La última vez que María Estela Contreras habló con su esposo, Javier Lizcano Rivera, fue a las 8 de la mañana del 12 de septiembre de 2016. Ese día, él la llamó al celular para decirle que a las 5 de la tarde se veían en Cúcuta, porque regresaba de Arauquita (Arauca) de visitar a un familiar y entregar una mercancía.

Pero el destino quiso que este encuentro de pareja no se cumpliera. Cinco horas después de esa llamada, un alud de tierra y piedras cayó encima de Lizcano Rivera, quedando enterrado entre unos 5 mil metros cúbicos de montaña, sin que hubiera fuerza humana que lo rescatara vivo o muerto.

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La noticia circuló en el departamento, el suceso era considerado el deslizamiento de tierra más grande ocurrido en Norte de Santander y lo que sorprendía era que solo hubiese una víctima. 

(Integrantes de diferentes organismos de seguridad y rescate intentaron hallar en esa oportunidad al chofer enterrado.)

Las autoridades se hicieron presentes, Defensa Civil, Unidad para la Gestión del Riesgo, Invías, incluso, un grupo de funcionarios de la Fiscalía estuvo presente en la búsqueda inmediata del cadáver.

Del accidente, María Estela comentó que tal vez su esposo cometió un error o imprudencia  porque quería remover del paso unas cuantas piedras que estaban en el kilómetro 19 + 800 metros, en la vía Labateca-Pamplona, para dar paso a un bus que transportaba universitarios.  

"Dicen que él corrió, pero se enredó y le cayó encima una piedra. Después la montaña lo sepultó", dice la mujer, a cuatro días de cumplirse un año de ese fatídico suceso. 

Más calmada, pero aún con el dolor y el sufrimiento que implica no poder dar sepultura al padre de su hijo, la mujer contó que volverá a la zona el próximo 12 de septiembre para conmemorar, con una eucaristía, la memoria de su esposo, de quien posiblemente jamás podrá volver a ver, ni siquiera un hueso, según ella, por la negligencia de un Estado que no hizo lo suficiente. 

La tutela

Y es que el sufrimiento de la familia Lizcano Contreras no termina. Según María Estela, porque las autoridades no han escarbado suficiente material ni han hecho una búsqueda ordenada. 

Contó que a diciembre de 2016 las máquinas abrieron una vía por otro sector y dejaron de trabajar en el sitio donde quedó enterrado su esposo. 

Resume la mujer, que bajo el argumento de que era peligroso seguir removiendo tierra en el sector por la inestabilidad de los terrenos, la búsqueda quedó suspendida hasta que geólogos dictaminen qué obras de estabilización deben hacerse, cosa que a la fecha no se ha hecho. 

Por eso la familia tuteló en marzo de este año a las entidades que participaron en los trabajos de rescate, siendo el derecho a la dignidad y al debido proceso, su argumento. 

"No hicieron lo suficiente para rescatar a mi esposo, de mi bolsillo se compró el combustible que utilizó parte de la maquinaria que estuvo en la zona, también con recursos propios se llevaron a la zona perros de rescate traídos desde Bogotá", denunció la mujer. 

Justicia a favor

Aunque en una primera instancia el Juez Segundo Civil del Circuito de Pamplona falló como improcedente la solicitud de tutela, por considerar que la Fiscalía ya había iniciado la búsqueda, y que la familia ya cuenta con los medios de defensa judicial, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona revocó la sentencia, ordenando a la Fiscalía que en los próximos días informe si resulta o no viable la reanudación de las labores de búsqueda del cuerpo. 

Pese a que la mujer hace unos días tuteló nuevamente para que las autoridades viales establezcan un plan de estabilización de la montaña, cosa que debió hacerse desde diciembre de 2016 y que la Fiscalía ha solicitado en numerosas oportunidades, el Juzgado Segundo Civil de Pamplona nuevamente determinó improcedente la solicitud. 

El juez del caso consideró que la petición de la mujer es temeraria, pues señala que su tutela contiene apartes de la presentada anteriormente, por lo cual la conminaron, a pesar de su sufrimiento, a pagar un salario mínimo. "Ahora tengo que esperar a que la Fiscalía use ‘sus manos’ para remover miles de metros cúbicos de tierra y pagar una multa por pedir justicia", finalizó la mujer.