Al menos 143 personas que pertenecerían a 12 organizaciones delincuenciales en el país, fueron capturadas por las autoridades bajo cargos de extorsión y otros delitos.
Se trataría de presuntos integrantes de estructuras que operaban en Atlántico, Quindío, Risaralda, Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Cundinamarca, Chocó, Meta, La Guajira, Santander, Tolima y Cesar; además de ciudades como Cali, Cartagena y Bogotá.
El informe de las autoridades señaló que los capturados pertenecerían a estructuras conocidas como Los Trocaderos, Los RC, Los Porras, el Clan del Golfo, La Terraza, los Costeños, Los Robles y Los Frontera, entre otros.
Estas personas usaban principalmente modalidades como hacerse pasar como familiares para lograr su cometido. También atacaban a taxistas, docentes, gremios mineros, ganaderos y cafeteros, entre muchos otros afectados por delitos de hurto, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado, a quienes amenazaban que si no pagaban podían ser asesinados o secuestrados.
"El material probatorio aportado por los fiscales Gaula de las diferentes seccionales permitió que todos los procesados fueran judicializados. Cuatro menores de edad estarían implicados en la comisión de los delitos", explicó la Fiscalía.
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Uno de los casos que más llamó la atención de las autoridades fue "call center" o "telefonistas", una organización ilegal de la que harían parte siete mujeres y dos hombres, al parecer comandada por una pareja que creó un centro de llamadas en el barrio Piamonte de la localidad de Bosa, sur de la capital del país.
Desde allí contactaban a decenas de ciudadanos a quienes intimidaban con falsos procesos judiciales.
También trataban de vincular a sus víctimas en falsas investigaciones relacionadas con delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y amenzaban mediante la suplantación de autoridades con supuestas órdenes de captura, la cual sería evitada únicamente con el pago de altas sumas; o difundidas en redes sociales en los que serían expuestos como abusadores de menores.
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"Las denuncias instauradas permitieron documentar múltiples eventos y determinar que los pagos ilícitos recibidos por esta organización podrían alcanzar los 15 millones de pesos al día. Los procesados fueron imputados, según sus posibles responsabilidades individuales, con delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y tentativa de extorsión agravada", explicó el ente investigador.
Otro de los casos relevantes para las autoridades tiene que ver con una estructura denominada "Olimpo", dedicada a los llamados préstamos ‘gota a gota’.
Los investigados, al parecer, prestaban dinero a hombres y mujeres de bajos recursos a quienes obligaban a pagar intereses de hasta el 25%. Los ciudadanos que recurrían a estas modalidades de crédito; además, debían reconocer un impuesto que sobrepasaba por mucho el monto adquirido. De manera violenta ingresaban a las viviendas de las víctimas para llevarse sus pertenencias, como parte de pago de las deudas.
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