar la política gubernamental de sustitución de cultivos se convirtió en un desafío a la supervivencia.

“El presidente de junta, obviamente, quiere que su vereda progrese, pero como por la falta de presencia del Estado en algún momento incurrió en una forma de subsistir con la siembra de coca, pues salir de la ilegalidad no les gusta a los ilegales”.

De acuerdo con Pedro Barón, director territorial del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso ilícito, las tensiones se han convertido en factores de desplazamiento, como ocurre en Caño Indio (Tibú), donde se desarrolla el programa.

“Conocemos algunas denuncias de personas vinculadas al programa, que por distintas razones han sido amenazadas”, comenta. “Ya las autoridades competentes, como Personería, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, conocen las denuncias porque han sido radicadas por los afectados”.

Hasta el momento, el funcionario conoce cuatro casos, “pero se habla de 8 a 11 familias amenazadas, de las cuales al menos cinco ya salieron del núcleo veredal”. 

Así mismo, hay gran preocupación por las amenazas sobre comunales en las zonas urbana y rural de Cúcuta, donde no es un secreto la presencia de la guerrilla y de las bandas criminales, ante las cuales la vulnerabilidad para la dirigencia de los barrios y comunas es inconmensurable.

Para la zona urbana, la mayor alerta se da en las comunas 6, 7, 8, 9, 10 y algunos sectores de las comunas 3 y 4, según Martha Maldonado, secretaria de Derechos humanos en la Confederación Nacional y presidenta de Fedecomunal Cúcuta. 

“Salimos con la bendición de Dios a nuestras labores y regresamos con igual”, comenta Cardona. “Uno aspira que con la protección divina pueda hacer sus actividades, porque lamentablemente el Estado nos está demostrando una incapacidad total”.

Las garantías

Según Walter Cardona, los líderes que atraen las políticas del Estado a sus territorios solo encuentran que ese mismo Estado no evita amenazas, desplazamientos y muertes.

“No sé cuánto tiempo va a pasar para que el Estado ponga mayor atención y brinde garantías al líder y a cualquier otro ciudadano ubicado en zonas en las que se dispararon los cultivos”, dice.

Y lo que exigen no son escoltas ni carros blindados por doquier, sino que se aclaren todos los homicidios de comunales, “saber por qué”, y acabar con la impunidad.

Para no ir muy lejos, Cardona fue amenazado en 2013 y 2014, pero a la fecha “no he tenido un solo resultado de quién y por qué vinieron las amenazas”.

Recuerda, además, el caso de “un hermano comunal de Teorama, amenazado hace un mes pero no pudo denunciar en la zona, y nos toca recibir la queja y llevarla directamente en Bogotá, a la oficina principal de la Fiscalía”.

En este sentido, insiste en que urge una política pública para dar a los comunales “seguridad, tranquilidad, derecho al buen nombre, con amparo en una norma que se haga cumplir”, en vista de que saldrá un decreto que determinará la protección a líderes sociales, “pero allí hay muchas organizaciones con  las que no nos identificamos plenamente, y por eso pedimos que sea explícita la protección a la organización comunal”.

“Nosotros queremos ser el mejor socio estratégico de cualquier ente territorial, porque ¿Quién conoce mejor un barrio o una vereda si no los dignatarios comunales?”, cuestiona Cardona, quien concluye: “Pero no podemos seguir exponiéndonos”.

Recuperar confianza

Desde 2017 se inició un trabajo de recuperación de confianza con las fuerzas militares (Policía y Ejército) tanto en el orden nacional como regional, para salvaguardar la vida de los comunales.

Aunque afirman que por primera vez ven interés, el avance sigue siendo insuficiente, y su esperanza radica en un diálogo directo con el presidente Juan Manuel Santos “para que de una vez por todas nos definan unas garantías para desarrollar el ejercicio comunal”, dice Walter Cardona.

De la confianza dependerá que los líderes de 62.000 juntas comunales persistan en el trabajo de organización social, desarrollado desde hace 60 años y del cual “se han puesto unos 8.000 muertos: por eso somos sujetos de reparación colectiva, pero se siguen presentando hechos victimizantes”, advierte Cardona.