Tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia en febrero de 2019, en medio del impasse relacionado con la ayuda humanitaria que algunos sectores políticos venezolanos intentaron ingresar a ese país desde Cúcuta, y en medio del cierre de fronteras que rige entre ambos países por la pandemia de la COVID-19, millones de colombianos que residen a lo largo y ancho del territorio venezolano, deben cruzar las trochas para tramitar sus documentos.
Julio Peñaloza, hijo de colombianos, nacido en Venezuela y residente en Maracay (Aragua), cumplió 18 años recientemente y para poder diligenciar su cédula de identidad debe recorrer 725 kilómetros y cruzar a Colombia a través de los pasos ilegales, pues los puentes se encuentran cerrados a consecuencia de la pandemia y en Venezuela ya no funciona ninguna de las sedes consulares que históricamente se encontraban en el país.
Una vez que cruzan las trochas, los colombianos residentes en Venezuela pueden diligenciar sus documentos en las registradurías y demás oficinas en las que lo hacen sus pares residenciados en Colombia, o en el Punto de Atención Fronteriza habilitado para ello junto al Puente Internacional Simón Bolívar.
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Vulnerados y desasistidos
Jesús Alberto Berro, profesor de derecho de la Universidad Católica del Táchira, explica que, según el derecho internacional, las representaciones consulares les significan a los ciudadanos de cada país “derechos en todo lo que tenga que ver con la protección, el amparo y el trámite que requieran sus nacionales en los Estados receptores”.
Agregó que el hecho de que se vean limitados en esa representación consular, directamente les desfavorece, pues se encuentran desasistidos y desamparados con respecto a la protección de sus respectivos países.
En su portal web, el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que “con el propósito de brindar atención y acompañamiento a la población colombiana en Venezuela, abrió el Punto de Atención Consular en Norte de Santander, Puente Internacional Simón Bolívar”, donde los colombianos pueden reclamar documentos de identidad (Cédula, Tarjetas de Identidad y pasaportes), solicitados en los consulados que operaban en Caracas, Valencia, San Cristóbal, San Antonio del Táchira, Puerto la Cruz y Mérida.
Asimismo, agrega que este Punto de Atención presta sus servicios exclusivamente a los colombianos que residen en Venezuela y que, debido al cierre de los consulados en dicho país, no pueden hacer sus trámites. Y aunque pese a la pandemia, este punto consular sigue brindando atención, si el usuario reside en Venezuela, aún necesita cruzar las trochas para acceder a sus servicios.
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Al momento del cierre en 2019, sólo el Consulado principal de San Cristóbal venía tramitando mensualmente la entrega de unos 800 pasaportes, 600 cédulas de ciudadanía, 640 registros civiles de nacimiento, 280 visas; además de documentos tales como cartas rogatorias.
Adicionalmente brindaban asistencia consular a cerca de 200 privados de libertad repartidos entre los consulados de San Antonio y San Cristóbal.
Raiza Ramírez, representante del Observatorio de Prisiones en Táchira, detalla que antes de la ruptura de relaciones diplomáticas, los funcionarios de los consulados de Colombia en las distintas ciudades de Venezuela podían entrar a los centros de detención para brindar asistencia a sus connacionales.
“Desde que se produjo la ruptura, estas personas colombianas no han podido tener acceso a sus diplomáticos”, enfatiza Ramírez, al tiempo de explicar que ello ha traído como consecuencia que durante la pandemia estos privados, que en su mayoría no tienen familiares en el país, han perdido además la protección consular que se les brindaba desde el punto de vista social “y se les está violando el derecho constitucional de contar con la notificación consular a los agregados de su país en el territorio venezolano, por cuanto no están en Venezuela”, apuntó.
Recordó que debido a las condiciones de reclusión que imperan en Venezuela, la población carcelaria ha perdido cerca de 50 kilogramos de peso durante el último año, y están expuestos a un sinnúmero de enfermedades como paludismo, tuberculosis, además de una absoluta falta de información sobre la presencia de COVID-19, situaciones que según Ramírez, en el caso de los reclusos de origen colombiano podrían allanarse mediante la intercesión consular.
