Como una pequeña victoria y un importante avance hacia el reconocimiento de sus derechos como pueblo ancestral, calificó Juan Titira Aserndora, representante legal de Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo barí, el fallo del juzgado quinto civil de Cúcuta que ordenó la suspensión de la licencia de explotación de carbón a cielo abierto en el corregimiento de La Gabarra y Río de Oro, en el municipio Tibú.

La decisión consideró que tal concesión debe levantarse hasta tanto no se resuelva la sentencia T052/17 entre la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y el pueblo barí, con la que se busca amparar el derecho de las comunidades campesinas e indígenas sobre sus zonas de reserva.

El fallo es una respuesta a una acción de tutela interpuesta por la comunidad indígena para proteger sus derechos, mientras la Agencia Nacional de Tierras no haga una ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos indígenas, acción que fue contemplada en la sentencia del 3 de febrero del año 2017 de la Corte Constitucional y donde se ordena al Gobierno Nacional y demás entidades relacionadas su estricto cumplimiento. 

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En la misma decisión de la Corte, se ordenó adelantar los trámites necesarios para constituir la zona de reserva campesina para el Catatumbo sin que estas fueran materializadas integralmente y en los tiempos establecidos.
Juan Titira recordó que en el territorio se venían haciendo exploraciones del mineral aunque ellos no han permitido los trabajos sísmicos y aunque les otorgaron las licencias ambientales, este proceso se realizó sin la consulta previa de las comunidades, lo que considera una violación a sus derechos, entre otras cosas porque también de manera ancestral el pueblo motilón ha vivido de la explotación del carbón.

Explicó que desde la sentencia de la Corte Constitucional, los representantes legales habían ejercido algunas acciones ante la Corte Constitucional para que no se otorgaran licencias a las corporaciones porque es una actividad que afecta su territorio. 

De esos recursos no obtuvieron respuesta hasta el pronunciamiento del juzgado de Cúcuta que les notificó que en un plazo de 8 horas debían presentar todos los documentos que probaran que esas tierras estaban en el territorio de ampliación planeamiento y delimitación del gran resguardo motilón barí, y así lo hicieron. 

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“Hoy logramos que el circuito revisara el caso y saque este auto a favor de los que hemos proyectado la tutela. Es una ganancia por parte del juez, no para favorecer al pueblo, sino para proteger un derecho que logramos ante la Corte de delimitar el territorio que es algo que no nos han cumplido. Es una pequeña victoria, un paso hacia eso que hemos venido luchando. Además, ese fallo favorece y protege a todos los sectores, al pueblo barí a los campesino también”, declaró. 

Alexander Dora, coordinador de Derechos Humanos de la comunidad barí, recordó que la delimitación del territorio ancestral fue uno de los acuerdos o peticiones que la comunidad indígena llevó ante la Mesa de Interlocución entre el Gobierno Nacional y la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo barí-Ñatubaiyibari, iniciada el pasado mes de mayo.

“Nosotros aún estamos a la espera de muchos de esos acuerdos y seguimos a la espera de que el Gobierno Nacional cumpla con las delimitaciones por medio de la Agencia Nacional de Tierras”, dijo. 

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