Nueve personas entre ellas dos funcionarios de Migración Colombia, fueron judicializados por Fiscalía General al ser involucrados en una red que traficaba documentos para viajar a Estados Unidos, Europa y Suramérica.
De acuerdo con la Fiscalía, dos de los procesados son funcionarios de Migración Colombia, entre ellos Rolando Iglesias Sanjuan, sería el principal articulador del andamiaje criminal. Iglesias, al parecer, desde su puesto de trabajo en Paraguachón (La Guajira), contactaba a extranjeros y les ofrecía documentos de identidad como si fueran ciudadanos colombianos o prórrogas en los pasaportes para ayudarlos a salir del país por los aeropuertos Rafael Núñez, en Cartagena; y Ernesto Cortissoz, en Soledad (Atlántico).
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El otro trabajar de Migración Colombia es Rafael Púa Ríos, señalado de sellar los pasaportes y avalar el paso de los migrantes que lo buscaban en los filtros de migración de la terminal aérea que sirve a Barranquilla.
Según la Fiscalía, los otros involucrados cumplían distintos roles como falsificadores, tramitadores o intermediarios para conseguir registros civiles en distintas notarías y registradurías en ciudades de la Costa Atlántica.
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Uno de los casos documentados fue en febrero pasado cuando murieron cinco ciudadanos venezolanos, entre ellos un menor de edad, que eran movilizados ilegalmente junto a otros migrantes en un bus que cubría la ruta Maicao (La Guajira) - Guayaquil (Ecuador). El automotor se accidentó en el puente La Magdalena en Ipiales (Nariño), antes de cruzar zona de frontera. En el siniestro 24 extranjeros resultaron heridos.
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Otro caso fue en septiembre de 2021, cuando cuatro ciudadanos venezolanos, integrantes de una misman familia, fueron retenidos en el aeropuerto de Cartagena por portar prórrogas falsas en los pasaportes. El procedimiento se cumplió previo a que abordaran un avión que tenía como destino Ciudad de México.
Igualmente en agosto de 2021, una joven venezolana habría salido por el aeropuerto de Cartagena con una prórroga falsa en su pasaporte que le fue suministrada por la red criminal. Al llegar a México, las autoridades detectaron la ilegalidad y deportaron la mujer a Colombia. Días después fue expulsada de territorio nacional.
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