Una masacre atribuida a las disidencias de las Farc generó zozobra entre los habitantes del Nordeste antioqueño durante este fin de semana. El crimen ocurrió en inmediaciones de la vereda Las Camelias del municipio de Remedios.

Desde el mediodía del pasado sábado 6 de junio se hicieron públicas diversas imágenes en las que se apreciaban viviendas incineradas, así como grafitis dejados en pipetas de gas con las siglas de las Farc.

Las primeras hipótesis de las autoridades apuntaron a que esa acción intimidatoria estaba dirigida a los habitantes de una finca de ese sector.

Poco tiempo después, aparecieron más testimonios que daban cuenta de que al lugar habían llegado personas vestidas con camuflados y fuertemente armadas, al parecer identificadas como integrantes del Frente 4.

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Además de esos daños materiales, se conoció que cuatro habitantes de esa finca habían sido retenidos ilegalmente por esos actores armados. Algunas organizaciones de derechos humanos y autoridades hicieron un llamado a que se respetara la vida de los civiles.

Un día después, la situación escaló, luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo de los restos mortales de tres de los cuatro desaparecidos. Los informes iniciales daban cuenta de que se trataba de dos trabajadores de la finca incinerada, cuyas identidades todavía no se han confirmado, y una mujer identificada como Rocío Silva, a su vez cónyuge de un adulto de 62 años que se mantenía reportado como desaparecido.

Transcurridas 24 horas del primer reporte de desaparición, el comandante encargado del Departamento de Policía Antioquia, coronel Ferley Puerto, señaló que varios organismos de seguridad estaban desplegados al máximo de sus capacidades.

“Fueron desplegadas capacidades especializadas de Gaula, inteligencia e investigación criminal para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. La Policía Nacional rechaza de manera categórica cualquier actuación que atente contra la vida, la libertad y la integridad de los ciudadanos”, expresó el alto oficial.

Pocas horas después, se conoció una fotografía, al parecer distribuida por las disidencias de las Farc para sembrar zozobra en la población civil, en la que las cuatro personas, aún con vida, aparecían retenidas y con sus manos atadas, junto a un hombre fuertemente armado y portando un brazalete distintivo de las disidencias de las Farc.

Durante la jornada del pasado lunes 8 de junio, a poco de cumplirse tres días de la desaparición, se confirmó el hallazgo sin vida de la cuarta persona, identificada como Efraín de Jesús Botero.

De acuerdo con la información de las autoridades, se presume que esa acción terrorista habría sido perpetrada por el Frente 4 de las disidencias de las Farc, estructura al mando de un lugarteniente de alias Calarcá.

“El responsable de la incineración de viviendas en dos fincas, así como del asesinato de tres personas y el secuestro de otra, es alias Jhon Fiera, cabecilla del Frente 4 de las Farc, estructura que hace parte de la facción del narcoterrorista Calarcá”, denunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien tras confirmarse el hallazgo de la cuarta persona asesinada ofreció una recompensa por ese cabecilla.

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“Por alias Jhon Fiera, cabecilla del Frente 4 de las farc, hasta $300 millones. Este sujeto sería el determinador de los homicidios y actúa bajo el mando de Calarcá”, agregó el mandatario seccional.

Igualmente, la Gobernación anunció una recompensa de $100 millones por información que conduzca a la captura del hombre armado que aparecía en las fotografías, que según la Fuerza Pública se trataría de alias Johan Veneco.

Según las autoridades, el cabecilla del frente 4 de las disidencias, alias Jhon Fiera, aparece identificado como Luis Antonio Montoya Muriel y tendría más de 19 años de trayectoria en el mundo guerrillero.

Dicha estructura a su vez hace parte del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), la facción de las disidencias liderada por alias Calarcá que participa de diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

En 2023, esta misma agrupación es responsabilizada por el Ejército de desplazar a más de 260 campesinos en el departamento de Bolívar, así como de múltiples operaciones subversivas.

Recientemente han salido a luz versiones de que esta estructura estaría embarcada en una ofensiva en contra del Clan del Golfo, buscando ganar mayor poder territorial en el Nordeste antioqueño.

Esta subregión es una zona disputada por diferentes grupos ilegales por representar para ellos rentas derivadas de la minería ilegal, tráfico de drogas y extorsiones a comerciantes.

Se presume que para esa ofensiva, el Frente 4 no solamente estaría reforzando su armamento, sino que se habría equipado con drones y explosivos para atacar tanto a la Fuerza Pública como a sus adversarios.

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