Están tomando unas decisiones por encima de las autoridades indígenas. (…) El Gobierno debe tener nuestro consentimiento en los territorios donde se van a concentrar las Farc, teniendo en cuenta que el conflicto en el Catatumbo lo hemos vivido en carne y hueso”.

Así, tajantemente, cree Alexander Dora, consejero de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena, que de ser el Catatumbo una de las zonas del país seleccionadas para concentrar a desmovilizados de las Farc, la comunidad indígena de los Barís o Motilones-Barí debe ser consultada.

Las zonas de concentración serán uno de los grandes debates que generará la aplicación del posconflicto, pues mientras que unos temen que se repita la zona de despeje del Caguán, otros simplemente no quieren tener de vecinos a los exguerrilleros que los victimizaron o que se concentren en lugares donde nunca han hecho presencia las Farc.

Aunque se ha hablado de entre seis y diez zonas pero no se ha definido los lugares exactos en los que estarían, la región de El Catatumbo podría convertirse en una de ellas, puesto que por años el frente 33 de la Farc ha estado asentado en esta extensa región azotada por los cultivos ilícitos y la incursión de bandas criminales.

El viernes, precisamente durante su visita a La Guajira, el presidente Juan Manuel Santos, mencionó que en estas zonas de concentración no habrá población civil y serán verificadas por organismos internacionales.

Las opiniones están divididas. Para el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado,  que el Catatumbo sea una zona de concentración sería un aporte que “debemos hacer a la paz y lo que nos corresponda hacer para apoyar el proceso”.

Para que estas zonas sean exitosas, asegura que deben venir acompañadas de inversiones, de recursos y reglamentaciones que permitan que esas concentraciones le apunten a la paz y que no cambien el sentido para el que fueron diseñadas.

Miriam Prado, alcaldesa de Ocaña, también cree que los sitios más indicados son aquellos en los que ha existido el conflicto, porque desde allí se puede empezar a construir propuestas que conlleven a solucionar la problemática actual, teniendo en cuenta la opinión de las víctimas.

El padre Víctor Hugo Peña Pérez, delegado diocesano para las víctimas, considera que convivir con las Farc cerca de las comunidades que fueron víctimas será un proceso bastante difícil.

Sin embargo, cree que las zonas de concentración serán lo de menos y que el reto estará en la inclusión de los exguerrilleros a la vida civil en procesos productivos, humanos, sociales, económicos, políticos y hasta religiosos.

“El peor enemigo del conflicto es la inversión social. Una paz sin inversión es muy difícil (…) No es el territorio, sino el proceso conciliador”, indicó tras señalar que la vereda San Pablo (Hacarí), y los municipios de El Carmen y El Tarra serían las zonas más propicias para esta concentración.

Rechazo

Alfredo Rangel, senador por el Centro Democrático, cree que el Catatumbo no debería establecerse como zona de concentración debido a la presencia de cultivos de coca, la cercanía con la frontera de Venezuela, la presencia de población civil y de la Fuerza Pública.

El senador considera que las Farc deben concentrarse en unos pocos sitios del país de tamaño pequeño en población, para que la concentración de la guerrilla no sea aprovechada para incrementar el narcotráfico y que las zonas fronterizas no queden bajo su control armado.

“Con estos criterios, el Catatumbo es una zona que no sería elegible desde el punto de vista de la seguridad nacional y de los ciudadanos (…) Si de los territorios se saca a la Fuerza Pública la población queda bajo el poder armado de la guerrilla, como ocurrió en el Caguán”, indicó.

Wilfredo Cañizares, de la Fundación Progresar, aunque ve como positivo  que el Catatumbo sea una zona de concentración, para que pueda llamar la atención de los planes que tiene el Gobierno en la inversión social para la paz, advierte que la presencia de otros grupos armados podría minar las buenas voluntades.

En su criterio, lo complicado es la existencia de otros actores armados como el Epl, Eln, y las bandas criminales que no estarán en el proceso y ello puede ser un obstáculo para que la implementación de los acuerdos sea exitosa.

“Vemos complicado que el Eln no pueda llegar a un acuerdo rápido con el Gobierno y eso afecte la concentración de la guerrilla. También, la presencia de los Urabeños en las cabeceras municipales que son puerta de entrada al Catatumbo como Sardinata, Tibú, El Zulia, y Ocaña”, indicó.

Para Juan Carlos Quintero, representante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), dichas zonas de concentración deben tener una reglas claras como la declaratoria de un cese al fuego bilateral y definitivo, que sea susceptible de seguimiento, monitoreo y verificación de un tercero neutral, que establezca una relación de ayuda y genere confianza.

Estos territorios deben ser reglamentados -apunta- de forma consensuada señalando tamaño, temporalidad, y condiciones para prórroga, así como reglas de movilidad y convivencia con la población civil, entre otros.

Una vez firmada la paz “estamos negociando dónde y cuántas serían las zonas de concentración. Nosotros estamos pensando en que sean alrededor de 7 ó 10, y la guerrilla está pensando en un número más alto”, dijo el presidente Santos.