En 1999 Judith tuvo que salir abruptamente de su predio, en el corregimiento Agua La Virgen, en la vereda San Agustín del municipio Ocaña. De un tiro, los paramilitares acabaron con su esposo y con la vida que habían llevado hasta el momento en el  lugar. 

Viuda y con dos hijos, Judith pasó a vivir con sus padres en el casco urbano de Ocaña, donde por 20 años trabajó como empleada doméstica. Una etapa dura, recuerda, pues aunque tenía el apoyo de su familia, asegura que no es fácil vivir arrimado. 

Luego de hacer las respectivas gestiones ante la Unidad de Restitución de Tierras, URT, en 2019 y 20 años después de que el conflicto armado la despojara de su tierra, Judith resultó ser una de las 388 personas favorecidas por las sentencias que han sido proferidas en Norte de Santander hasta la fecha, 584 demandas todavía esperan por un fallo judicial. 
 

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En el camino de la reparación de víctimas del conflicto armado, que inició en el país en 2011 con la aprobación de la Ley 1448, todavía es mucho lo que queda por hacer en materia de restitución de tierras. 

Solo en Norte de Santander -uno de los territorios más golpeados por el conflicto- desde 2012, cuando entró en operación la Dirección Territorial, se han recibido 5.614 peticiones, de las cuales 3.537 han podido ser microfocalizadas, es decir, un poco más del 60 por ciento de los casos, que ya han comenzado a andar. 

“Eso significa que no hemos podido llegar a todos los territorios donde se debe llegar”, dijo Jaqueline Campos Rincón, secretaria nacional de la URT y directora territorial encargada, quien asistió a la clausura de la primera jornada de seguimiento masivo al cumplimiento de las sentencias proferidas en materia de vivienda, compensación de predio y proyectos productivos en Cúcuta, donde fueron atendidos 452 beneficiarios. 

Explicó que las circunstancias de orden público suponen uno de los principales obstáculos, pues impiden a los funcionarios de la Unidad llegar a los sitios donde los beneficiarios indican que vivían, para hacer los respectivos estudios técnicos y de verificación que hacen parte del proceso de microfocalización. 
 

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“Tenemos una deuda muy grande con Norte de Santander y Arauca, pero por supuesto que nuestro deber y del Estado es suplirlas”, afirmó.  

97 proyectos productivos

Frutos de la Restitución es la parte del programa que se focaliza en el apalancamiento de los proyectos productivos de las personas que han sido beneficiadas con sentencias de restitución.
 
En Norte de Santander y Arauca ya se cuentan 97 proyectos productivos. “Nosotros queremos tener 388, porque esa es la vida de nuestras víctimas del despojo, regresar al territorio sin un medio de vida, no es regresar, es solamente llevar el cuerpo”, dijo la funcionaria, quien destacó la vocación agrícola de estas personas. “Si hay alguien que sepa conseguirse el día a día, sembrarlo, cultivarlo, cosecharlo, son nuestros campesinos y campesinas”, añadió.
 

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En Norte de Santander, la Unidad de Restitución de Tierras ha apoyado 97 proyectos productivos, dedicados unos a la producción apícola, de cacao, huevos y, por supuesto, de café, como el de Judith, que en su predio restituido le apuntó a la siembra de este fruto bendito con calidad de exportación. 

La Unidad de Restitución de Tierras ha invertido a la fecha un total de 3.246 millones de pesos en todo el proceso, según indicó la secretaria nacional de esta entidad, distribuidos en capital semilla para los emprendimientos y la compensación de tierras, dirigido a las personas que no desean volver a sus predios originales por diferentes razones. 

Los más favorecidos

Con 11 municipios en la zona del Catatumbo, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado, cuatro de ellos registran sentencias de restitución. Tibú, con 117 fallos a favor de familias despojadas de tierras, encabeza la lista de beneficiarios, luego  le sigue Ocaña con 48, Ábrego con 23 y Sardinata con 1. 

Mientras que en el contexto general, Cúcuta lidera el número de sentencias proferidas en materia de restitución con 127. Pese a estar fuera del área de mayor incidencia del conflicto, la mixtura de los grupos irregulares involucrados, ha provocado afectaciones en habitantes de la zona urbana, que también han reclamado sus derechos de reparación.

Hay que recordar que la ley de restitución de tierras, cobija a las personas que fueron despojadas de sus predios por razones del conflicto en un periodo comprendido desde el primero de enero de 1991. 

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