En el local donde trabaja Neisa Palma primero vendían ropa y calzado, pero al ver que eso ya no dejaba las ganancias esperadas, decidieron cambiar y ahora ofrecen productos colombianos, que hoy están en auge, no solo en las poblaciones fronterizas, por el lado venezolano, sino también mucho más allá, como en San Cristóbal, capital del estado Táchira.

Según esta mujer, la iniciativa de ampliar la oferta comercial surgió por la crisis porque “desde el 2015 los productos venezolanos casi no se consiguen, por eso comenzamos a ofrecer mercancía colombiana para ampliar el negocio y ahora, aunque la oferta venezolana ha mejorado, la gente se habituó al producto colombiano”.

Los productos preferidos por los compradores venezolanos son leche líquida, harina de trigo, arroz, papel higiénico, detergentes, perfumería y medicamentos, según se pudo establecer en diferentes puntos de la frontera.

Esta situación demuestra que el contrabando cambió de dirección. Hasta hace un poco más de cinco años a Cúcuta y el área metropolitana llegaba gran cantidad de mercancía venezolana, por los bajos precios, pero ante la crisis económica que se vive en el vecino país ese mercado se acabó y ahora las grandes mafias se mueven de Colombia hacia Venezuela.

¿Pero cómo hacen para que las mercancías lleguen desde Cúcuta hasta las poblaciones venezolanas, a pesar del control en los puentes binacionales y que la frontera esté cerrada? Palma -coincidiendo con las autoridades colombianas- aseguró que todo se da a través de una red de distribución que comienza en las trochas y pasa por mayoristas y distribuidores hasta llegar a los establecimientos que, como el de ella, los ofrecen al público de manera detallada.

Esa red de distribución arranca con la adquisición de los productos colombianos en La Parada, en Villa del Rosario; corregimiento Aguaclara, área rural de Cúcuta; en la zona céntrica de la capital nortesantandereana, o en Puerto Santander.

Por estas poblaciones se puede ver una gran oferta de mercancía colombiana, a muy buenos precios, como lo pudo comprobar un equipo periodístico de La Opinión que recorrió algunas de estas zonas. En Aguaclara, por ejemplo, se observó que constantemente llegan camiones, tractomulas y camionetas cargadas de esos productos, llenando las estanterías de la veintena de negocios que se formaron desde hace más de un año.

Un habitante de este punto de la zona rural de Cúcuta también aseguró que en las madrugadas se escucha el movimiento de muchos camiones que van hacia las trochas de la frontera, donde descargan los productos que luego son vendidos al por mayor en los establecimientos del lado venezolano.

Pero en La Parada o en Puerto Santander también hay un gran surtido. Los precios son un poco más bajos que en los supermercados de Cúcuta y eso ha llevado a que el flujo de venezolanos por las trochas sea constante y sin importar el riesgo que corran o el dinero que tengan qué pagar.

Saúl Moncada, encargado de un local de venta al mayor y detal de estos productos colombianos, cree que lo que más motiva a los compradores en Venezuela son los precios. Y es que, según explicó Moncada, a pesar del pago por las trochas y las ‘alcabalas’ ilegales de la frontera, esos costos son menores que lo cobrado por un transportista de ese país para movilizar las mercancías desde Caracas o Valencia hacia el Táchira.“Al ser una distancia corta, la cantidad de pagos disminuye y resulta más económico, entonces un producto colombiano traído de Cúcuta vale menos que uno venezolano, que viene desde el centro del país. Aunque para nadie es un secreto que muchos productos venezolanos son de mejor calidad, la gente prefiere los colombianos por su menor precio”, explicó.

Cobros ilegales 

La gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, recientemente denunció que en los pasos irregulares de la frontera hay funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y de la Policía Nacional Bolivariana que cobran por dejar pasar esas mercancías que terminan en las estanterías de los locales venezolanos. 

La mandataria le solicitó a Freddy Bernal, diputado a la Asamblea Nacional, que esos recursos sean invertidos en la salud de los tachirenses.

Pero, al parecer, esos cobros serían ilegales porque las aduanas que funcionan al pie de los puentes internacionales Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar, Tienditas y La Unión, que unen al Táchira con Norte de Santander, están cerradas desde el 2015.

Además, esos requerimientos de dinero no solo lo estarían haciendo algunas autoridades venezolanas, sino también los grupos armados ilegales que ‘vacunan’ a los migrantes, a quienes llevan pequeños mercados y a los grandes contrabandistas.

En los últimos seis años “lo que hay en las trochas es una especie de ‘aduana’ paralela, donde de algún modo se legaliza la mercancía”, explicó el economista Aldo Contreras, quien agregó que en el caso de los alimentos, los productos son ingresados a Sunagro y a las guías del SADA (Sistema de control agroalimentario de Venezuela), documentación que permite el traslado de mercancías dentro del territorio venezolano.

Ante la grave crisis económica que enfrenta Venezuela, acentuada por las restricciones impuestas para controlar la pandemia por la COVID-19, la informalidad se ha convertido en una forma de subsistencia y en esta zona de frontera el ciento por ciento de las operaciones vinculadas a este comercio ilegal se transan en pesos colombianos o en dólares.

“Ha desaparecido completamente el uso del bolívar en la economía informal, solo se habla del peso colombiano y en el caso de la formal, los bolívares se transan casi exclusivamente de manera virtual, mediante el uso de tarjetas bancarias en puntos de venta”, explicó Contreras.

Y para comprobar esto, otro equipo periodístico de La Opinión hizo un recorrido por sectores estratégicos de la capital tachirense, donde se contabilizaron 45 establecimientos informales, esto en apenas dos cuadras de la concurrida avenida Carabobo, y 17 ventas callejeras por más de 100 metros de una calle en la popular zona de La Concordia. 

En un rápido vistazo se observa que de diez productos ofertados en estos negocios, siete son de origen colombiano.

Pero este auge también está siendo aprovechado por redes de falsificadores, que sin importarles el peligro en el que pongan a las personas al consumir productos o medicinas adulteradas o vencidas, venden cualquier clase de mercancía, lo único que buscan es hacer dinero. 

El aumento de negocios y compradores

El auge en la venta de mercancía colombiana originó la apertura de un número considerable de establecimientos, como lo cuenta Arcelia Barón, quien vive en el barrio El Río, en San Cristóbal. “Acá había solo dos abastos pequeños de toda la vida y ahora se cuentan hasta 10 bodegas y pequeños negocios donde venden productos colombianos”.

La llegada de la pandemia y las restricciones de tránsito por la frontera, redujeron de forma significativa la cantidad de venezolanos que viajaban hacia Villa del Rosario y Cúcuta para abastecerse de alimentos y medicinas. Según cifras de Migración Colombia, en 2019, se llegó a estimar que diariamente pasaban hacia esta parte del territorio nacional cerca de 50 mil personas.

Ante esto, muchos comerciantes coinciden en señalar que quienes ahora no pueden cruzar por los pasos fronterizos, prefieren comprar en esos establecimientos venezolanos, incrementando el volumen de compradores de productos colombianos que se ofrecen en San Cristóbal y otras poblaciones del Táchira.