El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, y el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, firmaron ayer en Cúcuta el Plan Integral para la implementación de la Política de Paz Con Legalidad, que permitirá contar con una hoja de ruta a 15 años. 

El histórico pacto se dio en medio de la Jornada de Paz con Legalidad Capítulo Norte de Santander, en la que también se presentaron los planes a diciembre  2021-2022 en los frentes de implementación. 

“Gobernador, gracias por la confianza. Tener un documento de implementación territorial permite al departamento una planeación a largo plazo. Con Norte de Santander ya son siete los departamentos que tienen su propia política de implementación de la Paz Con Legalidad”, dijo Archila. 

El Consejero resaltó que el Gobierno Nacional está pagando una deuda con el departamento, especialmente con la subregión del Catatumbo, por lo que finalizar las inversiones en medio de Catatumbo Sostenible y las obras en los municipios PDET es vital para lograr lo que, incluso, intentó el presidente cucuteño Virgilio Barco (1986-1990): recobrar la confianza. 

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“El gobernador tiene una visión política a largo plazo, éste es un proceso que se comenzó antes de que llegara él a la Gobernación y esa visión de largo plazo coincide con la del presidente (Iván Duque), porque son temas que se debían resolver con o sin acuerdos, ninguno de esos temas se puede hacer en tres o cuatro años”, complementó el consejero Archila. 

A su turno, el gobernador Silvano Serrano mencionó que Archila es un nortesantandereano más por la apropiación que ha tenido con la implementación de los acuerdos en la subregión del Catatumbo y en el departamento, destacando que el proceso debe continuar después de su mandato, por lo que firmó la implementación territorial. 

“Tenemos la obligación que esos planes con desarrollo territorial permanezcan en el tiempo, independientemente de quien llegue al frente de una Gobernación, Alcaldía o, incluso, la Presidencia”, señaló. 

El gobernador aseguró que estas políticas son un ejercicio de construcción colectiva que han permitido avanzar en la consolidación de un territorio que anhela la paz y el desarrollo.  

“El ejercicio de paz con legalidad es un ejercicio de construcción entre todos. La inter-institucionalidad nos permite llegar al territorio, especialmente al Catatumbo, una zona llena de esperanza”, apuntó. 

Serrano Guerrero complementó que esa tarea de construcción colectiva se adelanta junto al Gobierno Nacional, con la Consejería de Estabilización y Consolidación y otras instituciones, y aseguró que una muestra de ello es “la construcción de los planes de desarrollo con enfoque territorial”. 

“Queremos avanzar en la consolidación de estos planes al futuro (los PDET, Catatumbo Sostenible), son una visión y una mirada prospectiva, queremos construir sobre lo ya está construido”, señaló el gobernador. 

Llamado a combatir la deforestación 
En la actividad, el director de Corponor, Gregorio Angarita Lamk, resaltó el trabajo planificado que se viene ejecutando con el Ideam, el Ministerio de Ambiente y otras entidades del orden nacional y regional, buscando reducir los impactos ambientales que se tienen en el Catatumbo, especialmente en el control a la deforestación, situación derivada de cultivos ilícitos con gran impacto en Tibú y Sardinata. 

“El llamado que hacemos como autoridades regionales es a entender que la deforestación no solamente está en la zona del Catatumbo, también afecta a la zona rural de Cúcuta y otros municipios. Necesitamos compromisos integrales y trabajos mancomunados con el Gobierno Nacional, que ahonden esfuerzos para reducir esta problemática”, señaló el director Angarita. 

Balance de reincorporación

En una rueda de prensa que se originó desde Cúcuta, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila; y Andrés Stapper, director para la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), presentaron el avance de la reincorporación de excombatientes de las antiguas Farc que dieron el paso a la legalidad. 

Desde el Club del Comercio, el Gobierno Nacional ratificó el compromiso de apoyar a los excombatientes por el tiempo que sea necesario, tratándose de los procesos más garantistas del mundo y entregaron los detalles del trabajo adelantado en todo el país para 12.900 excombatientes. 

Archila recordó que la Política de Paz con Legalidad definió una Ruta de Reincorporación que ha permitido abarcar los distintos aspectos de la vida de mujeres y hombres, de manera digna, pensando en un crecimiento personal junto a sus núcleos familiares. 

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Dentro de este proceso, precisó Archila, se ha ofrecido una oferta institucional contemplando los componentes de salud, bienestar psicosocial integral, educativo, comunitario, familiar, de sostenibilidad económica, habitabilidad y vivienda.   

Desde agosto de 2018 a septiembre de 2021, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Iván Duque, ha invertido $342.000 millones en garantías económicas a excombatientes. 

“El presidente Duque está jugado con la reincorporación, y en ese sentido, solo por mencionar los componentes de habitabilidad y vivienda, y sostenibilidad, los resultados han estado presentes y siguen avanzando todos los días, sin descanso en acciones articuladas, donde distintas entidades trabajan de la mano para que casi 13.000 personas encuentren seguridad y mejores condiciones de vida en el tránsito a la legalidad”, dijo Archila.  

A una pregunta sobre el tema de seguridad, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación Archila mencionó que el actual proceso de reincorporación es el que registra menor número de homicidios, aunque el objetivo es categóricamente cero homicidios.  

“Celebramos la captura de alias Otoniel, pues el clan del Golfo y otras bandas de narcotraficantes son los que están agrediendo a los reincorporados y a toda la sociedad”, indicó Archila.  

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A su turno, Stapper resaltó la compra de 19 territorios con el fin de avanzar en la consolidación de 24 AETCR en los que, actualmente habitan 2.457 personas en reincorporación y sus familias. Adicionalmente, se ha gestionado el acceso a cinco predios destinados a la ejecución de proyectos productivos. 

“A la fecha, $16.000 millones de pesos han sido destinados a la compra de tierras. Diez predios se han adquirido para consolidar antiguos ETCR, cinco predios más para la ejecución de proyectos”, indicó Stapper, director de la ARN. 

Continuó indicando que “cada detalle de los componentes del proceso de reincorporación cuenta con una preparación y el consenso es primordial. La concertación hace parte de la figura de construir sobre lo ya construido. La instrucción del presidente Iván Duque es clara, y en los resultados está plasmado ese mensaje”.  

En Norte de Santander 635 personas avanzan en su proceso de reincorporación, de las     cuales 212 pertenecen al municipio de Tibú. Además, 408 personas cuentan con proyectos productivos desembolsados, de los cuales 370 corresponden a proyectos productivos individuales y 37 corresponden a proyectos productivos. 

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