Un revelador informe del estado ambiental del departamento, de la Contraloría de Norte de Santander, demuestra que de 430 litros por segundo que se vierten en 108 puntos fijos de la región, solo el 12 por ciento son descontaminados.
Según la entidad, que se basó en una encuesta realizada en las 39 alcaldías de su jurisdicción, “esta proporcionalidad condiciona el grado de impacto sobre las corrientes hídricas, y marca una tendencia de impacto en la región”.
El riesgoso panorama no es desconocido por el gobierno departamental que, desde la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, afirma que su prioridad para el cuatrienio es mejorar la calidad del agua.
Así mismo, ampliar la cobertura del sistema, optimizar las plantas existentes y mejorar acueductos y alcantarillados.
Sin embargo, las metas no serán de fácil cumplimiento dado que solo hay 24 municipios, de 40, incluidos en el Plan Departamental de Aguas (PDA).
Según Francisco Bermont, titular de la secretaría, “los recursos del orden nacional no están contemplados, por cuanto de los $32 mil millones del PDA, $27.500 millones ya se invirtieron”.
“El Gobierno central no ha definido un mayor recaudo porque considera que está invirtiendo un recurso grande para el acueducto metropolitano de Cúcuta”, dijo.
En relación con el tratamiento de las aguas residuales, la ley establece que quien contamina paga, y en este sentido son los municipios, o las empresas que se encuentran en su jurisdicción, las que pagan a Corponor.
Pero pese a que la Corporación tiene esta responsabilidad, el departamento también ha incluido en el esquema general de mejoramiento de vertimientos, proyectos para Toledo, Lourdes, Silos y Tibú.
Para este cuatrienio se podrían trabajar una o dos plantas de tratamiento, como máximo, pero solo cuando se termine la ampliación de cobertura en alcantarillado y mejoramiento de acueductos en los 12 municipios que hacen falta en el PDA.
Líos que pasan fronteras
Para suministrar agua potable resulta obvio que todos los municipios requieren potabilización, más o menos compleja, dependiendo de las condiciones del recurso hídrico y el índice de sedimentos, aunque en algunos casos podría necesitarse únicamente la cloración.
En el tratamiento de aguas residuales, con el esquema que se tenía antes de la resolución 631 de 2015, no todos los municipios requerían sistemas de tratamiento de aguas residuales, porque en ocasiones esta se podía vertir a una fuente que tenía capacidad de dilución posterior.
Sin embargo, la nueva norma es más estricta y es probable que la totalidad de municipios y empresas, deban implementar los sistemas de tratamiento.
De acuerdo con el funcionario, los sistemas más complejos para estos procedimientos estarían en Ocaña, así como en Cúcuta, Los Patios, y Villa del Rosario, no solo por la cantidad de carga contaminante de cada centro poblado, sino porque “se botan las aguas residuales a ríos que son transnacionales”.
Los ríos Pamplonita y Táchira se convierten en agua transnacional, es decir, “tienen un problema que pasa las fronteras”.
“En la solución de este problema específico debe involucrarse el orden nacional”, enfatizó Bermont. “Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario requieren apoyo directo con el Plan Fronteras, y los mismos ministerios de Ambiente y Vivienda para solucionar el problema y no pasarlo al vecino”.
Aunque en Villa del Rosario hay inconvenientes, están en marcha las obras para dejar un solo punto de vertimiento.
Por su parte, Pamplona también incluirá un sistema complejo, aunque actualmente el sistema de tratamiento de agua residual ya tiene listos los estudios que están en evaluación en el ministerio de Ambiente.
“En Pamplona hemos trabajado en los colectores y pasamos de ocho a uno solo, como punto de vertimiento, pero falta el tratamiento”, agregó el funcionario.
Así mismo se deberá hacer una intensa evaluación en Los Patios, pues algunos vertimientos “afectan a Cúcuta en la zona de San Rafael y la ronda del río, mientras Cúcuta requeriría por lo menos unas cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales”.
“Si se hace la que va directamente al Pamplonita se soluciona un problema importante”, enfatizó.
Aunque en el caso del Catatumbo los vertimientos son menos complejos, y suelen llegar a quebradas que ayudan en la dilución, hay problemas graves en zonas planas porque las aguas no corren para facilitar la purificación.
Tibú, por ejemplo, tiene solo un vertimiento hacia una laguna de oxidación entregada por la secretaría hace un par de semanas, pero casi el 50 por ciento restante se vierte a sectores en los que las aguas no corren.
“Igual pasa en Puerto Santander, donde se vierte directamente al río, y en estos casos es necesario buscar opciones, o tratamientos diferentes”, comentó el secretario.
Ahora, queda la recomendación a los alcaldes sobre la ley que obligará a los municipios a pagar tasas retributivas mayores por sus vertimientos.
Por ello, deberán plantear esquemas empresariales más eficientes que permitan asumir pérdidas en acueducto, y ser eficaces en el mantenimiento y recaudo de acueducto, alcantarillado y aseo, con el fin de invertir y mejorar sus sistemas de tratamiento.
“La situación es que ‘papá gobierno’ no puede meterse en la totalidad de los costos, sino que estos tienen que ir directamente a quien contamine; solo hay que entender que todos, como usuarios, contaminamos”, puntualizó Bermont.
