Más de cuatro años después de que el campesino Michelsen Vargas Velasco muriera tras un impacto en la cabeza en medio de una protesta contra una filial de Ecopetrol, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el patrullero José Daniel Páez Castro, del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), por presuntamente haber accionado su arma de dotación contra los manifestantes.

El organismo de control calificó de manera provisional la presunta falta como gravísima y a título de dolo; es decir, considera que el uniformado habría actuado con intención y no por un simple descuido. Esa es la calificación más grave que contempla el régimen disciplinario y, de confirmarse, abre la puerta a una destitución.

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Con el proceso, la Procuraduría provincial de instrucción de Bucaramanga busca establecer si Páez Castro vulneró los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que regulan el uso legítimo de la fuerza. En esta etapa, la carga de probar esa responsabilidad recae sobre el propio Ministerio Público.

Los hechos se remontan a noviembre de 2021, cuando los campesinos del corregimiento La Hermosura llevaban cerca de 50 días bloqueando la vía que conduce a la estación Santa Rosa, de la empresa Cenit, filial de Ecopetrol encargada del transporte de hidrocarburos. La comunidad protestaba por presuntos incumplimientos de acuerdos por parte de la compañía con la población de la región.

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El 13 de noviembre, el Esmad llegó a despejar el bloqueo y se produjo un enfrentamiento. Vargas Velasco, de 31 años, recibió el impacto de un proyectil de un arma lanzagases en la cabeza y murió varios días después en un hospital de Tunja, tras permanecer en cuidados intensivos.

A partir de ahí, las versiones se separan. La comunidad denunció que el escuadrón atacó de forma indiscriminada mientras los manifestantes protegían a niños y adultos mayores, mientras que la Policía sostuvo que los uniformados intervinieron frente a un grupo de personas que bloqueaba el ingreso a la estación de bombeo, y aseguró que algunos manifestantes estaban armados con machetes.

El episodio quedó documentado. Videos divulgados tanto por la comunidad como por las propias autoridades registraron el momento en que Vargas cayó al piso por el disparo y, después, cómo los uniformados se lo llevaron casi a rastras. Por estos hechos, las autoridades abrieron investigación contra 25 policías de Santander.

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Páez Castro estaba adscrito a la tercera sección del Esmad N.° 13, con sede en Bucaramanga, según consignó la Procuraduría en su momento. Ese escuadrón ya no existe con ese nombre: en 2023, durante el Gobierno de Gustavo Petro, el Esmad pasó a llamarse Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), una transformación que organizaciones de derechos humanos calificaron de cosmética porque no desmontó la antigua estructura.

El caso de Bolívar tampoco es aislado. En los últimos años la Procuraduría ha sancionado a varios integrantes del antiguo Esmad por muertes y lesiones ocurridas durante las protestas de 2021; apenas en mayo de 2026 destituyó e inhabilitó a dos patrulleros por la muerte de un joven en Bogotá.

Con el pliego de cargos, el proceso disciplinario contra Páez Castro avanza hacia la etapa de juzgamiento, en la que el patrullero podrá allanarse a la acusación o defenderse y tratar de probar que actuó dentro de la ley.

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